El pasado 29 de septiembre, el Tribunal Supremo dictó una sentencia histórica que debería hacer tambalear los cimientos de la Agencia Tributaria. Con una contundencia poco habitual, la Sala Tercera tuvo que recordar a Hacienda algo que debería estar grabado en piedra: bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia es lícito que la Administración dicte un tercer -y aún menos otros posteriores- acto administrativo, aunque el segundo sufra cualquier vicio.
Los principios de buena administración y buena fe se oponen de manera absoluta a conceder a la Administración una oportunidad indefinida de repetir actos hasta que finalmente acierte, en perjuicio de los ciudadanos. Que el máximo tribunal tenga que pronunciarse sobre algo tan elemental revela la magnitud del descontrol al que hemos llegado.
El Tribunal va más allá. Con una lucidez demoledora, denuncia la situación kafkiana a la que se ven sometidos los contribuyentes: se les obliga no solo a informar sobre el hecho imponible, sino también a determinar e ingresar la deuda tributaria, calificar hechos y negocios jurídicos, e interpretar leyes fiscales a menudo cambiantes y, con una frecuencia indeseable, imprecisas o confusas. Un paso en falso en estas arenas movedizas y serás sancionado, muchas veces por la mera discrepancia de opinión con la Administración.
Un sistema perverso: números que avergüenzan
Las estadísticas son devastadoras y revelan un sistema profundamente disfuncional. Según el Instituto de Estudios Económicos, más del 60% de las liquidaciones impugnadas dan la razón a los contribuyentes. En el año 2023 se presentaron 239.177 reclamaciones, un 32% más que en 2019, y actualmente hay más de 250.000 en trámite. Entre 2014 y 2023, estos errores han costado 1.005 millones en pleitos perdidos y más de 250 millones anuales en intereses. La deuda pendiente asciende a 48.797 millones, con 11.000 millones bloqueados en litigios. Hacienda se equivoca más veces de las que acierta, pero sigue adelante porque el sistema lo permite y le es rentable.
El sistema de incentivos presenta una lógica perversa. Los inspectores cobran bonus de entre 18.700 y 32.000 euros anuales por cantidad, no por calidad. Aunque después pierdan en los tribunales, cobran igual. La presión recaudatoria genera actuaciones masivas sin el análisis jurídico necesario. La Administración sabe que su criterio es cuestionable, pero le sale a cuenta: la mayoría paga y se olvida. Basta con recaudar ahora y devolver, si acaso, dentro de cuatro o cinco años. Solo un 17% de los afectados llega a los tribunales; el resto se rinde antes de empezar. Es, en la práctica, financiación ilegal encubierta.
La AEAT adopta cada día actos administrativos ilegales. Víctimas diarias que no serán resarcidas del coste de defenderse, ni del estrés, ni del impacto personal y familiar
La AEAT adopta cada día actos administrativos ilegales. Víctimas diarias que no serán resarcidas del coste de defenderse, ni del estrés, ni del impacto personal y familiar. La paradoja es demoledora: son los mismos técnicos de Hacienda quienes destapan la verdad. Gestha denuncia que se incumple sistemáticamente la ley antifraude. Las denuncias por delitos fiscales se han hundido un 85% porque se persigue menos. Los grandes defraudadores operan con una impunidad creciente mientras los recursos se concentran en actuaciones masivas contra contribuyentes medios. La estrategia es clara: muchas liquidaciones pequeñas que no se recurrirán, en lugar de pocas investigaciones complejas que podrían perderse en los tribunales. La maquinaria no persigue el fraude sofisticado de las grandes fortunas. Está calibrada para aplastar al pequeño, al vulnerable, al que no se puede defender.
Defender tus derechos es un lujo
Para la mayoría de ciudadanos, litigar con Hacienda es un lujo inalcanzable. El sistema está diseñado para desincentivar el recurso. Entre la vía administrativa y la contenciosa, es muy fácil que los procedimientos duren más de cuatro años. Los tribunales económico-administrativos pueden tardar hasta tres años en primera instancia. Y mientras tanto, la liquidación es ejecutiva: hay que pagar o garantizar el importe, cosa que puede ahogar económicamente al contribuyente. Es el coste de defender tus derechos.
Los tribunales económico-administrativos pueden tardar hasta tres años en primera instancia. Y mientras tanto, la liquidación es ejecutiva: es el coste de defender tus derechos
Incluso cuando Hacienda pierde en los tribunales y tiene que devolver lo que había cobrado indebidamente con los correspondientes intereses, acaba ganando. En una sentencia del 12 de enero de 2023, el Tribunal Supremo consideró que estos intereses están sujetos al IRPF como renta general, por lo que se puede llegar a pagar hasta el cincuenta por ciento. El resultado: por vía de impuestos (IRPF e IVA), Hacienda acaba recuperando la mayor parte de los intereses indemnizatorios que se había visto obligada a pagar. El contribuyente recupera aquello que no le deberían haber quitado, pero, entre honorarios profesionales e impuestos pagados, poco o nada le quedará de aquellos intereses. Y por eso Hacienda gana aunque pierda: recauda ahora, devuelve con suerte dentro de unos años, y se financia con el dinero de quienes no se atreven a reclamar.
El magistrado del Tribunal Supremo Francisco José Navarro Sanchís se opuso a aquella sentencia, señalando en un voto particular que este criterio puede estimular a las administraciones a actuar de una manera irresponsable y contraria a la ley, sabiendo que una parte de los intereses de demora que la ley les obliga a devolver a su legítimo propietario serán gravados como si este se hubiera enriquecido al percibirlos.
Es hora de cambiar el sistema
Las sentencias recientes del Tribunal Supremo, los datos estremecedores de litigiosidad, las denuncias internacionales y la creación de la primera asociación de contribuyentes en España no son hechos aislados. Son síntomas de un sistema que ha perdido el equilibrio entre potestades y garantías.
La litigiosidad tributaria en España no es solo un problema técnico, sino también ético. Porque cuando el sistema no protege a quien actúa de buena fe y lo empuja a litigar por pura supervivencia, algo está profundamente mal. En un sistema basado en la autoliquidación, donde el contribuyente carga con la mayor parte de la responsabilidad, lo lógico sería que la AEAT desarrollara un papel de asistencia, no de vigilancia inquisitiva. Pero no es así. Y esto destruye la confianza y desincentiva el cumplimiento voluntario.
Los datos espeluznantes de litigiosidad, las denuncias internacionales y la creación de la primera asociación de contribuyentes en España no son hechos aislados. Son síntomas de un sistema que ha perdido el equilibrio entre potestades y garantías
Porque cuando los jueces tienen que recordar a la Administración tributaria que no puede equivocarse indefinidamente, cuando los abogados cierran filas contra sanciones automáticas, cuando se generan cuatrocientos actos ilegales al día, cuando los contribuyentes pierden el miedo porque ya no tienen nada que perder, algo está profundamente roto en el sistema. Y lo que está roto no es el contribuyente, es Hacienda.