El enfrentamiento fiscal entre Catalunya y Madrid se ha enquistado en el debate público español como una herida abierta que nadie parece capaz de cerrar. Cada nueva noticia sobre impuestos, cada declaración política, cada dato de recaudación reabre la disputa con renovada intensidad.
Detrás de este fragor verbal se esconde una realidad incómoda: las simplificaciones interesadas han convertido el campo de batalla en una guerra donde cada bando empuña las cifras que convienen a su relato. Es necesario, pues, desmontar mitos y examinar las ventajas idiosincrásicas.
Desigualdad de condiciones
Cualquier comparación fiscal entre comunidades autónomas debe partir de un reconocimiento fundamental: Madrid goza de un “efecto reclamo” derivado exclusivamente de su condición de capital. Esta singularidad tiene consecuencias económicas medibles. El PIB madrileño no refleja solo el resultado de las políticas autonómicas, sino también el magnetismo inherente a una capitalidad que concentra instituciones, sedes corporativas y centros de decisión.
Las transferencias que Madrid recibe del Estado son suficientes para financiar su gasto público sin necesidad de crear tributos propios. Esta holgura presupuestaria le permite desplegar una estrategia que otras comunidades difícilmente pueden replicar: utilizar los tributos estatales cedidos como herramienta de atracción de riqueza, rebajando su carga fiscal sin comprometer la provisión de servicios públicos.
La medida fiscal más costosa para las arcas madrileñas ha sido la rebaja del primer tramo del IRPF, que afecta principalmente a rentas medias y medias-bajas
Es innegable que Madrid ha eliminado prácticamente los impuestos de sucesiones y patrimonio, lo que ha atraído a contribuyentes de ingresos elevados de otras comunidades. Sin embargo, la medida fiscal más costosa para las arcas madrileñas ha sido la rebaja del primer tramo del IRPF, que afecta principalmente a rentas medias y medias-bajas.
Cabe decir que, cuando una comunidad reduce sus impuestos, su contribución a los fondos de solidaridad no disminuye. El sistema calcula estas aportaciones en función de la “recaudación normativa” y no de la recaudación efectiva. Las rebajas fiscales de Madrid no reducen su contribución teórica al sistema de solidaridad interterritorial.
Cálculos complejos
Con todo, el año pasado, la Agencia Tributaria recaudó en Madrid 120.575 millones de euros, con entregas a cuenta de 17.232 millones. En Catalunya, en este mismo periodo, la recaudación alcanzó los 53.543 millones, con entregas de 23.255 millones. Ni Madrid aporta 100.000 millones en solidaridad ni Catalunya 30.000.
Estas cifras alimentan la percepción de que Catalunya podría disponer de sustanciales recursos adicionales con una hacienda propia. Pero el error conceptual está en suponer que Catalunya podría quedarse con la diferencia entre lo que se recauda y lo que recibe. Una hacienda propia catalana no sumaría automáticamente estos miles de millones al presupuesto. Al desaparecer las transferencias estatales actuales, Catalunya tendría que financiar directamente su parte de los costes compartidos: servicios comunes, intereses de la deuda y su cuota de los 40.000 millones anuales del déficit del sistema de pensiones.
Aplicando correctamente la metodología del cupo vasco, la Generalitat accedería a unos 7.788 millones de financiación adicional antes de aplicar cualquier cuota de solidaridad
Los economistas Fernández-Villaverde y De la Torre calculan en La factura del cupón catalán que, aplicando correctamente la metodología del cupo vasco, la Generalitat accedería a unos 7.788 millones de financiación adicional antes de aplicar cualquier cuota de solidaridad. Esta cifra dista mucho de los 30.000 millones que circulan en el debate público.
Para llegar a esta estimación hay que aplicar descuentos fundamentales: la contribución a los costes generales del Estado (unos 5.000 millones anuales) y, de manera crucial, cualquier acuerdo de cupo catalán impondría que las comunidades beneficiarias de la solidaridad catalana realizaran el mismo “esfuerzo fiscal”. Catalunya pasaría a condicionar la política fiscal del resto de España.
El gasto: el elefante en la habitación
La diferencia entre Madrid y Catalunya también se manifiesta en la ejecución de la inversión estatal. Según la IGAE, durante el primer semestre de 2024 el Estado ejecutó en Madrid 694 millones de euros (el 57,5% de lo presupuestado), mientras que en Catalunya solo ejecutó 456 millones (el 20%). En 2021, la ejecución estatal en Catalunya fue del 35%, frente al 180% de Madrid. Estos datos no son anecdóticos: reflejan un patrón persistente de subejecución que tiene consecuencias reales en infraestructuras, transporte y servicios básicos, y alimenta una sensación creciente de agravio territorial.
El debate fiscal, sin embargo, se centra obsesivamente en los ingresos y olvida que la sostenibilidad depende del equilibrio entre ingresos y gastos. La Generalitat ha optado por un modelo expansivo: el presupuesto para 2024 asciende a 43.673 millones de euros, un 6,3% más que el año anterior, y la plantilla ha crecido en 7.309 empleados hasta alcanzar los 290.196 trabajadores públicos. Desde 2003, el gasto autonómico por habitante en Catalunya ha aumentado un 49%, muy por encima del 32% de media del resto de comunidades.
Estas cifras revelan un círculo vicioso: la expansión del gasto corriente presiona las finanzas de la Generalitat, mientras que la baja ejecución de la inversión estatal alimenta el discurso del agravio. Dos administraciones, dos ineficiencias diferentes que se retroalimentan. Ningún ajuste del sistema de financiación puede resolverlo por sí solo sin reformas estructurales a ambos niveles de gobierno.
Seamos honestos
Madrid se puede permitir impuestos más bajos no solo por su capitalidad, sino también por una estructura de gasto más contenida. Catalunya tiene una presión fiscal más elevada no solo por las insuficiencias del modelo de financiación, sino también porque sus decisiones han creado compromisos presupuestarios difíciles de sostener. La cuestión de fondo no es quién tiene razón, sino cómo diseñar un sistema de financiación que equilibre equidad entre territorios, eficiencia en la asignación de recursos y autonomía fiscal dentro de un marco común de cohesión.
La respuesta no está en descalificar las ventajas de Madrid ni en negar los agravios de Catalunya, sino en afrontar la realidad con honestidad. Las cifras no mienten cuando se leen enteras: Madrid disfruta de ventajas estructurales innegables, pero también gestiona con más contención; Catalunya sufre una subejecución inversora persistente, pero también ha expandido el gasto sin freno. Entre estas dos verdades incómodas se debe articular la solución. Porque, al fin y al cabo, lo que está en juego no son solo transferencias presupuestarias o porcentajes de recaudación. Es la capacidad de garantizar servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos, la posibilidad de hacer compatible la prosperidad económica con la cohesión territorial, la voluntad de construir un sistema que no obligue a nadie a elegir entre eficiencia y equidad, entre competitividad y convivencia.