Hace pocos días se ha sabido que la sede de la editorial Planeta en la parte alta de la Diagonal de Barcelona ha cambiado de manos y ha pasado a ser propiedad de la patrimonial Pontegadea Inversiones, que es el vehículo inversor del empresario textil Amancio Ortega. El edificio pertenecía al fondo Blackstone desde 2018, cuando los propietarios del imperio editorial lo pusieron a la venta. En aquella ocasión, la familia Lara percibió unos 210 millones de euros, que sirvieron para ayudar a tapar el agujero que la inversión en el Banco Sabadell les había dejado en las cuentas.
Recordemos que en 2006, en vísperas de la gran crisis financiera, un grupo selecto de fortunas catalanas invirtieron una gran cantidad de dinero en el capital del banco vallesano, aprovechando la salida de "la Caixa" del accionariado. Entre aquellos inversores estaban José Manuel Lara (Planeta), Isak Andic (Mango), Joaquim Folch-Rusiñol (Industrias Titán) o el valenciano Héctor Colonques (Porcelanosa), que pagaron unos 1.300 millones de euros para conseguir un paquete relevante del banco, alrededor del 12,5% de todo el capital. Diez años después, aquel paquete solo valía 220 millones. Unas complicaciones patrimoniales que desembocaron en que los Lara optaran por vender el edificio de Planeta y quedarse en régimen de alquiler con el nuevo propietario.
En la compraventa que se acaba de hacer, parece que el precio se ha cerrado en unos 250 millones de euros. No es ningún secreto que a Pontegadea ya hace tiempo que le cuesta encontrar activos en zonas prime de las principales ciudades del mundo porque sus posiciones son tantas, que casi ha saturado el mercado potencial. Y es que esta patrimonial, uno de los family offices más importantes del mundo, tiene activos inmobiliarios en todo el mundo por un valor estimado de 20.000 millones de euros. En España, aparte del edificio que acaba de adquirir, la sociedad patrimonial de Ortega es propietaria de activos emblemáticos, como la Torre Picasso y la Torre Cepsa, ambas en Madrid.
Algunos medios han enmarcado esta venta en un eventual abandono acelerado que Blackstone estaría haciendo de sus posesiones en la capital catalana, en un movimiento motivado, se dice, por las complicaciones que la legislación vigente causa a todos aquellos que quieren rentabilizar su patrimonio inmobiliario a través del régimen de alquiler. Más allá de la valoración que se pueda hacer de las normativas que afectan al alquiler y que han ido entrando en vigor en los últimos tiempos, lo que sí es seguro es que los cambios de reglas del juego transmiten cierto sentido de inseguridad jurídica, una de las situaciones que más asusta a los inversores.
La entrada en tromba de Blackstone en el mercado inmobiliario español se produjo a partir de 2013, aprovechando la crisis del sector iniciada cinco años antes. La primera gran operación levantó mucho polvo, porque tuvo unas connivencias políticas que llamaron mucho la atención: la alcaldesa de la ciudad de Madrid, Ana Botella, les vendió un paquete de casi 2.000 pisos sociales a un precio muy por debajo del mercado. El caso se judicializó con consecuencias diversas. En 2018, la cartera de viviendas residenciales de Blackstone ya contaba con más de 30.000 unidades, con lo que pasó a ser el primer propietario del Estado, superando a Caixabank, que acumulaba 28.000.
En 2018, la cartera de viviendas residenciales de Blackstone ya contaba con más de 30.000 unidades, con lo que pasó a ser el primer propietario del Estado, superando a Caixabank, que acumulaba 28.000
Pero en estas tierras Blackstone no solo ha invertido en el mercado inmobiliario, porque en 2018 llegaron al acuerdo para quedarse la histórica multinacional del juego Cirsa, fundada a finales de los setenta por la familia Lao. En su momento se publicó que el importe de la transacción se elevó hasta los 2.000 millones de euros, la mitad de los cuales correspondientes a la deuda que tenía la empresa en el balance.
A pesar de ser un fondo de los más conocidos del mundo, la discreción de Blackstone en el Estado es máxima. Las operaciones inmobiliarias tradicionalmente las ha hecho a través del fondo Anticipa Real Estate, que tiene su sede en un polígono industrial de El Prat de Llobregat. Adicionalmente, utilizan un fondo llamado Aliseda para gestionar todo el suelo edificable que heredaron de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, también conocida como “banco malo”). El principal responsable de la rama inmobiliaria del fondo en España es el catalán Eduardo Mendiluce Fradera procedente de CatalunyaCaixa y que fue fichado cuando Blackstone acordó la compra del negocio inmobiliario que él mismo gestionaba en la caja catalana. Es la verdadera cara visible del negocio inmobiliario del fondo.
Por encima de Mendiluce está Claudio Boada Pallarés, que ocupa el cargo de senior advisor de Blackstone para España. A algunos lectores su apellido les resultará familiar, y es que este ejecutivo es hijo de Claudio Boada Villalonga (1920-2006), un ingeniero catalán que ocupó puestos clave durante el franquismo. Fue presidente de un montón de compañías, entre ellas Enasa (Empresa Nacional de Autocamiones, fabricante de la marca Pegaso), Ford España, Altos Hornos de Vizcaya, del Instituto Nacional de Hidrocarburos, del INI (Instituto Nacional de Industria) o Banco de Madrid (fundado por el también catalán Jaume Castell Lastortras). En cuanto al hijo, el de Blackstone, destaca su paso por la firma de banca de inversión Lehman Brothers, una entidad que abandonó en 2004, poco antes del estallido de la crisis inmobiliaria que dinamitó este banco.
En el ámbito mundial y a fecha actual, Black Stone gestiona 1,2 billones de dólares en activos, en una cartera que incluye tanto activos inmobiliarios como toda clase de compañías.