La Comisión Europea ha presentado este viernes la reforma del Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión (ETS), que obliga a algunas de las industrias más contaminantes a pagar por sus emisiones de dióxido de carbono. La reforma presentada por el ejecutivo comunitario plantea que se permita a la industria continuar contaminando más allá de 2039 —la fecha que se había fijado para dejar de emitir derechos de emisión— a cambio de inversiones en descarbonización. En paralelo, Bruselas propone incluir gradualmente los residuos urbanos incinerados en el ETS entre 2031 y 2034, y aplicar la normativa a todos los vuelos de menos de 5.000 kilómetros. Actualmente, las fábricas y las centrales eléctricas pagan unos 80 euros por cada tonelada de CO₂ que emiten.
El ETS se estableció en 2005 y es el primer mercado —y uno de los más grandes— de carbono del mundo, cuyo objetivo es contribuir a reducir las emisiones totales de la UE a la vez que generar ingresos para financiar la transición ecológica. Entre otros, se aplica a sectores como el de la generación de electricidad y calor, la industria manufacturera y la de aviación —que representan el 40% de las emisiones totales de GEI en la UE, según la Comisión Europea—, así como al sector del transporte marítimo.
Desde entonces, ha generado más de 270.000 millones de euros en ingresos, que se han reinvertido en innovación, descarbonización industrial y modernización del sistema energético europeo. Todo ello, mientras se han recortado las emisiones en un 50% en los sectores que cubre.
Sin embargo, la Comisión Europea argumenta que el contexto geopolítico y económico ha cambiado, y la industria europea está sometida a una "presión creciente", motivo por el cual ha planteado una reforma del sistema, que es la principal política de descarbonización de la UE.
El objetivo de Bruselas es cerrar las negociaciones de la reforma antes de que acabe el año
La propuesta presentada por el ejecutivo de Ursula von der Leyen este viernes deberá ser negociada ahora por los estados miembros y el Parlamento Europeo. El objetivo de Bruselas es cerrar las negociaciones de la reforma antes de que acabe el año, pero las conversaciones se prevén complicadas dado que la industria y una mayoría de estados miembros piden más margen.
El estado español, por el contrario, apuesta por "mantener la ambición" del sistema. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Sara Aagesen, pedía en una carta dirigida al ejecutivo que la reforma ofreciera un marco legislativo estable y previsible. Sin embargo, esperaba que los cambios no afectaran negativamente la eficacia del sistema.
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