La industria ha vuelto al centro del debate económico europeo. Después de décadas en que parecía que la competitividad se podía construir principalmente desde los servicios, la digitalización o las finanzas, Europa ha descubierto que necesita una base industrial sólida si quiere mantener su prosperidad, su autonomía estratégica y su modelo social.
La pandemia, las interrupciones de las cadenas globales de suministro, la crisis energética, las tensiones geopolíticas y la creciente competencia de Estados Unidos y China han acelerado este cambio de paradigma. Los informes Draghi y Letta, elaborados en 2024, pusieron negro sobre blanco las debilidades europeas. Básicamente, hablaban de la evidente falta de un mercado (verdaderamente) común, la brecha de productividad respecto a otras economías mundiales y la necesidad de reforzar la soberanía industrial y la descarbonización de la economía.
A pesar del evidente retraso, Bruselas está empezando a actuar. La propuesta de Industrial Accelerator Act, que centra buena parte del debate actual sobre política industrial europea, pretende simplificar procedimientos, acelerar proyectos estratégicos, reforzar las capacidades productivas europeas y avanzar hacia el objetivo de que la industria vuelva a representar el 20% del PIB de la Unión Europea (UE). Parece que, por fin, por convicción propia o por presiones externas, hemos superado la etapa en que nos creíamos aquello de que “la mejor política industrial es la que no existe”, proclamada tanto por académicos y economistas como gobiernos, ministros y consejeros con la responsabilidad de cuidar el tejido industrial. Celebrémoslo.
Es en este contexto que hay que valorar el nuevo Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030, elaborado por la Direcció General d'Indústria del Govern con la participación y la complicidad de un gran abanico de organizaciones de todo tipo y todas ellas relevantes: patronales, sindicatos, universidades, centros tecnológicos, colegios profesionales, clústeres, etc.
Su primera virtud es, precisamente, su existencia. Las políticas industriales requieren una mirada larga. Las inversiones productivas se deciden a diez o quince años vista. Las decisiones sobre energía, infraestructuras, suelo industrial, innovación o formación no pueden cambiar cada cuatro años. Por eso es especialmente relevante que Catalunya disponga de una estrategia compartida entre Govern, sindicatos y organizaciones empresariales, construida a partir de un análisis riguroso de las fortalezas y debilidades de nuestro sistema productivo y con objetivos claros y medibles. En un contexto político cada vez más fragmentado, disponer de un marco estable y consensuado es un activo en sí mismo.
La segunda gran virtud del Pacte es que vuelve a situar la industria en el lugar que le corresponde. A menudo olvidamos que la industria sigue siendo el sector con mayor capacidad para generar prosperidad compartida. El mismo documento recuerda que representa cerca del 20% del PIB catalán y que su impacto supera ampliamente esta cifra si le sumamos los servicios vinculados a la producción. Pero su contribución va mucho más allá de las magnitudes macroeconómicas. Por poner un ejemplo, el ámbito industrial más relevante es la industria agroalimentaria. Resulta evidente que este subsector es un motor de generación de oportunidades para la continuidad y la prosperidad de nuestro sector primario o del pujante sector logístico. También contribuye a la autonomía alimentaria de nuestra población.
Las minas de Súria, por ejemplo, generan más de 3.000 puestos de trabajo y tiran de más de 250 proveedores locales, más de un 4% del empleo total en la comarca del Bages
Por otro lado, la industria genera empleo de mayor calidad. La tasa de temporalidad industrial es del 6,8%, prácticamente la mitad que la media catalana, situada en el 12,2%. Los salarios también son superiores: el coste salarial por hora trabajada es de 29,3 euros, frente a los 26,3 euros del conjunto de la economía. Además, es un sector que contribuye de manera decisiva a la cohesión territorial, porque distribuye actividad económica mucho más allá de las grandes áreas metropolitanas. Las minas de Súria, por poner un ejemplo, generan más de 3.000 puestos de trabajo y tiran de más de 250 proveedores locales, lo que representa más de un 4% del empleo total en la comarca del Bages. Además, indirectamente, sostiene más del 60% del sector de la construcción y el 80% del sector hotelero en la misma comarca.
Es decir: podemos afirmar que, cuando un territorio pierde industria, no solo pierde fábricas y los puestos de trabajo directos que están vinculados a ellas. También pierde capacidad tecnológica, capacidad exportadora, puestos de trabajo cualificados y oportunidades de desarrollo para muchas cadenas de valor y comarcas.
Un Pacte transversal
Una de las características que cabe destacar y celebrar es la apuesta del Pacte por combinar una visión transversal con determinadas prioridades sectoriales. Durante años hemos debatido si la política industrial debía ser neutral o selectiva. La realidad es que ambas aproximaciones son necesarias. Todas las empresas necesitan energía competitiva, infraestructuras adecuadas, suelo industrial a precios razonables, talento, financiación y capacidad innovadora. Pero también existen tecnologías y sectores que, por su relevancia estratégica, merecen una atención específica.
Un ejemplo: en nuestra vida cotidiana, interactuamos con más de 3.000 microchips incorporados en todo tipo de dispositivos (electrónica, vehículos, electrodomésticos, etc.). Más allá de ser un sector industrial en sí mismo, la capacidad de diseñar y/o de fabricar microprocesadores debe ser una prioridad nacional, pues se convierte en una tecnología habilitadora para toda la economía. Las políticas industriales horizontales no son eficaces para sectores emergentes y altamente sofisticados como este y, por lo tanto, es necesario particularizar los instrumentos de política pública.
El Pacte intenta encontrar este equilibrio. Mantiene un enfoque fundamentalmente horizontal, estructurado en once ejes de actuación, similar a los pactos anteriores, pero incorpora o refuerza actuaciones específicas en ámbitos como los semiconductores, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, las tecnologías duales, las biomanufacturas, la movilidad o el sector espacial. Es una aproximación coherente con la que hoy impulsan las principales economías avanzadas y es una necesidad irrenunciable ante la convulsa situación geopolítica global y sus afectaciones a las cadenas de suministro, los costes energéticos, etc.
También es especialmente destacable que el documento sitúe la productividad en el centro de la estrategia industrial catalana. Este es, probablemente, el principal mensaje de fondo del informe Draghi: sin productividad no habrá crecimiento sostenido ni capacidad para mantener el estado del bienestar europeo. Ya hace demasiado tiempo que asistimos a una insoportable pérdida de competitividad europea en este aspecto, con el evidente riesgo de caer en la irrelevancia global.
Catalunya presenta indicadores relativamente positivos: entre 2013 y 2024, el VAB industrial catalán creció un 28,1%, prácticamente el doble que la media de la eurozona. La productividad aparente del trabajo industrial (relación del VAB por trabajador ocupado) aumentó un 13% entre 2013 y 2023.
Pero estos buenos datos no deberían esconder los retos pendientes. Un elemento recurrentemente preocupante es la constatación de que la industria catalana sigue invirtiendo menos en I+D que sus principales competidores europeos. Mientras que en Alemania el gasto empresarial en I+D representa aproximadamente el 1,8% de la facturación industrial, en Catalunya esta cifra se mantiene alrededor del 1%.
Los deberes pendientes
Por otro lado, el mismo documento identifica que el 36% de las empresas industriales afirman que la falta de personal adecuado limita su actividad.
Estas son algunas de las cuestiones que determinarán la competitividad futura del país: una industria poco innovadora o que invierte poco en I+D es una industria poco sofisticada y que está hipotecando su futuro en favor de la eficiencia a corto plazo. Dicho de otra manera: nuestra industria dedica sus esfuerzos inversores a aquello que no puede dejar de hacer... y descuida aquello que la podría diferenciar en el futuro para mantener o aumentar su posición competitiva global. Digámoslo claro: una inversión en I+D comporta asumir unos riesgos que las propias empresas o el sistema financiero no están dispuestos a financiar y, por lo tanto, se necesitan políticas industriales decididas, desacomplejadas y fuertemente dotadas económicamente para compartir este riesgo con las empresas y, así, asegurar (conjuntamente) la prosperidad futura del país.
Nuestra industria dedica sus esfuerzos inversores a aquello que no puede dejar de hacer... y descuida aquello que la podría diferenciar en el futuro para mantener o aumentar su posición competitiva global
De hecho, reconocer las fortalezas del Pacte no debería impedir formular una pregunta legítima: ¿cuál es su valor transformador real?
El documento incorpora 190 actuaciones y prevé movilizar cerca de 4.500 millones de euros durante el periodo 2026-2030, con la voluntad expresada por los firmantes de alcanzar los 5.000 millones (1.000 millones por año). La cifra es significativa, pero la pregunta determinante es otra: ¿qué parte de estos recursos son realmente adicionales y dirigidos a cubrir fallos de mercado como la falta de capacidad innovadora de las empresas? Si la situación actual es la que es, poner bajo un mismo paraguas estratégico aquello que ya estamos haciendo no tendrá el impacto transformador que esperamos. La cuestión no es menor.
Las nuevas políticas industriales que están desplegando Estados Unidos y China se caracterizan por su enorme capacidad de movilizar recursos, generar demanda y crear nuevas capacidades productivas. La competición internacional para atraer inversiones industriales es hoy más intensa que en cualquier otro momento de las últimas décadas.
El hecho de que el documento incluya medidas de hasta nueve departamentos del Govern es bueno y, de hecho, absolutamente necesario
La principal aportación del Pacte es ofrecer estabilidad, coordinación y continuidad a las políticas industriales catalanas. Y eso es importante. Muy importante. Las empresas necesitan previsibilidad. Los inversores necesitan certezas. Los grandes proyectos industriales requieren marcos estables. Además, el hecho de que el documento incluya medidas de hasta nueve departamentos del Govern es bueno y, de hecho, absolutamente necesario: las competencias sobre el suelo industrial, la energía, el medio ambiente y otros elementos determinantes para cualquier inversión industrial recaen sobre áreas que no están ni siquiera en el mismo departamento que la Dirección General de Industria. Por lo tanto, sin una acción coordinada y decidida por parte de todo el gobierno, la eficacia del Pacte sería irrelevante.
Pero el éxito del Pacte no se medirá por el número de actuaciones que contiene. Se medirá por su capacidad de incrementar la productividad, generar nuevas inversiones, reforzar el esfuerzo en I+D, reducir las dificultades de captación de talento, reducir la carga burocrática, acelerar la descarbonización y consolidar nuevas capacidades productivas estratégicas.
En definitiva, Catalunya necesita una política industrial de largo recorrido. El nuevo Pacte Nacional per a la Indústria constituye una buena base para construirla y envía un mensaje positivo: la industria es una prioridad de país. Es coherente con las prioridades europeas y hay que aprovechar las oportunidades que esto nos reportará en términos de política pública y competitividad nacional.
El nuevo Pacte es una buena brújula. El reto será dotarlo de los recursos necesarios en los ámbitos y programas adecuados para llegar al destino, compartiendo de forma efectiva los riesgos asociados a las inversiones vinculadas a las irrenunciables transformaciones que la industria necesita asumir. Y es que la mejor política industrial es la que sí existe y que, además, se hace presente y asume la responsabilidad que le corresponde.