Cuando se habla de impuestos, siempre se repite una frase, ya sea en la calle, en los debates televisivos o en las columnas de opinión: “La clase media paga los impuestos”. Aunque a primera vista parezca un tópico, ¿hay verdad detrás de esta afirmación? ¿Es realmente la clase media el principal sostén del sistema fiscal? ¿Qué dicen los datos? Y, ¿es justo que sea así?
Para responder a estas preguntas, debemos ir más allá de las simples percepciones. Hay que tener en cuenta tanto lo que dice la teoría económica como lo que nos muestra nuestra realidad fiscal. Al analizar la frase que tenemos delante desde una perspectiva clásica, keynesiana o crítica, hay un consenso: en un sistema fiscal justo, cada persona debe contribuir según su capacidad económica. Pero cuando examinamos la distribución real de los impuestos, vemos que este principio (claramente recogido en nuestras leyes) no siempre se cumple.
Sobre el papel, nuestro sistema fiscal parece progresivo, pero en la práctica veremos que aún tiene muchas carencias en este sentido.
Como se ha mencionado, en teoría tenemos un sistema impositivo progresivo. Los tipos impositivos aplicados al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) aumentan según tramos en función de los ingresos, las rentas de capital también gravan, y las personas con ingresos bajos tienen numerosas exenciones y deducciones para mantener esta progresividad. Sin embargo, aunque la ley es progresiva, esto no siempre se refleja en la realidad.
Por ejemplo, en este IRPF, las rentas de capital (dividendos, beneficios de la bolsa, rentas inmobiliarias, etc.) tienen un tratamiento más favorable que las rentas del trabajo. El tipo impositivo aplicado a estas rentas que hemos mencionado en nuestra declaración de la renta es muy inferior al tipo impositivo nominal aplicado a las rentas del trabajo.
Un trabajador que gana 50.000 euros contribuye proporcionalmente más que alguien que gana 500.000 euros
Los impuestos indirectos (como el IVA o las tasas sobre combustibles, electricidad o alcohol) son los que perturban nuestro sistema fiscal, ya que no tienen en cuenta los ingresos de todos. Pero, ¿por qué debemos tomarnos tan en serio los impuestos indirectos? La respuesta a esta pregunta es sencilla: representan casi la mitad de los ingresos recaudados por nuestro sistema fiscal y, más importante aún, afectan proporcionalmente mucho más a los que menos tienen. Por ejemplo, una familia con ingresos bajos paga alrededor del 12% de sus ingresos en IVA; una familia rica paga un 2% o menos. Por lo tanto, los impuestos sobre el consumo actúan de cuatro maneras, afectando más a los trabajadores y a las personas de clase media.
Las cotizaciones a la seguridad social, en cambio, se utilizan para financiar pensiones y prestaciones. Técnicamente no son impuestos, pero sirven para mostrar hasta qué punto llega la progresividad de las contribuciones financieras. El problema es que hay una contribución máxima. Por encima de un cierto nivel salarial, no se hacen más contribuciones. Esto quiere decir que un trabajador que gana 50.000 euros contribuye proporcionalmente más que alguien que gana 500.000 euros.
Los datos hablan claramente: ¿quién apoya al sistema?
Según una investigación de la Fundación Fedea, el sistema tributario español tiene una "estructura extraña", con los tipos impositivos efectivos más altos que no pagan ni los más ricos ni los más pobres, sino aquellos con ingresos intermedios.
El 1% más rico de los hogares españoles destina alrededor del 24% de sus ingresos en impuestos. Mientras tanto, los hogares entre el 90% y el 99% (la clase media-alta o los ricos "ordinarios") pagan alrededor del 39%. A medida que bajamos en la escala, esta diferencia se hace aún más pronunciada, con el 20% de los perceptores de menores ingresos, que en teoría reciben más protección, pagando el 27,5%, principalmente en IVA y contribuciones fijas.
La sobrecarga de la clase media reduce la capacidad de consumo, lo que frena el crecimiento económico
Las perspectivas marxistas (o críticas), en cambio, alertan de que la estructura fiscal no es neutral, ya que los ricos mayoritariamente tienen las herramientas para influir en el sistema, proteger su riqueza y evitar impuestos. Desde esta perspectiva, el Estado a menudo actúa como protector de la estructura económica y no necesariamente como redistribuidor de la riqueza.
¿Qué reciben los ciudadanos a cambio?
No todo es pagar: el Estado también ofrece servicios (sanidad, educación, pensiones, infraestructuras...). Según investigaciones de Fedea, más del 50% de los hogares españoles reciben más del Estado de lo que aportan. Es decir, en un sistema real, la mayoría son beneficiarios.
Pero aquí también hay matices. Las rentas altas reciben proporcionalmente menos. Ahora bien, esto no quiere decir que estas rentas estén menos gravadas, sino que contribuyen proporcionalmente menos al conjunto del sistema, lo que acentúa el desequilibrio social.
He aquí un ejemplo práctico basado en una simulación real: la carga fiscal de una familia de clase media. Imaginemos una familia que vive en San Sebastián, formada por dos adultos y dos hijos. Ambos progenitores tienen un contrato laboral indefinido y cada uno gana 25.000 euros brutos anuales. Esto quiere decir que el hogar tiene unos ingresos brutos totales de 50.000 euros anuales.
- IRPF. Teniendo en cuenta las bonificaciones y deducciones que se aplican en el País Vasco (normativa de 2024), esta familia, con dos salarios y dos hijos, pagaría un total de unos 4.800 euros en IRPF anuales (calculado con la suma de los dos sueldos).
- Cotizaciones a la Seguridad Social. Cada empleado aporta alrededor de un 6,35% de su salario (la parte del empleado), y la empresa paga alrededor de otro 30% (desde una perspectiva macro, esto también forma parte del salario, aunque no sea directamente visible). Desde la perspectiva del empleado, los dos salarios aportarían unos 3.175 euros anuales.
- IVA. En el estado español, el IVA efectivo medio (teniendo en cuenta que algunos productos están gravados al 4%,10% y 21%) es de un 12% sobre el gasto disponible para las familias de renta media. Si esta familia gasta unos 30.000 euros anuales en consumo (alimentación, ropa, ocio, transporte, etc.), esto significaría un IVA de unos 3.600 euros.
- Impuestos y tasas locales. En este punto encontramos el Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos, de unos 500 euros anuales por una vivienda media en San Sebastián, y el Impuesto de Circulación, el cual, con dos vehículos habituales, se eleva a un total de unos 250 euros anuales. Finalmente, también debemos sumar la tasa de recogida de basuras, de unos 130 euros anuales.
-
Impuestos especiales y otras cargas indirectas. Algunos de estos son opcionales, en función del uso que hagan de ciertos recursos. Por ejemplo, las tasas al combustible: si conducen unos 12.000 kilómetros al año con dos coches, esto representa unos 500-600 euros en impuestos. Por otro lado, están las cargas sobre la electricidad: unos 70-100 euros incluidos en la factura anual de la luz. Y, finalmente, los impuestos sobre el tabaco o el alcohol (si se consume), de unos 100-200 euros.
Por todo ello, la carga fiscal total desde la perspectiva de esta familia queda así:
- IRPF - 4.800 euros
- Seguridad Social - 3.175 euros
- IVA - 3.600 euros
- IBI - 500 euros
- Impuesto de tráfico - 250 euros
- Impuesto sobre residuos - 130 euros
- Impuestos y cargas especiales - 800 euros
- TOTAL: 13.255 euros
Es decir, con unos ingresos brutos anuales de 50.000 euros, la familia paga alrededor de un 26,5% en impuestos directos o indirectos. Y hay que tener en cuenta que el impacto del IVA y los impuestos indirectos es proporcionalmente mayor en las rentas bajas.
Además, desde una perspectiva económica más amplia, la parte de la Seguridad Social que paga la empresa también forma parte del coste del salario; si se incluyera, la carga fiscal superaría el 40%.
Consecuencias diarias
Esta familia no recibe asistencia directa (no está incluida en programas de bajos ingresos) y una gran parte de su consumo se destina a gastos necesarios (vivienda, comida, transporte). Esto limita su capacidad de ahorro y debilita su resiliencia económica, especialmente en épocas de inflación o crisis.
¿Cuáles son las consecuencias de esto para la sociedad?
- Desvinculación fiscal. Muchos sienten que pagan mucho y reciben poco a cambio. Esto crea rabia, desconfianza y alienación del sistema.
- Aumento de la desigualdad. Si los más ricos pagan proporcionalmente menos y la clase media sustenta al sistema, el desequilibrio se consolida y la igualdad de oportunidades se hace más difícil.
- Debilitamiento del estado del bienestar. La estabilidad del sistema fiscal no puede depender de un solo grupo, es necesario buscar la diversificación. En la situación actual, si la clase media se ve afectada (desempleo, inflación, precariedad, etc.), la estructura de la misma entidad podría estar en riesgo.
La pregunta es: ¿qué se puede hacer para cambiar la situación?
Aquí tienen algunas propuestas. La primera sería actualizar las tarifas del IRPF. Esto es lo que actualmente está ganando más impulso, de modo que los que tienen más ingresos pagaran proporcionalmente más. La siguiente, gravar las rentas del capital y las rentas del trabajo por igual. Buscar que los que tienen más ingresos paguen más, establecer impuestos justos sobre los grandes patrimonios y las herencias, que fueran realmente funcionales. Por otro lado, reforzar la lucha contra la evasión y el fraude fiscal, especialmente en las grandes empresas y el capital móvil.
Otra medida podría ser desinflar el IRPF en épocas de inflación, para no penalizar los ingresos reales. Y, sobre todo, es necesaria una educación fiscal: hay que indicar claramente en qué consiste el sistema, para qué se destina el dinero y cómo contribuye cada persona al bienestar colectivo. Un sistema fiscal justo no debe ser un castigo, sino una expresión de solidaridad.
Reflexión final: ¿mito o realidad?
Entonces, ¿es cierto que la clase media es quien paga impuestos? Sí, en gran parte sí. Soporta una gran parte del sistema, no tiene manera de evitar impuestos y siente la presión fiscal cada día. Las consecuencias de esto no son solo económicas, sino también sociales y políticas. Una clase media cansada y sobrecargada causa muchos males sociales, como la polarización, la insatisfacción y la desconfianza hacia el sistema. Por lo tanto, proteger a la clase media no solamente es justo, sino que es necesario para la estabilidad de nuestra sociedad.