El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una gran inmobiliaria que gestiona miles de viviendas de alquiler en varias comunidades autónomas del Estado por posibles prácticas abusivas contra los inquilinos. En una nota, el departamento que dirige Pablo Bustinduy asegura que ha detectado cuatro potenciales infracciones, por las cuales recuerda que cada una podría comportar multas de hasta un millón de euros.
El ministerio no ha hecho público el nombre de la empresa investigada, pero sostiene que la investigación ha permitido identificar infracciones vinculadas a prácticas consideradas potencialmente abusivas hacia los inquilinos. Entre estas, el ministerio señala la imposición a los arrendatarios de un seguro de impago, así como la inclusión de una cláusula de “reconocimiento de negociación individualizada” en contratos de adhesión, una práctica que Consumo considera susceptible de vulnerar los derechos de los consumidores.
El expediente también apunta a la imposición de penalizaciones “desproporcionadas” por cada día de retraso en la entrega de la vivienda y a cláusulas que cargarían a los inquilinos gastos y penalizaciones “injustificadas” relacionadas con los suministros y los cambios de titularidad. El ministerio señala que cada una de estas posibles infracciones podría ser considerada una cláusula abusiva y comportar sanciones de hasta un millón de euros o de entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.
En la misma comunicación, el departamento recuerda que el pasado abril ratificó una multa de 3,6 millones de euros contra Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra sus inquilinos. Según Consumo, esta empresa cometió seis infracciones calificadas de muy graves y una de grave por vulnerar derechos de los consumidores y aprovechar su posición de dominio en el mercado.