Josep Maria Via es un especialista en salud. Es médico, doctor, claro, pero muy pronto tuvo la oportunidad de llevar a cabo trabajos de planificación y gestión de la sanidad. Vivió el período en que se creó el conocido modelo sanitario catalán que ahora está en riesgo. Por eso fue directivo del Institut Català de la Salut y del Servei Català de la Salut (1984-1994), colaborando con los ya míticos Josep Laporte y Xavier Trias. Entre 1997 y 2000 ocupó el cargo de secretario del Govern y de Relaciones con el Parlament de Catalunya. La fama de nuestro modelo sanitario, que él había ayudado a construir, lo llevó a trabajar como asesor de gobiernos y empresas privadas del sector salud de Europa, América y África. Le duele ver cómo, poco a poco, aquel sistema que había sido una referencia mundial, se ha ido desmontando por la demagogia y el tejemaneje político.
La sensación que todo el mundo tiene, en estos momentos, es que los servicios públicos están fallando. Y, en el caso de la sanidad pública, no se sabe dónde está el problema...
Es que el problema no es único. Los frentes son diversos. Y están fallando todos al mismo tiempo. Es como un enfermo al que le empiezan a fallar varios órganos al mismo tiempo. Mientras arreglas uno, se estropea otro...
¿Empiezan a fallar? ¿Quieres decir que el tema viene de lejos?
Sí. El deterioro leve se inicia a finales de los 90 y empieza a agravarse a partir de 2005, 2006. Se han ido acumulando los problemas y ahora darles solución se ha vuelto enormemente difícil. De hecho, del modelo sanitario catalán que decías, prácticamente solo queda el nombre. Problemas de organización, falta de profesionales adecuados, falta de dinero... Pero, vaya, de los elementos clave del modelo, la separación de funciones de compra y de provisión de servicios ha sucumbido en manos del poder político-administrativo que, poco a poco, lo ha ido colonizando con el modelo funcionarial más rancio. El contrato que debía regular esta relación, es papel mojado. ¿Por qué, si ya he colonizado al proveedor, tengo que hacer un contrato conmigo mismo? En fin... Destrucción de la autonomía de gestión, politización de la gobernanza... Sintéticamente, podríamos decir que el origen de todo, está en un problema organizativo que forma parte de un sistema de vasos comunicantes, con la politización y la administrativización y el ansia de que todo se vuelva público, de fondo.
"Del modelo sanitario catalán que decías, prácticamente solo queda el nombre"
Se trataba, pues, de una colaboración público-privada en toda regla
Sí, sí. El sistema sanitario catalán se soportaba -todavía se aguanta como puede, a pesar de estar dañado- sobre una colaboración público-privada que permitía ofrecer unos servicios de calidad con unos costes razonables. Catalunya, de siempre, había disfrutado de un sistema sanitario mixto, rico y diverso: los ayuntamientos -normalmente promoviendo fundaciones-, centros sanitarios de órdenes religiosas, de entidades como la Cruz Roja, de mutualidades de seguros privados. Todos ellos de naturaleza jurídica privada y sin ánimo de lucro. A estos se añadían una minoría de proveedores privados con ánimo de lucro y, la posición pública con régimen presupuestario público y laboral funcionarial era minoritaria. Era claro que la naturaleza jurídica del sistema sanitario era pública con un sistema de provisión mixto, basado en el concepto de aprovechamiento de todas las infraestructuras existentes y la optimización del dispositivo al alcance. Estos centros, tenían propiedad ajena a la Generalitat, tenían órganos de gobierno autónomos que elegían gestores que también tenían autonomía profesional. La naturaleza jurídica diferente permitía celebrar contratos entre comprador público y proveedor mixto en los que se establecía aquello que se les pedía y la contraprestación económica. Lejos de la asignación presupuestaria pública. El personal no era funcionario. Tenían contratos laborales. De todo esto, no queda casi nada.
¿Qué papel jugaban las mutuas?
En cuanto a la parte de la cobertura aseguradora, a partir de 1986, todo el mundo pasó a tener cobertura pública universal y, en Catalunya, por tradición histórica, hasta un tercio de la población, aproximadamente, tenía contratada una póliza de salud privada que le solucionaba la atención de baja complejidad, digámosle la “sencilla”. Esto descargaba a la sanidad pública de una parte de los tratamientos: visitas médicas, intervenciones de complejidad baja-moderada y servicios que podríamos llamar de confort, como el seguimiento del embarazo para parir en condiciones hoteleras más confortables.
¿Y todo esto funcionaba?
Claro. No he inventado yo el hecho de que nuestra sanidad fuera calificada de las mejores de Europa. El acceso era rápido y fácil y la atención de calidad.
Entonces, parece que todo es fruto de una modificación, no por mal funcionamiento, sino por otras razones.
El problema está en una coalición formada por políticos, sindicatos, algunos medios de comunicación fuertemente ideologizados, ciertos activistas sociales y, muy importante, funcionarios de élite como los de la Intervención General de la Generalitat o la Sindicatura de Cuentas. Al menos así era al principio de este estruendo. Hoy, más que ideología, lo que les mueve es garantizar puestos de trabajo funcionarial de por vida, con los mejores sueldos posibles. Si se miran los pactos de gobierno por todas partes (Generalitat, ayuntamientos, etc.) se trata de sillas. Porque no basta con público -la titularidad del servicio siempre ha sido pública, de la Generalitat-. Todo tiene que ser público y, además, ¡funcionarial!
Entonces, ¿por qué hablan de privatización si lo que se ha producido es lo contrario?
En primer lugar, por lo que he dicho. Porque ignoran que el carácter público o privado de un sistema no viene determinado por la naturaleza jurídica de los proveedores, sino por la del responsable de planificar, comprar y financiar los servicios sanitarios que, evidentemente es público: el sistema político-administrativo. Pongamos por caso, la Mútua de Terrassa. Entidad privada, de origen mutual, sin ánimo de lucro y que históricamente ha hecho una gran labor social, integrada en el SISCAT. Lo que quieren los amantes del “todo público” es sustituir la contabilidad de empresa que permite controlar resultados, y cambiarla por la contabilidad pública basada en el control de procedimientos y, sobre todo, acabar con los contratos laborales de los trabajadores de la Mútua, sustituyéndolos por los que tienen los profesionales estatutarios del ICS, a todos los efectos funcionarios públicos. Se pierde el concepto servicio eficiente: no habría ni balance de situación, ni cuenta de resultados, ni amortizaciones planificadas.
La verdad es que, ahora, el usuario no está contento...
El sistema era tan apreciado por el usuario que, ayudado por la eliminación de algunos beneficios fiscales -digámoslo todo- el número de clientes de las mutuas descendió. Antes de que se cargaran el modelo sanitario catalán, el ciudadano disfrutaba de un buen servicio más eficiente que el actual, tanto profesional como económicamente. Era un sistema de mutua confianza entre comprador y proveedor. El problema grave es que esta confianza ya no tiene cabida, porque comprador y proveedor, de facto, son el mismo. Se persigue un centralismo en la gestión con un nivel de injerencia insoportable. La autonomía de gestión que no para de ir a menos, hacía que los gestores se sintieran responsables de su trabajo y de sus resultados. Ahora, la injerencia en la gestión de los centros ha provocado que los que los gestionaban se laven las manos. Se han cargado el principio de responsabilidad profesional de los gestores y han sustituido a los miembros independientes de los órganos de gobierno, por funcionarios y marionetas políticas. “¿Lo quieres controlar todo y decirnos cómo se tienen que gestionar los centros? ¡Pues que venga tu comisario político y lo haga!”, este es el efecto final: una organización burocratizada, llena de funcionarios y de una eficiencia realmente a la baja. Y el servicio al paciente se resiente. Ahora el mercado de las mutuas vuelve crecer con tal magnitud que ya empiezan a tener listas de espera, también.
¿Quieres decir que los políticos que han gobernado las últimas décadas tenían ansias de modelo soviético?
No diría tanto, pero vaya... De forma irónica podríamos hablar del “Complejo Sanitario Industrial”. El sistema se enfrenta a una batalla de simpatías ideológicas y una lucha por controlar la repartidora de “sillas y paguitas”. Nos hemos alejado de un modelo que rige en muchos países sensatos. Y no solo en el ámbito sanitario. En general. ¿Por qué la administración pública no puede funcionar con empleados y tienen que ser funcionarios? Esta mentalidad ha hundido aquello que funcionaba. Y se ha hecho con una ignorancia y, a menudo, con una mala intención impresionante. Porque se intoxica a la opinión pública. Se dice que se está ante una privatización por el simple hecho de que los que dan el servicio no son funcionarios, sino empleados. Aunque sean públicos.
"El sistema se enfrenta a una batalla de simpatías ideológicas y una lucha por controlar la repartidora de 'sillas y paguitas'"
Recuerda a aquel niño pequeño que se quiere comer el puré él solo, sin ayuda y acaba tirándoselo por encima y montando una desgracia...
Sí porque, ahora, la desorganización y el descontrol son colosales. Llegándose a niveles de conflicto de interés flagrantes. Hay directivos del CatSalut que por la mañana hacen el trabajo funcionarial y por la tarde se sientan en el órgano de gobierno del proveedor del cual durante la mañana han decidido la asignación presupuestaria anual que le otorgarán vía contrato para guardar las apariencias. La falta de rigor económico, de eficacia y eficiencia en la gestión han convertido la sanidad catalana en un monstruo ingobernable. Diría que casi imposible de controlar. Antes los proveedores competían por dar un buen servicio, ahora se les hace esta asignación presupuestaria, como si fueran un organismo público. Y se pierde todo el incentivo.
¿Y los profesionales cómo lo viven? Porque, claro, se les paga poco, se les exige mucho y, después, se les compensa con aplausos desde el balcón de casa...
Sí, realmente estamos ante una situación de vocación pura, por no decir de voluntarismo. Un buen médico cuando ha terminado de formarse ha empleado diez años de su vida. Y con el doctorado, más años todavía. Y todo para cobrar, cuando empieza, unos 3.000 euros netos al mes con guardias incluidas. Si, encima, se les trata mal, el futuro es negro. Mira, el año pasado se han colegiado en Barcelona unos 2.500 médicos. Pero, atención, casi el 60% han sido médicos que han venido de fuera de la Unión Europea (UE). Y 1.000 lo han sido sin título de especialidad. Si alguien se piensa que esto es sostenible y no destroza el sistema, ni el país, que me lo explique.
Vienen de fuera de la UE por los salarios que se pagan, supongo...
Claro. El salario medio de un médico -que combina el trabajo entre el sector público y el privado- en Catalunya está en unos 51.000 euros. En Italia cobran 63.000, y en Francia 88.000. No hablemos de otros países...
Mi opinión es que tenemos un estado del bienestar que no podemos mantener. No solo en la sanidad, también en la educación, en el transporte, etc.
Yo creo que el hecho es evidente, pero nadie lo quiere decir porque queda feo. Pero todo se va degradando. Catalunya ha pasado de 6 millones de habitantes a 8,2 millones. Pero los servicios sociales no se han adecuado. Ni tan solo para el 30% que significa de incremento de población cuando, de hecho, debería haber sido mucho más porque la mayoría de los recién llegados son usuarios netos de los servicios sociales. El sistema está colapsado. La lista de espera consolidada de todos los servicios (cirugía, pruebas y consultas) estaba el año 2017 en 700.000 personas. Hoy está en 950.000. ¡Ya era una barbaridad en 2017!
Entonces, ¿más dinero?
Catalunya tiene un déficit fiscal con España del que se ha hablado bastante. Y no hacemos lo que había que hacer para solucionarlo. Este déficit, probablemente impacte más en la inversión y el mantenimiento de las infraestructuras -también sanitarias-. Pero tenemos un gran problema de financiación del gasto ordinario, del día a día. Y con la desorganización que hay, no parece seguro que solo con más dinero solucionen casi nada. Ahora, con menos dinero, que es lo que está previsto para este año, sin atacar los problemas estructurales e incluso solucionando algunos, evidentemente tampoco. Lo digo porque los presupuestos de este año 2026 -que parece que se aprobarán- destinan 2.200 millones menos de los que se gastaron el año 2025. Un 13,7% menos. Y eso no se publica.
¿Cuál es el futuro?
La verdad es que es un caso inaudito, y arreglarlo parece una tarea imposible sin realmente romper esquemas. Muchos esquemas. De hecho, sería tan sencillo como volver al punto de partida y deshacer los disparates que han llevado a destruir el modelo de 1990. El grado de irresponsabilidad política no ha parado de crecer, llegando a niveles preocupantes.
Se podría resolver, en buena medida, con el copago, como hacen la mayoría de los países europeos, más ricos que nosotros...
No sé si resolver. Pero ayudaría. Ahora bien, “con la Iglesia hemos topado”. De este tema, como de tantos otros, el populismo de izquierdas dictó no hablar de ello. Y hoy es intocable. Ya no hay partido político que se atreva. Y con actitudes como esta, el problema solo puede ir a peor. Es triste, pero es así...