Estos días han vuelto a resonar las quejas a los medios por el nuevo aumento -previsto ya de hace cuatro años y pactado con patronales y sindicatos- en las cuotas de seguridad social que deben pagar los autónomos. El PP ha encontrado un clavo al rojo vivo en el ámbito económico donde desgastar al gobierno socialista y este, con notables reflejos, se ha apresurado a decir que aplazará la subida a los autónomos con rentas más bajas.
En cuanto a las quejas en los medios, son lógicas. Tanto en tertulias como en columnas de opinión hay muchos profesionales liberales directamente afectados por los cambios. Cada uno se queja de donde le aprieta el zapato. Quizás sean los mismos que cuando se acerca el fin de año claman por la inviabilidad futura de las pensiones porque son “demasiado generosas”. Cada final de año aumenta también la publicidad, directa y encubierta, para contratar o realizar una aportación a un plan de pensiones privado. Sin embargo, ahora menos porque han perdido parte de las ventajas fiscales que les hacía más atractivas. En cualquier caso, fruto de la hasta ahora vigente discrecionalidad para escoger el importe de las cotizaciones sociales de los autónomos, la pensión media de estos es de 1.010 euros mensuales frente a los 1.600 euros -siempre brutos- de los asalariados.
Cotizar lo mínimo e invertir los ahorros en inmuebles
Ya me he referido alguna vez al reconocido periodista liberal que me confesó que siempre había creído que cuando le llegara la hora, no le tocaría cobrar pensión porque el sistema habría entrado en quiebra. Ahora que ya tiene la edad, ve con sorpresa que el sistema aguanta. Él, sin embargo, cotizó siempre por el mínimo posible y ahora la pensión que le toca también es la mínima. Eso sí, con una esperanza de vida estándar, cobrará durante los años que le queden mucho más dinero que el que ha cotizado durante toda la vida laboral. Ya se sabe, las pensiones son generosas, especialmente para quienes han cotizado menos.
Nuestro periodista, hombre previsor, me explicó que había dedicado los ahorros a comprar varios pisos y locales para ponerlos en alquiler. Posiblemente, esta diversificación le ha permitido librarse de la categoría de gran tenedor, pero lo ha añadido a la rueda de grandes y pequeños inversores que han optado por los activos inmobiliarios para rentabilizar los ahorros, una rueda a menudo especulativa y responsable en buena parte de todos los problemas que tenemos con la vivienda. Estas inversiones son mucho más seguras que otras, y tienen a medio y largo plazo un buen rendimiento asegurado. Además, no hace falta tener grandes conocimientos para gestionarlas correctamente. Seguro que a nuestro periodista la opción de pagar el mínimo de seguridad social e invertir los ahorros en inmuebles le ha supuesto un buen negocio.
Este es, en última instancia, el sistema estadounidense y liberal. Cargas impositivas bajas y que cada uno se espabile con sus ahorros para hacerlos rendir cuando se jubile. No todo el mundo opta por el inmobiliario y la tradición de invertir en bolsa -el capitalismo popular, lo llaman- está mucho más arraigada que en nuestro país. Tiene más riesgos pero, en principio, más rentabilidad que los activos fijos. Al menos hasta ahora, que la escalada de precios inmobiliarios es común en todo el mundo occidental.
Cambio del sistema de cotización
Sin embargo, cabe remarcar que ahora no se trata de un simple aumento de las cuotas, sino de una reconfiguración del sistema que lo acerca al de los asalariados. El trabajador autónomo ya no podrá -¡ay!- optar por cuánto quiere aportar como cuota de la seguridad social, sino que esta cuota será obligatoria y proporcional a los ingresos declarados. Y en conjunto más elevada, claro, para compensar un poco aquella generosidad sistemática del sistema de pensiones. Es cierto que se mejoran algunas prestaciones de reciente creación, como el derecho al paro -al que de momento ponen tantos requisitos para evitar el fraude que casi nadie acaba disfrutando- o permisos vinculados a enfermedad y a conciliación, estos últimos cada vez más importantes para los trabajadores asalariados.
En Catalunya, la tradición de trabajar como autónomo es mucho más elevada que en el Madrid de los funcionarios y de las grandes empresas
En Catalunya el tema nos afecta especialmente, porque la tradición de trabajar como autónomo es mucho más elevada que en el Madrid de los funcionarios y de las grandes empresas. De los tres millones de autónomos en todo el estado, medio millón corresponde a Catalunya, pero solo 380.000 a Madrid. En Catalunya tenemos un tejido de empresas pequeñas y medianas y de microempresas mucho más numeroso; en muchas profesiones liberales es muy común trabajar por tu cuenta; la tradicional ausencia de aparato estatal también se nota así como una lejanía y una cierta desconfianza hacia los poderes públicos en general.
También existe en esta proliferación de trabajadores autónomos una notable subocupación que hace que los ingresos oficiales sean relativamente bajos y que estimula que, allí donde es posible, se opere en parte en negro. Todo ello hace que el 40% de los autónomos se encuentren con unos ingresos oficiales en los tramos más bajos del sistema.
Falsedades y medias verdades sobre el futuro de las pensiones
En resumen, como decíamos, volver a traer al debate público todo el tema de la viabilidad futura de las pensiones. Hay quienes añoran la reforma de Rajoy que, en la práctica, equivalía a una pérdida constante del valor efectivo de las pensiones inicialmente consignadas. El gobierno de Sánchez volvió a la vieja práctica de indexar el importe de las pensiones con el IPC para evitarlo. Sin embargo, ha implantado un aumento encubierto de la presión fiscal a través del IRPF, en la medida en que no ha deflactado las tarifas y perjudica el poder adquisitivo tanto de salarios como de pensiones. Excepto los más bajos, claro, que no alcanzan el importe mínimo para tener que pagar. De ahí la polémica sobre si los perceptores del salario mínimo, que después de una subida importante solo han crecido de forma similar a la inflación, deben pasar a pagar por IRPF por primera vez.
Decíamos que vuelve cíclicamente el debate sobre el futuro de las pensiones con muchas informaciones parciales o interesadas que aumentan la confusión entre la población. Una población que una de las pocas cosas que tiene claras, según encuestas recientes, es que quiere que las pensiones permitan vivir con un mínimo de dignidad. Es decir, que se mantenga el carácter “generoso” -redistributivo- del actual sistema, carácter que se ha acentuado en los últimos años al procurar una mejora neta -descontada la inflación- a las pensiones más bajas.
Más inmigración masiva: pan para hoy y hambre para mañana
No repetiremos ahora argumentos y contraargumentos de los que ya hemos hablado varias veces en estas páginas, pero querría remarcar cuatro de los elementos donde se generan más malentendidos y confusiones.
Primero, es falso que la única forma de mantener el actual sistema de pensiones sea la de aumentar indefinidamente y de forma muy intensa el número de trabajadores inmigrantes dada la caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida. Algunos organismos oficiales han estimado que sería necesario aumentar la población en España -vía inmigración- en un 50% -25 millones de habitantes- para mantener la viabilidad del sistema. Una barbaridad en todos los aspectos y con unas deseconomías externas que no es necesario que nos extendamos a explicitar.
Segundo, tampoco es cierto que el aumento de los últimos años de afiliados a la Seguridad Social, sobre todo por la proliferación de nuevos puestos de trabajo de baja cualificación y de baja retribución -que solo quieren ocupar los inmigrantes- nos solucione la papeleta. En todo caso, es pan para hoy y hambre para mañana, porque precisamente se trata de este colectivo que, cuando se jubile, recibirá unas prestaciones muy superiores a las cotizaciones que generó.
El crecimiento actual del que tanto presume el gobierno que se basa en la generación de empleos de baja productividad y de baja retribución y reducidas cotizaciones solo nos llevará, más pronto que tarde, a la inviabilidad del conjunto de la sociedad del bienestar
En tercer lugar, tampoco es cierto el apriorismo de que las pensiones deban pagarse exclusivamente con las cotizaciones sociales recaudadas. Poco a poco, se han ido cubriendo por parte de la fiscalidad general del Estado buena parte de las prestaciones reequilibradoras, para aquellos a los que les correspondía menores importes de las pensiones. O no les correspondía ninguna. Hoy, por ejemplo, aunque no hayas cotizado lo suficiente para tener acceso a la pensión mínima, todas las personas de más de 65 años tienen derecho a una pensión no contributiva de 564 euros al mes. Es lógico que esta medida redistributiva y que sirve para evitar casos de pobreza extrema entre los mayores sea financiada por la fiscalidad general y no por las cotizaciones sociales de los trabajadores.
En última instancia, el gasto en pensiones del tipo que sean no tiene por qué financiarse exclusivamente con las cotizaciones sociales, aunque eso quiera decir un aumento de la presión fiscal en el resto de impuestos, directos -por ejemplo sobre los beneficios empresariales, sobre el patrimonio o sobre los mismos salarios- o indirectos -IVA, impuestos especiales sobre combustibles, tabaco y otros. Es, en última instancia, una decisión política a tomar en una sociedad democrática.
La única alternativa real: aumento de la productividad para aumentar salarios y cotizaciones
En cuarto lugar, solo con un crecimiento de calidad basado en el aumento de la productividad y de la competitividad vía innovación podrá permitirnos en el futuro mantener el actual estado del bienestar, pensiones incluidas. Solo con unos trabajadores bien pagados y que generen cotizaciones sociales elevadas porque ocupan puestos de trabajo cualificados y de elevada productividad podremos salir adelante. El crecimiento actual del que tanto presume el gobierno que se basa en la generación de puestos de trabajo de baja productividad y de baja retribución y reducidas cotizaciones solo nos llevará, más pronto que tarde, a la inviabilidad del conjunto de la sociedad del bienestar.