¿Nos acercamos realmente al fin del desperdicio alimentario? A partir de la primavera de 2026, el sector agroalimentario y de la distribución afrontará un antes y un después. La nueva normativa española, la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, pone el foco en la concienciación y la prevención de las pérdidas a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo final, tanto en los hogares como en los establecimientos de restauración. Según el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la finalidad de la ley es “recuperar el valor de los alimentos y poner en valor el trabajo de quienes los producen: agricultores, ganaderos y pescadores”. Y aquí surge la gran pregunta: ¿qué papel jugarán los supermercados?
La ley establece una serie de obligaciones concretas para las empresas. En primer lugar, las empresas están obligadas a disponer de un plan de prevención del desperdicio alimentario. En segundo lugar, la ley establece que todos aquellos alimentos que continúen siendo aptos para el consumo humano, pero que queden fuera del circuito comercial, deben destinarse a la donación. Finalmente, la norma ordena prioridades y establece una jerarquía, situando el aprovechamiento para el consumo humano en el centro de cualquier estrategia de prevención del desperdicio alimentario, por delante de la transformación para la alimentación animal u otros usos industriales.
En este contexto, Elisabet Viladomiu, directora de la Fundació Banc dels Aliments, celebra la existencia de un marco legal que reconozca la función social de la lucha contra el despilfarro. "Lo que queremos es que la industria y las cadenas de distribución cuenten todavía más con el Banco de Alimentos para que podamos ser su partner a la hora de cumplir la ley”, afirma en una conversación con VIA Empresa.
Y es que, según la Diagnóstico del desperdicio alimentario en los hogares de Catalunya 2024, las familias catalanas destinan cerca de 330 euros anuales a alimentos que acaban tirando sin consumir, una cifra que equivale a 112 euros por persona y que, en conjunto, representa 902,85 millones de euros anuales en toda Catalunya.
Las familias catalanas destinan cerca de 330 euros anuales a alimentos que acaban tirando sin consumir
Más allá del impacto económico, el despilfarro tiene consecuencias medioambientales muy relevantes: en los hogares catalanes se desperdician 173.960 toneladas de alimentos cada año, lo que genera una huella de carbono de 462.347 toneladas de CO2, el equivalente a 20.000 vuelos entre Barcelona y Bruselas.
La nueva ley prevé tres tipos de infracciones: las leves, como no aplicar la jerarquía de usos, pueden comportar sanciones que van desde la advertencia hasta multas de hasta 2.000 euros. Las graves, como no disponer de un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, se penalizan con multas de entre 2.001 y 60.000 euros. Finalmente, las muy graves incluyen la reincidencia en una infracción grave dentro de un período de dos años y pueden comportar multas de hasta 500.000 euros.
Cuando el despilfarro se convierte en becas comedor
¿Cómo puede impactar un comunicado de estas características en las principales compañías de distribución que operan en Catalunya, como por ejemplo Bon Preu o Ametller Origen? Para Josep Castany, jefe de sostenibilidad y energía de Bon Preu, la clave pasa por “determinar con precisión la cantidad de producto que necesitamos cada día en cada tienda”.
En este sentido, Bon Preu analiza diariamente los comportamientos de los consumidores para ajustar los stocks, identificando qué días y franjas horarias concentran más ventas y qué productos tienen más salida. Además, la compañía impulsa ofertas en productos de oportunidad cuando se acerca la fecha de caducidad y, desde octubre de 2024, ofrece paquetes antidesperdicio en 154 establecimientos con panadería.
Desde octubre de 2024, Bon Preu ofrece paquetes antidesperdicio en 154 establecimientos con panadería
Los beneficios netos obtenidos de la venta de estos paquetes, comercializados a través de la aplicación Too Good To Go, se destinan íntegramente a la financiación de becas comedor. Esta iniciativa se enmarca en la nueva estrategia de responsabilidad social corporativa (RSC) que la cadena de supermercados osonense presentó el pasado mes de marzo, con el objetivo de garantizar 36.000 comidas en 115 escuelas de Catalunya.
1.700 toneladas salvadas con descuentos: la fórmula de Ametller Origen
En una línea similar a la de Bon Preu, Ametller Origen pone el foco en la gestión de descuentos como herramienta clave para prevenir el desperdicio alimentario. “Tenemos un sistema de descuentos para productos cercanos a la fecha de caducidad, y este año ya llevamos 1.700 toneladas de productos vendidos con descuentos del 25%”, explica Amaya Prat, responsable de sostenibilidad del Grupo Ametller Origen, en una conversación con VIA Empresa.
Tal como detalla Prat, la cadena complementa esta estrategia con la donación de excedentes de cosecha propia a la Fundación Espigoladors y al Banco de Alimentos. “Donamos productos a entidades sociales cuando están muy cerca de caducar y también trabajamos con la herramienta Too Good To Go”, añade.
En conjunto, estas medidas han permitido salvar 1.700 toneladas de productos mediante los descuentos, 350 toneladas a través de donaciones a entidades sociales y 400 toneladas gracias a Too Good To Go.
Por su parte, Mercè Estruga, mánager del Clúster Foodservice, explica que tanto las empresas como el propio clúster están plenamente alineados con el espíritu de la ley y con el objetivo de reducir el desperdicio alimentario. No obstante, advierte que su aplicación es especialmente compleja para las pequeñas y medianas empresas.
Estruga advierte de que la aplicación de la nueva ley es especialmente compleja para las pequeñas y medianas empresas
Según Estruga, mientras que las grandes compañías suelen disponer de equipos de calidad o sostenibilidad para asumir las obligaciones en materia de prevención, donación o gestión de usos alternativos, la realidad es muy diferente para muchos restauradores o pymes con uno o dos establecimientos. En estos casos, la implementación de medidas como la digitalización, la mejora de procesos o el control de la producción requiere un apoyo externo que a menudo no pueden asumir en solitario.
Ante este escenario, desde el Clúster Foodservice trabajan para canalizar ayudas e impulsar proyectos de digitalización, innovación y optimización de procesos que permitan a las pymes reducir el desperdicio alimentario y, al mismo tiempo, cumplir con los requisitos que establece la nueva ley.