Fíjate en el café que tomas cada día a la oficina. Sabes de donde viene? Quizás es de comercio justo y no lo sabes. Esta bebida energética es un clásico a las empresas y supone el 43% de las ventas del mercado responsable español, es un poco el embajador de una filosofía que busca unas reglas del juego más éticas. Y no sólo a las compañías, también a los hogares y, especialmente, entre la administración pública, quien tiene la clave para consolidar un nuevo paradigma económico. Porque qué puede ser más pedagógico que ver un alcalde o presidente bebiendo café de comercio justo?
Esta es la principal reivindicación para el Día Mundial del Comercio Justo, que se celebra este sábado, y que quiere que trascienda un dato clave: sólo el 0,17% de las ventas del mercado proviene de la administración pública. El café es sólo un elemento, pero tendríamos que hablar de servicios de càtering, limpieza, energía, transporte, informática... la lista es larga y, claramente, sería un impulso para los 40 millones de euros que se ingresaron el 2016, según el último informe Comercio justo en el Estado español.
El estudio muestra que el grueso principal de la facturación se concentra a los supermercados (38%), canal horeca (36%) y establecimientos al por menor (23%), el que demuestra que básicamente es una opción que elige el ciudadano en su día a día. Un comprador que, por otro lado, gasta de media 0,86 euros anuales en el comercio justo, muy por debajo de los 13,86 euros de Europa, el que deja la aportación española en un 0,5% del total europeo.
De hecho, según un informe de Eurostat del 2016, el 45% de la ciudadanía española está sensibilizada con el comercio justo, por debajo de la media europea (50%) y lejos tanto del líder, Suecia (80%), como de la cola, Bulgaria (15%). Pero son datos generales de consumo, no reflejan la compra pública porque no hay datos. Esta es una crítica que hace el abogado y presidente de la organización europea Fair Trade Advocacy Office, Sergi Corbalán, quien afirma que "es un vacío que hay que llenar porque ayudará las empresas a ver que la compra pública responsable es también una inversión de negocio".
Comercio justo: una recomendación o por ley?
"La compra pública es un ejemplo muy claro de coherencia de políticas públicas", defiende Corbalán, y recuerda que las mismas administraciones que hoy intentan promover los derechos humanos y la sostenibilidad también compran bienes y servicios a empresas que no miran esta parte más ética y responsable.
Precisamente por este motivo el lema de los actos de esta semana es Revolución de los bolsillos públicos. En una campaña de recogida de firmas iniciada por Setem, varias entidades del sector quieren promover que los ayuntamientos incluyan en los concursos públicos dos cláusulas que den puntos a las empresas de comercio justo y la obligación de incorporar productos del ámbito para los quién opten, así como compromisos para impulsar las finanzas éticas.
Corbalán: "La compra pública es una palanca para mostrar a las empresas que hay consumidores públicos para quienes el precio no es el único criterio"
Una pasa adelante que, a ojos del presidente de la Fair Trade Advocacy Office, supone una "palanca para mostrar a las empresas que hay consumidores públicos para quienes el precio no es el único criterio". En este sentido, recuerda que la Directiva UE de Compra Pública de 31 de marzo de 2014 confirma que las administraciones no están obligadas a elegir la oferta más trueque y pueden ponderar otros criterios como la calidad, la sostenibilidad y el comercio justo.
Esto ha hecho que ayuntamientos como el de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet o Montcada i Reixac hayan aprobado mociones de apoyo y elaborado guías para incorporar cláusulas de contratación responsable a lo largo del último año. Pero basta con esto o haría falta por ley obligar a adquirir un cierto porcentaje de productos y servicios a entidades más éticas? "Las guías, recomendaciones e intercambio de experiencias entre autoridades municipales son fundamentales", responde Corbalán, "todas estas iniciativas soft son necesarias, pero no suficientes".
El 'land' de Baden Würtenberg ha aprobado una ley que obliga a la compra pública sostenible
Dos de los ejemplos que pone para ilustrarlo se encuentran en Alemania: "El land de Baden Würtenberg ha adoptado recientemente una ley que hace obligatoria la compra pública sostenible. También el gobierno federal alemán ha publicado el compromiso que como mínimo el 50% del textil que comprará hasta el 2020 será sostenible y esperamos que pase al 100% el 2030". A guisa de anécdota, el café y té que se toma en el Parlamento europeo también es de comercio justo.
Una decisión a favor de la mejora social
A pesar de que las cláusulas sociales y de medio ambiente son aplicables a cualquier producto y servicio, el presidente de la Fair Trade Advocacy considera prioritario trasladarlas a los bienes que provienen de "países donde la aplicación de la legislación de trabajo y de medio ambiente es precaria".
Según el informe de las Naciones Unidas sobre compra pública responsable de 2017, las cláusulas más habituales se incorporan en contratos relacionados con medio ambiente, como lo puede ser la eficiencia energética, a pesar de que cada vez se ven más requisitos en las licitaciones que permiten introducir cláusulas sociales como la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión.
Pero que pasa con los bancos? Una de las principales críticas de los organismos que promueven un mercado más responsable apuntan directamente hacia las grandes empresas que financian las industrias petroleras y de armamento. Son compañías con presencia a escala internacional que también gestionan las cuentas bancarias de las administraciones. "Por qué no optar por la banca ética?", se pregunta Corbalán, haciendo referencia al hecho de actuar de manera coherente con los valores que promulgan gobiernos y ayuntamientos. Actualmente la banca ética representa el 5% del PIB de la UE, mientras que el comercio justo aporta el 16%.
Café de comercio justo a la plaza de Santo Jaume
Normalmente el precio es una de las trabas que más dificulta la entrada del comercio justo. "Hay la percepción que son más caros, a menudo por carencia de información de qué empresas ofrecen los productos y servicios que las administraciones necesitan. Ahora bien, a menudo la compartementalització de los diferentes departamentos dificulta una política coordinada de compra pública responsable y coherente", detalla Corbalán.
Son dos realidades que lastran la entrada, pero no la imposibilitan. El ayuntamiento de Barcelona adquirió el febrero de 2016 el compromiso de contratar sólo proveedores de productos electrónicos que incluyan cláusulas sociales para garantizar los derechos de los trabajadores que los prestan bienes y servicios, adhiriéndose así al proyecto Electronic Watch. Una medida que se extendió a todos los proveedores el abril del 2017, quienes tienen que cumplir las normas sociolaborales aprobadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Paralelamente, se estableció una Guía de contratación pública medio ambiental que ha hecho que la alcaldesa Ada Coláis, y los otros miembros del consistorio, tomen café de comercio justo. En ella, se estipula la introducción de productos básicos como café, azúcar, chocolate, té y otras bebidas y aperitivos de comercio justo a los comedores escolares y servicios de càtering y vending . También se estableció la obligación de adquirir productos textiles que respeten las convenciones de la OIT.
El ayuntamiento de Barcelona trabaja con proveedores que cumplen las normas laborales de la OIT y tiene más de la mitad de la deuda en la banca ética
El equipo de gobierno de Barcelona Común trabaja ahora en la elaboración de una nueva Guía de Contratación que tiene que extender la práctica a otros ámbitos. También a las finanzas, donde el 2015 el 100% de la deuda municipal y la gestión de las arcas públicas estaba exclusivamente en manso de la banca tradicional.
A finales del 2017, las cifras se revirtieron: el 54% de los 835 millones de euros de deuda municipal estaba en manso de la banca ética, pública y bonos sostenibles, y únicamente el 22% de las operaciones se financiaron con entidades tradicionales.
El ayuntamiento también se adhirió como socio a Fiare Banca Ética y a Cooperativa Caja de Ingenieros a lo largo del año anterior, así como se efectuó una prueba piloto con Coop57 y Fiare para un fondo de crédito municipal.