Hoy en día, establecer la nacionalidad de una compañía puede resultar un reto complicado, porque los elementos en juego para decidirlo son múltiples y no siempre se interpretan por igual. A veces se toma en consideración la sede social, pero desde que existen deslocalizaciones por razones de carácter fiscal o político se hace difícil utilizar esta variable; los accionistas o la ubicación del principal centro de trabajo también son datos a tener en cuenta, pero nunca definitivos, y es que la aparición de los fondos de inversión como protagonistas del mundo corporativo también introduce dudas sobre dónde es verdaderamente una empresa. Es posible que, al menos en el lenguaje coloquial, la variable definitiva sea la simple tradición: todos damos por bueno que, por ejemplo, Michelin es francesa, y no miraremos ni accionistas ni sede central. Todo esto viene a cuento porque hace un mes se supo que la compañía de telefonía más emblemática del Estado, Telefónica, tiene un máximo accionista de muy lejos, en concreto de Arabia Saudita, dado que STC Group (Saudi Telecom Company, empresa mayoritariamente estatal) ha hecho saber que había adquirido un 9,9%. Seguro que empezar un debate sobre la nacionalidad de Telefónica sería una tarea estéril, pero sí que hay que tener presente este tipo de operaciones porque tienen una trascendencia, digamos, nacional, como veremos más adelante.
El pasado 5 de septiembre la gran mayoría de medios informaban de lo que acabamos de decir que los saudíes habían invertido 2.100 millones de euros para adquirir un paquete de casi el 10%, pero no del 10%, sino del 9,9%. Esto no es un detalle menor. De hecho, un 4,9% del capital ya estaba en sus manos en forma de acciones y ahora lo han ampliado con cinco puntos adicionales a través de instrumentos derivados que todavía no se han ejecutado. Esto podría ser una operación corporativa más de las muchas que se realizan en el mundo, pero tiene una peculiaridad que la hace especial y que es la que ha hecho saltar las alarmas en el Estado. Esta singularidad es que Telefónica es considerada “empresa estratégica” por parte de España y, por tanto, existen limitaciones a la entrada de capitales extranjeros. La firma, que un día fue pública, pero que los gobiernos españoles decidieron privatizar, perdiendo así su control, es una pieza clave en la tecnología de defensa española y mantiene una estrecha colaboración con el CNI, el servicio de inteligencia estatal. Visto esto, es comprensible que el gobierno se ponga nervioso ante la compra por parte de STC, y es que, como hemos avanzado, es una compañía controlada por el gobierno saudí y, además, con el famoso 9,9% pasaría a ser su máximo accionista.
Telefónica es considerada “empresa estratégica” por parte de España y, por tanto, existen limitaciones a la entrada de capitales extranjeros
La empresa STC fue creada en 1998, cuando todos los activos de telefonía del ministerio de correos, telégrafos y teléfonos de Arabia Saudita fueron traspasados a una nueva estructura llamada Saudi Joint Stock Company, que era íntegramente propiedad del gobierno del país. Cuatro años después, se llevó a cabo una OPV (operación pública de venta) sobre el 30% del capital. En la actualidad, un 64% de la firma sigue en manos del Estado, mientras que el resto está muy atomizado, con fondos de inversión internacionales que en ningún caso alcanzan el 1,5%. Tiene un valor de mercado de 49.000 millones de dólares, aproximadamente el doble que Telefónica.
Volviendo a la operación que nos ocupa, lo que dice la legislación en estos casos (desde 2003, cuando la Ley 19/2003 limitó el régimen de liberalización de empresas clave a inversores extranjeros y el Real Decreto 571/2023) es que a partir del 10% del capital se necesita la aprobación explícita del Gobierno, mientras que para paquetes entre el 5% y el 9,9% es necesaria una notificación, además de asumir una serie de compromisos relativos a no utilizar los derechos políticos. Si no se produce esta renuncia a ejercer los votos que proporcionalmente correspondan en los órganos, entonces será necesario que el Consejo de Ministros apruebe explícitamente la operación. Todo ello es lo que se conoce como escudo anti-opas, que es más estricto en el caso de las empresas vinculadas a Defensa, como es el caso de Telefónica. Por este motivo, la operación también la está analizando el CNI, que debe aportar información para que el gobierno español pueda manifestarse.
Telefónica es una pieza clave en la tecnología de defensa española y mantiene una estrecha colaboración con el CNI, el servicio de inteligencia estatal
Sobre las intenciones de los saudíes, lo único que se ha hecho público es que "no tienen la intención de adquirir el control o una participación mayoritaria en la compañía", pero no parece nada claro que hayan renunciado explícitamente a sus puestos en el consejo de administración. La historia difícilmente se alargará más allá de tres meses, que es el tiempo que dispone legalmente el gobierno para responder.
Por cierto, resulta curioso que hayan coincidido en el tiempo dos operaciones mayores en el sector ibérico de las telecomunicaciones, como son esta de Telefónica y STC, y la salida del mercado español de la multinacional Vodafone.