Financiación, una relación de amor-odio entre la política y el ámbito técnico

Dos economistas han analizado el modelo de descentralización fiscal del Estado

El Consejo de Política Fiscal es el organismo en el que se tratan todos los asuntos relacionados con la financiación | Cedida El Consejo de Política Fiscal es el organismo en el que se tratan todos los asuntos relacionados con la financiación | Cedida

La página web del Ministerio de Hacienda describe, entre otros aspectos, que en España existen dos modelos de financiación: el régimen común y el régimen foral. Dentro del primer ámbito aparece una subcategoría ligada a territorios como Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. ¿Cuáles son las interioridades de la arquitectura económica? ¿Cómo se garantiza el cumplimiento de un determinado modelo?

Las economistas Núria Bosch y Maite Vilalta, a través del libro Models de finançament. Una immersió ràpida (Tibidabo Ediciones), intentan dar respuesta a las preguntas planteadas y, a la vez, ubicar el sistema español en el contexto europeo e internacional. Tradicionalmente, el modelo de financiación ha sido motivo de discusión entre los respectivos gobiernos de la Generalitat y el Estado, así como las comunidades autónomas.

Tradicionalmente, el modelo de financiación ha sido motivo de discusión política

A finales del mes de noviembre, el presidente Pere Aragonès encargó al departamento de Economía y Hacienda el diseño de una propuesta de financiación singular para Catalunya. A pesar de las últimas aproximaciones de Esquerra Republicana y Junts al PSOE, la reacción del Estado al planteamiento realizado desde la plaça Sant Jaume no anda en esta dirección. María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Hacienda, no contempla ninguna relación bilateral con Catalunya.

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Aparcando estrictamente la batalla política, en la primera parte del libro, Bosch y Vilalta ya empiezan a poner encima la mesa algunos de los elementos que constituyen la descentralización fiscal de España. Bajo el criterio de las autoras, el concepto de subvención de nivelación es clave para llevar a cabo un buen reparto de los recursos a cada autoridad gubernamental de un estado. En este caso, las 174 páginas del libro hacen especial mención a la relación gobierno español-comunidades autónomas-municipios.

El federalismo fiscal y las tres funciones

A la hora de profundizar en el reparto de competencias y gestión de impuestos, el federalismo fiscal atribuye tres funciones al sector público. Una primera es la asignativa, con la misión de corregir los factores externos. La función redistributiva modifica el reparto de la renta que realiza el mercado, sea con impuestos o transferencias de recursos. Para finalizar, la función estabilizadora, como bien expresa el nombre, busca un contexto de estabilidad de precios y crecimiento controlado. A pesar de que sea difícil que las tres funciones no colisionen, Núria Bosch y Maite Vilalta apuntan que "tiene una cierta utilidad separar las tres funciones con sus propios objetivos e instrumentos".

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Pese a la tradición de autogobierno que tiene Catalunya, además de las aspiraciones políticas visibilizadas entre los años 2012 y 2017, el trabajo académico relata que la experiencia de la mayor parte de los países federados ha comportado "una preponderancia del poder de la federación frente a los estados que la conforman". En su última reunión, antes de las fiestas de Navidad en el Palau de la Generalitat, Pere Aragonès y Pedro Sánchez acordaron el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

Desde la creación del IMV, durante la primera fase de la pandemia, la Generalitat y las entidades sociales pidieron que esta prestación se gestionara desde la comunidad autónoma. Más de una vez, Sánchez también ha recordado que el Estatut de Catalunya ya otorga un enorme protagonismo a la Agencia Tributaria catalana.

El trabajo académico relata que la experiencia de la mayor parte de los países federados ha comportado "una preponderancia del poder de la federación frente a los estados que la conforman"

Con el encargo a la consejera Natàlia Mas, la Generalitat pretende lograr la gestión, recaudación y liquidación de todos los impuestos en Catalunya. Como segundo punto fuerte, la hoja de ruta catalana incluye el mantenimiento de las cuotas de solidaridad, "partiendo de la comparativa nacional e internacional", afirman desde la administración catalana. A partir de estas circunstancias se pueden recuperar las páginas que Bosch y Vilalta dedican a primeros de transparencia.

"Hay que tener en cuenta que es mucho más probable que la ciudadanía entienda el modelo de financiación de sus gobiernos si una buena parte de los ingresos proceden de los tributos que los pagan directamente, que no si se basa en un entramado complicado de subvenciones entre gobiernos difícil de explicar", visualizan las académicas.

En paralelo a la propuesta de financiación singular, la consejería de Economía también ha iniciado los trabajos para analizar la mejora de la ejecución de inversiones del Estado en Catalunya y el aprovechamiento de inmuebles de titularidad estatal en Catalunya. El Comité Estratégico de Inversiones de la Generalitat será el encargado de determinar qué inversiones prioritarias para el Gobierno asumirá la Generalitat. Estas inversiones prioritarias se elevarán a la comisión de inversiones, organismo constituido por representantes del Gobierno y la Moncloa.

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