Hace unos meses, a propósito del aniversario de los informes de Draghi y Letta, advertía en un artículo en este mismo diario del riesgo de que aquellas reflexiones acabaran convirtiéndose en papel mojado. El diagnóstico que exponían era contundente: Europa pierde competitividad, capacidad industrial y peso en la economía global.
Entonces recuperé el mantra del 7/25/50 que la añorada canciller Angela Merkel había popularizado ya en 2013: las tres cifras que debían guiar el debate sobre nuestro futuro. La Unión Europea representa aproximadamente el 7% de la población mundial, el 25% del PIB global y el 50% del gasto social. Una combinación difícil de sostener en el tiempo que pone en tensión el modelo de bienestar europeo, especialmente en un contexto de crecimiento más débil y competencia global creciente.
Pero más allá de las cifras, el reto es también de naturaleza estratégica. En un entorno marcado por la reconfiguración de las cadenas de valor, la concentración tecnológica y el aumento de la competencia geopolítica, no basta con producir o atraer inversión. La cuestión clave es quién decide. Quién controla el capital, la tecnología y, en última instancia, las decisiones estratégicas que determinan dónde se invierte, qué se produce y cómo se compite. Un reto que ya abordé en un artículo posterior bajo el concepto de “soberanía empresarial”.
En este contexto, la Comisión Europea ha hecho público recientemente el borrador de la Ley de Aceleración Industrial, el instrumento comunitario para dar respuesta a los retos planteados por Letta y Draghi. La norma —aún pendiente de debate en el Consejo y en el Parlamento— no se plantea tanto como una nueva capa reguladora, sino como un intento explícito de corregir tres déficits estructurales: la falta de velocidad en la ejecución de proyectos, la insuficiente capacidad industrial y una orientación estratégica a menudo difusa. Todo ello con un objetivo claro: recuperar peso industrial hasta el 20% del PIB europeo en 2035, desde un nivel actual en torno al 14-15%.
El primer vector de cambio es la velocidad. En un contexto global donde los proyectos industriales se deciden y se ejecutan cada vez más rápidamente, los tiempos administrativos se han convertido en un factor competitivo de primer orden. La ley introduce mecanismos como las ventanillas únicas, la digitalización de los procedimientos y la fijación de plazos máximos de resolución. El objetivo no es solo simplificar, sino rediseñar el funcionamiento de la administración para hacerlo más previsible, trazable y eficiente. Reducir el time-to-market industrial es clave si Europa quiere competir con regiones que ofrecen entornos mucho más ágiles para la inversión.
El segundo vector es la construcción de capacidad. Aquí entran en juego las zonas de aceleración industrial, concebidas como espacios donde ya existen —o se planifican de manera anticipada— las condiciones necesarias para el desarrollo de proyectos: suelo, energía, infraestructuras y conectividad. En estas zonas, parte de las evaluaciones ambientales, urbanísticas o técnicas se realizan de manera agregada y previa, lo que permite reducir significativamente los plazos de implantación. Pero más allá de la agilización administrativa, el objetivo es concentrar actividad y generar masa crítica, facilitando la proximidad entre empresas, proveedores y centros tecnológicos. No se trata solo de acelerar proyectos, sino de construir ecosistemas industriales competitivos a escala global.
Un tercer elemento clave es el giro hacia la demanda como instrumento de política industrial. La ley incorpora criterios de contenido europeo y de baja huella de carbono en la contratación pública y en los mecanismos de apoyo. Esto implica que el precio deja de ser el único factor determinante y que el origen del producto y su impacto ambiental pasan a tener un peso relevante. Este cambio es especialmente significativo porque genera una señal de mercado estable y previsible, reduciendo la incertidumbre que a menudo frena la inversión industrial. En otras palabras, no solo se trata de facilitar la oferta, sino de asegurar que haya demanda.
En un contexto global donde los proyectos industriales se deciden y se ejecutan cada vez más rápidamente, los tiempos administrativos se han convertido en un factor competitivo de primer orden
Este enfoque conecta con otro de los grandes objetivos: convertir la descarbonización en una oportunidad industrial. En sectores como el acero, el cemento o el aluminio, la transición hacia tecnologías bajas en carbono implica inversiones elevadas que solo se justifican si existe una demanda que reconozca su valor. La combinación de regulación —mediante objetivos y estándares— y de políticas de demanda es, en este sentido, un elemento central para hacer viable esta transformación.
La ley incorpora también una dimensión explícita de seguridad económica. En un contexto de creciente tensión geopolítica, la identificación de sectores críticos y la reducción de dependencias externas devienen prioridades. Esto se traduce en incentivos a la producción interna, apoyo a proyectos estratégicos y diversificación de fuentes de suministro. El objetivo es reducir vulnerabilidades en cadenas de valor esenciales y reforzar la resiliencia del tejido productivo europeo.
Finalmente, uno de los aspectos más relevantes desde el punto de vista de la soberanía empresarial es el nuevo enfoque sobre la inversión extranjera. La ley abre la puerta a establecer condiciones en determinadas inversiones en sectores estratégicos, especialmente cuando superan ciertos umbrales. Estas pueden incluir requisitos de transferencia tecnológica, integración en la cadena de valor local o compromisos de creación de empleo. No se trata de limitar la inversión, sino de orientarla para que contribuya a reforzar las capacidades industriales europeas. Es, en definitiva, un paso hacia una política de atracción de inversión más cualitativa y alineada con objetivos estratégicos.
En conjunto, la Ley de Aceleración Industrial no solo define qué quiere hacer Europa, sino cómo quiere hacerlo: acelerar proyectos mediante la simplificación administrativa, concentrar capacidad a través de zonas específicas, activar la demanda como motor industrial, convertir la transición energética en una oportunidad competitiva e introducir criterios de calidad en la inversión son los principales mecanismos que articula.
Más allá de las medidas concretas, esta ley apunta a un cambio de paradigma: una Europa que deja atrás el diagnóstico para pasar, finalmente, a la acción. Pero el verdadero reto no es conceptual, sino ejecutivo. La cuestión ya no es si el diagnóstico era acertado, sino si tendremos la capacidad —y la determinación— de aplicar la receta con la velocidad, la coherencia y la ambición que exige un entorno global que no espera.