La Generalitat, a través de la Agencia Catalana del Consumo (ACC), ha abierto un expediente sancionador a diecisiete empresas que comercializan créditos rápidos por cláusulas y prácticas abusivas, unas infracciones que pueden comportar multas de entre 10.000 y 100.000 euros por caso. En declaraciones a la ACN, el director de Consumo, Isidor García, ha advertido que esta financiación no es un sistema “recomendable” y ha alertado de que los intereses pueden superar el 300%. Asimismo, ha lamentado que algunas empresas “se están enriqueciendo a costa de personas vulnerables” que “no tienen alternativa”. Las actuaciones derivan de una campaña de inspección hecha los últimos meses del 2025 sobre 21 compañías que ofrecen financiación por internet.
De las 21 empresas inspeccionadas, cuatro expedientes se han archivado porque las sociedades analizadas operaban únicamente como comparadores de ofertas y no comercializaban directamente préstamos. En el resto, los incumplimientos más habituales detectados son el cobro de tipos de interés y de demora abusivos, la falta de información sobre el derecho de desistimiento en el plazo de catorce días en contrataciones a distancia y la inclusión de cláusulas que permiten modificar unilateralmente el contrato.
Las infracciones que pueden comportar multas de entre 10.000 y 100.000 euros por caso
Así mismo, García ha subrayado que el coste de estos préstamos es “infinitamente más elevado” que el de un crédito ordinario y ha apuntado que los intereses pueden superar el 300% y llegar al 400% en caso de demora.
Personas vulnerables sin alternativa
Según García, “hay un elevado porcentaje de personas que acuden a este tipo de financiación porque sencillamente no tienen opción alternativa”, y ha dicho que también han detectado usuarios con problemas de adicción.
El director de Consumo ha ido más allá y ha asegurado que la problemática es “estructural” dentro del sector. “No tengo ninguna duda”, ha afirmado, reclamando una regulación “restrictiva y contundente” por parte del Estado. También ha advertido que actualmente estas empresas no están bajo el control del Banco de España y ha criticado que algunos operadores “se están enriqueciendo a costa de personas vulnerables”.
¿Cómo se pueden detectar cláusulas abusivas?
En paralelo, Consumo ha impulsado acciones informativas para advertir a la ciudadanía sobre los riesgos de estos productos y ha recomendado a los consumidores leer “con detenimiento” las cláusulas. “El ciudadano de a pie que mira la televisión y que ve publicidad y que dice que le ofrecen un crédito de una cuantía razonablemente pequeña a devolver en un plazo de tiempo razonablemente breve, aquí ha encontrado alguna de las empresas que nos hemos encontrado que están incumpliendo manifiestamente la normativa de protección de los consumidores”, ha alertado.
Las empresas pueden hacer alegaciones y, en un plazo máximo de un año, se resolverán los expedientes: “Lo primero que tenemos que hacer es poner en su sitio a los que han incumplido”, ha reivindicado García
Ahora, las empresas pueden hacer alegaciones y, en un plazo máximo de un año, se resolverán los expedientes: “Lo primero que tenemos que hacer es poner en su sitio a los que han incumplido”, ha reivindicado García, que ha dicho que la ACC no descarta repetir la campaña si no hay cambios normativos a corto plazo. “Si no llegamos a tiempo, de aquí a un año volveremos”, ha avisado.