La normativa laboral ha acelerado en los últimos cursos en el Estado español. Cuestiones como el aumento del salario mínimo interprofesional, la nueva reforma laboral y los convenios colectivos que la tomen de referencia o la garantía de la seguridad en el puesto de trabajo ante riesgos como la covid-19 o los estragos de la emergencia climática requieren una intensa fiscalización de las empresas en su relación con el personal. Los profesionales del cuerpo de inspectores de trabajo, si bien consideran que la vigilancia se está realizando correctamente, denuncian que los medios son insuficientes, mientras la carga de la inspección "aumenta notablemente" con las nuevas normativas. La presidenta del Sindicato de inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social, Ana Ercoreca, explica que, si bien se ha llegado a acuerdos con el gobierno central para mejorar las condiciones de los profesionales, "las estructuras no llegan, y los medios y los recursos tampoco".
Las cifras de la estructura de la inspección de trabajo española están muy por debajo de los estándares internacionales. La OIT, constata Ercoreca, recomienda que haya un profesional por cada 10.000 trabajadores en el país. El cuerpo español, sin embargo, solo cuenta con 1.004 inspectores de trabajo y 1.081 subinspectores, una fuerza pública muy por debajo de las necesidades del mundo del trabajo. Además, si bien en otros países se dividen los cuerpos de la inspección en varias especialidades –por ejemplo, en Italia hay tres cuerpos dentro de la institución, en linea con las exigencias de la Organización Internacional del Trabajo– en España no se aplica este modelo especialista, algo que dificulta una ya de suyo precaria organización. Esta situación se da, además, en un contexto de expansión de la normativa laboral. "Las competencias de la inspección se han ido volviendo más complejas, el grado de dificultad de los expedientes cada vez va a más", razona la presidenta del sindicato, que lamenta que este crecimiento en las obligaciones necesarias para el cumplimiento de la legislación laboral no haya ido acompañado de una dotación material más amplia.
Desde el sindicato aprecian el reconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo de las tareas de la inspección. Las negociaciones se han activado después de la pandemia, e incluso se han llegado a acuerdos reguladores sobre los aspectos a mejorar al cuerpo de inspectores de trabajo –unos acuerdos ratificados hasta en dos ocasiones con una convocatoria de huelga al cuerpo enmedio–. Sin embargo, y a pesar de que la secretaría de Trabajo se muestra predispuesta a negociar, ni se concretan las medidas ni los plazos de las conversaciones. De hecho, el proyecto estratégico de la ITSS, aprobado en noviembre y en vigor desde diciembre de 2021, no se ha cumplido. "No entendemos que un plan estratégico oficial no tenga visas de aplicarse", denuncia Ercoreca. Las condiciones de los inspectores y subinspectores exigen, además, una reforma urgente. Los representantes de los profesionales denuncian que se dan situaciones que ellos mismos sancionarían si se encuentran en una empresa, como guardias y visitas a empresas con sus propios vehículos por falta de infraestructura. Más allá del poco personal o los recursos limitados, los inspectores exigen también "acabar con la desigualdad salarial" respecto a otros cuerpos, o incluso dentro del mismo cuerpo.
Las centrales sindicales mayoritarias comparten esta reclamación, y alaban, de hecho, el volumen de fiscalización que se llega a aplicar sobre los incumplimientos del Estatuto de los trabajadores. El responsable de negociación colectiva de Comisiones Obreras en Catalunya, Jorge Moraleda, reconoce que "las actuaciones de la inspección son adecuadas, pero no disponen de recursos para hacer un trabajo ágil, específico y concreto". Por su parte, la secretaria de Política Social de la Unión General de Trabajadores al país, Enriqueta Duran, reclama una mejora de las condiciones para unos inspectores "en precario". "Es como la Sagrada Familia, un conflicto que se ha alargado mucho en el tiempo", ironiza la sindicalista.
La normativa supera las capacidades
Ercoreca lamenta que las condiciones de la inspección laboral están provocando "pérdidas de capital humano importante". Los salarios más elevados y la mejor situación en otros cuerpos funcionariales provocan que el número de opositores a la inspección de trabajo haya bajado sustancialmente –además, explica Moraleda, con una elevada tasa de rotación territorial, lo que provoca que a menudo algunas demarcaciones tengan carencias de personal todavía más acusadas–. En el conjunto del Estado, son a menudo las provincias más pequeñas las que encuentran más dificultades en cuanto a la fiscalización de los derechos laborales; si bien en Catalunya el gran volumen de denuncias en Barcelona hacen que la capital sea la región más lenta en su vigilancia del lugar de trabajo. "La media de inicio de actuaciones desde el registro de una denuncia es de nueve meses –declara el responsable sindical– y en ocasiones los problemas ya se han solucionado cuando la inspección ha podido llegar".
Desde la UGT denuncian que esta debilidad estructural provoca que la "excesiva normativa" a menudo no se lleve a cabo. Ercoreca, en este sentido, encuentra contradictorio que el andamio normativo en cuanto a los derechos laborales se apruebe a un ritmo tan elevado –cómo en los casos de la subida del SMI o de la nueva RL– pero las reformas estructurales al cuerpo funcionarial que lo aplica no se activen. Una cuestión que se hace todavía más llamativa si se atèn en las declaraciones del Ministerio de Trabajo, la titular del cual, Yolanda Díaz, ha reconocido den varias ocasiones la necesidad de reforzar el cuerpo de inspectores. "La ministra ha reconocido en el senado que trabajamos por encima de nuestras posibilidades, que hay que mejorar las cosas", apunta la presidenta del Sindicato de Inspectores, exigiendo que el análisis se pose en práctica.
Vigilar las nuevas realidades
La especialización del cuerpo funcionarial es una de las reclamaciones que se hace tanto desde la inspección como desde los sindicatos, especialmente a la hora de enfrentar muchas de las nuevas situaciones que se han generado en el mundo del trabajo durante los últimos años –sobrevenidas o estructurales–. Ercoreca recuerda, por ejemplo, que durante la pandemia "éramos los mismos los de los casos de covid, que los de los ERTE, que los de los accidentes laborales". En cumplimiento de las guía de la OIT, los representantes de los inspectores proponen una suerte de "división por materias" que especialice a cada profesional para dedicarse a un ámbito concreto y hacerlo con más recursos, tiempos y formación. La falta de esta especificidad, denuncian desde los sindicatos, la tienen que cubrir los mismos inspectores, a menudo fuera de su jornada laboral.
Moraleda reconoce que "la actuación inspectora es, en términos generales, buena; incluso en las situaciones más novedoses", como por ejemplo la economía de plataformas o las empresas multiservicios. El precario equilibrio de sus obligaciones, sin embargo, fuerza a los inspectores a "implicarse más, dedicar más recursos y más tiempo para hacer una tarea adecuada" en ámbitos laborales todavía para cartografiar. El responsable de negociación colectiva reivindica, además, nuevas aportaciones en cuestiones como la perspectiva de género que puedan facilitar la denuncia de incumplimientos al puesto de trabajo en relación con la ley de igualdad. "Cada vez hay más regulaciones y nuevas realidades que organizan el trabajo y piden un mayor grado de especialización para afrontar las situaciones con garantías", concluye Moraleda, que reclama al ministerio y a la dirección de la Inspección que facilite a los profesionales estas herramientas.
¿Se paga poco?
Duran reconoce que "los fraudes son numerosos porque los efectivos de la inspección son escasos", si bien a menudo incluso cuando un profesional del cuerpo funcionarial puede llegar a denunciar, sale más rentable pagar las multas que cumplir la ley. En algunos ámbitos, lamenta la secretaria de política social de UGT, "el régimen sancionador es irrisorio, y ya les sale a cuenta pagar". Moraleda coincide, si bien celebra que muchas de las nuevas normas han ido acompañadas de un endurecimiento de las penas económicas. Desde la nueva reforma laboral, por ejemplo, las empresas que contratan en fraude de ley han dejado de salir ganando. "Antes la multa máxima por una contratación fraudulenta era de 7.500 euros por sanción, sin importar la cantidad de contratos; ahora es de 10.000 por cada trabajador", explica.
Ambos representantes sindicales consideran que un régimen sancionador más duro es una "herramienta fundamental" para garantizar los derechos de los trabajadores. Duran añade el ejemplo de la normativa de protección de datos, en que las elevadas multas impuestas a cada incumplimiento garantizan el ajuste legal de las empresas. Si bien el sindicato de inspectores no se posiciona sobre la necesidad de una subida de las multas por algunas infracciones, Ercoreca sugiere una "reflexión sobre si hay que endurecer el régimen sancionador" en cuanto que "todavía se encuentran algunos incumplimientos". La presidenta recuerda además que en octubre del 2021 ya se incrementaron las cuantías un 20%; insistiendo además en que la principal herramienta para garantizar los derechos laborales es el refuerzo del cuerpo de inspectores.
Conflicto a futuro
El Ministerio de Trabajo ya ha comunicado, según apunta la presidenta del sindicato, a los representantes de los inspectores que se reunirán para volver a tratar sus reclamaciones. Aún así, como lamenta la misma Ercoreca, todavía esperan una concreción de la convocatoria, que reclaman que se dé durante el mes de septiembre. Desde el sector son tajantes: "suscribieron un compromiso que no han cumplido; y si no es real, estudiaremos las medidas a adoptar". En el futuro inmediato, pues, hay una nueva convocatoria de huelga, dado que las movilizaciones tienen, en general, "una respuesta muy positiva de los compañeros", celebra la presidenta. Las buenas intenciones del Ministerio, así, han dejado de ser suficientes para un cuerpo sobrecargado, infradotado y sin las estructuras que necesita. "Estamos hartos de que se nos dé las gracias", concluye.