El Gobierno ha dado luz verde este martes al primer paquete de 40 medidas para hacer frente a los efectos económicos y sociales derivados del conflicto en Oriente Medio, con una movilización de hasta 400 millones de euros. Así, se moverán 216 millones para apoyar al tejido económico, 154 millones para la transición ecológica y 30 millones para las familias más vulnerables.
En rueda de prensa, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha recordado que es un “plan abierto” a la evolución del conflicto y ha agradecido el trabajo realizado por los grupos de trabajo y las formaciones políticas. Según ha explicado, el objetivo es doble: proteger el poder adquisitivo de las familias y reforzar la resiliencia del tejido empresarial en un contexto de encarecimiento de la energía.
Entre las medidas, destacan las nuevas líneas de financiación para cubrir necesidades de circulante e inversiones en el exterior y ofrecer préstamos en condiciones preferentes para empresas y autónomos afectados
Entre las medidas, destaca la puesta en marcha de nuevas líneas de financiación dedicadas a, por un lado, cubrir necesidades de circulante e inversiones en el exterior y, por el otro, ofrecer préstamos en condiciones preferentes para empresas y autónomos afectados por la guerra en Oriente Medio.
También se refuerzan ayudas a la internacionalización, a la inversión industrial para la descarbonización y a empresas exportadoras con mercancías afectadas por el conflicto. Además, se crea un canal específico para atender consultas empresariales en menos de 48 horas y se despliegan medidas para mitigar el impacto de los costes energéticos y logísticos.
Transporte, agricultura y pesca
El paquete incorpora igualmente medidas sectoriales específicas. En el ámbito agrario y pesquero, se prevén ayudas para compensar el aumento del precio de los fertilizantes y de los carburantes, nuevas convocatorias para la protección de cultivos e incentivos para mejorar la eficiencia energética, como la implantación de puertas voladoras en la flota de arrastre o la electrificación de la acuicultura.
También se contemplan bonificaciones del 50% en servicios de apertura de nuevos mercados y acceso a informes de riesgo para empresas exportadoras. En paralelo, se plantea la exención temporal del impuesto sobre emisiones de CO₂ para vehículos ligeros de transporte y de tasas vinculadas a titulaciones de pesca.
Ayudas a las familias
En el ámbito social, el Gobierno destinará hasta 30 millones de euros a proteger a las familias y a los colectivos más vulnerables. Se creará una línea de ayudas específica para situaciones de vulnerabilidad derivadas de la crisis y se reforzarán las ayudas municipales de urgencia social para garantizar el acceso a la alimentación y a los suministros básicos.
También se prevé aumentar los recursos para el transporte público para absorber un posible incremento de la demanda y revisar los precios del transporte escolar para evitar que queden desiertas licitaciones.
Transición ecológica
El tercer eje, dotado con hasta 154 millones de euros, se centra en acelerar la transición energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Incluye nuevas líneas de crédito para financiar proyectos de energías renovables, el impulso de parques fotovoltaicos públicos y comunidades energéticas, la promoción del biogás y la simplificación de los trámites para el autoconsumo.
La comisión interdepartamental continuará analizando el escenario y elaborando nuevas medidas en función de la evolución del conflicto y de sus efectos sobre la economía catalana
También se refuerza el despliegue del vehículo eléctrico y la infraestructura de recarga, así como el seguimiento del precio de los combustibles para adaptar las políticas de transporte.
Seguimiento de los precios
Finalmente, el Gobierno prevé un seguimiento del impacto de la crisis a través de la Agencia Catalana del Consumo, con el objetivo de controlar la evolución de los precios y evitar efectos negativos sobre las familias y los beneficios empresariales.
Paralelamente, la comisión interdepartamental creada este mes continuará analizando el escenario y elaborando nuevas medidas en función de la evolución del conflicto y de sus efectos sobre la economía catalana.