El Parlamento Europeo ha aprobado este martes un mecanismo para suspender temporalmente partes del acuerdo comercial de la Unión Europea con el Mercosur si se detecta un aumento de importaciones que perjudica al sector agroalimentario europeo. Las llamadas “salvaguardas” de Bruselas buscan dar más seguridad a los agricultores y ganaderos. Este mecanismo de protección se aplicará una vez entre en vigor el acuerdo comercial provisional, y continuará vigente una vez esté en vigor todo el acuerdo entre la UE y el Mercosur. Los dos documentos se han firmado, pero todavía están pendientes de ratificación.
La Comisión Europea se inclina por aplicar provisionalmente el acuerdo del Mercosur cuando “uno o más países” de este bloque haya completado sus procedimientos para ratificar el acuerdo. “Estaremos listos cuando ellos lo estén”, dijo a finales de enero después de que la Eurocámara decidiera bloquear la tramitación parlamentaria del pacto comercial haciendo una consulta legal al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Los tratados de la UE permiten a los estados aplicar provisionalmente el pacto sin el aval previo del Parlamento Europeo “si es necesario”.
Mecanismo para detener parcialmente el acuerdo
Las salvaguardias del acuerdo con Mercosur son un mecanismo para que la Unión Europea pueda suspender temporalmente las preferencias arancelarias a determinados productos agrícolas considerados sensibles, como la carne de vacuno procedente de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en caso de que se detecte un perjuicio para los productores europeos.
La Comisión Europea debería iniciar una investigación cuando las importaciones de estos productos aumenten de media un 8% en un período de tres años, menos del 10% propuesto inicialmente por la Comisión. Las investigaciones concluirán en un plazo de cuatro meses en el caso de productos “sensibles” y, en casos urgentes, se podrán introducir medidas provisionales en un plazo de 21 días.
Además, la Comisión Europea supervisará “constantemente y proactivamente” las importaciones de productos sensibles identificados e informará al menos cada seis meses sobre la evolución del mercado y cualquier riesgo de perjuicio para los productores de la UE. Si la industria de la UE lo solicita “debidamente”, las investigaciones se podrán ampliar a otros productos no incluidos en la lista de los sensibles.