Poco ha durado la tranquilidad para las pensiones. Primero, el Banco de España avisó que con la última reforma no había suficiente para garantizar la viabilidad. Después, Feijóo vino a Barcelona para anunciarnos que su prioridad será reducir el déficit público. Todo ello, mientras en el primer trimestre del año se ha vuelto a marcar récords en número de afiliados a la Seguridad Social y de recaudación impositiva.
La hucha inexistente
Mucha gente de la calle todavía se piensa que hay una hucha donde se pone todo el dinero que ha pagado a lo largo de la vida y que después el Estado lo devuelve en forma de pensión. Este, pero es el principio básico de los fondos de pensiones privados, pero no de nuestro sistema público ni el de la mayoría en Europa. Nosotros tenemos un sistema denominado de reparto o de solidaridad generacional. Quienes trabajan ahora cotizan para financiar las pensiones actuales. Quienes trabajarán en el futuro, financiarán las pensiones de los que trabajan en este momento. Este sistema tiene unos requisitos básicos para ser viable. Primero, que el número de los que ahora trabajan sea suficientemente elevado para que con sus cotizaciones puedan financiar las pagas de los pensionistas actuales. Segundo, que el importe medio de estas cotizaciones de ahora -que están directamente vinculadas al salario bruto- sea bastante alto porque no basta con el número de personas que cotizan, sino que se tiene que tener en cuenta el importe que mensualmente pagan.
Hay todavía un tercer elemento que es común en todas las sociedades, que es el aumento de la esperanza de vida. Para ser más exactos, lo que es relevante es la relación entre el número de años que se cotiza -que tiende a disminuir porque la incorporación al mercado laboral es más tardía- y el número de años que se cobrará la pensión, en función de esta esperanza de vida.
Nosotros tenemos un sistema denominado de reparto o de solidaridad generacional
Las tres ecuaciones juegan a la vez y no basta con que una o dos tengan una evolución positiva si la restante tiene un comportamiento muy negativo. Por la misma razón, no basta con actuar solo sobre una de las variables, sino que hay que hacerlo sobre todas a la vez. Por eso mismo, la solución es compleja y la única alternativa a no hacerlo bien es disminuir el importe real -una vez descontado el coste de la vida- de las pensiones.
Trabajadores en activo: entre la baja natalidad y la inmigración
Sobre el número de los que trabajan y, por extensión del volumen de la población, las previsiones hace años que son negativas. Aun así, los datos continúan siendo positivos porque la inmigración compensa con creces el descenso del crecimiento vegetativo, es decir, la diferencia entre el número de nacimientos y de defunciones. Si bien en términos de salud y de alargamiento de la esperanza de vida hemos mejorado mucho y tenemos una de las esperanzas de vida más elevadas del mundo, las políticas y los recursos destinados a aumentar la natalidad han sido escasas y erráticas. Y con unos resultados claramente a la baja.
La promoción de la natalidad autóctona es una de las recetas clásicas de la extrema derecha, pero es una apropiación derivada de la falta de voluntad y acierto de nuestros gobiernos democráticos. Si hace unas décadas los países nórdicos lideraban las bajas natalidades, las decididas políticas favorecedoras han cambiado la situación y ahora es en el sur de Europa donde tenemos las tasas más bajas. Por lo tanto, aquí hay mucho camino por recorrer.
El aumento de las cotizaciones y el rechazo patronal
En cuanto al importe de las cotizaciones, decíamos que dependía directamente del salario. Eso sí, siempre que no optemos por aumentar el porcentaje de la retribución bruta que pagan trabajadores y, muy principalmente, empresarios. La última reforma aprobada prevé un aumento general de las cotizaciones para financiar el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, con un incremento de una décima anual hasta llegar a un total del 1,2%. Y también que los salarios más altos, que hasta ahora en los tramos finales no cotizaban en la Seguridad Social, pasen a hacerlo. Nada se ha concretado sobre el tope de la pensión máxima que, lógicamente, tendría que desaparecer si también lo hace la cotización máxima vigente hasta ahora.
La reforma ha topado con el rechazo de la patronal porque, al ser la empresa quién soporta la mayoría de las cotizaciones, encarece los costes empresariales
En los dos casos, la reforma ha topado con el rechazo de la patronal porque, al ser la empresa quién soporta la mayoría de las cotizaciones, encarece los costes empresariales. Aunque acabamos de saber que los beneficios industriales han crecido un 1,5 % pese a las turbulencias en los mercados y las distorsiones que causa la inflación. Un aumento de las cotizaciones no deja de ser un aumento de los costes del trabajo. Es decir, de un impuesto especialmente oneroso sobre el trabajo que disminuiría el número de trabajadores contratados al aumentar los costes de contratación. Veremos después que no es exactamente así.
¿Un impuesto sobre los robots?
Una vía de financiación de las pensiones todavía por explorar es la creación de un impuesto específico sobre alguno de los elementos que participan en el proceso productivo. Expertos cómo Yuval Harari han llegado a plantear una fiscalidad para los robots, dado que estos sustituyen directamente mano de obra humana. El concepto de robot es más bien evanescente. La robotización de un almacén o de una cadena de producción a menudo rebasa la imagen clásica que tenemos del robot como artefacto con forma humana que sustituye las personas y sería un objeto fiscal difícil de estandarizar. Aun así, es un camino a explorar.
Financiar pensiones con los presupuestos generales del Estado
Como es un camino también la financiación de las pensiones, ni que sea parcial, por parte de la fiscalidad general. De hecho, esta ya es una puerta que progresivamente se ha ido traspasando en aquellas prestaciones que no llegan a la pensión mínima establecida y que se complementan para que puedan hacerlo. Son las llamadas prestaciones no contributivas. El otro ámbito donde se está en camino de financiar a través de la fiscalidad general son las exenciones y rebajas de que disfruta la contratación de determinados colectivos -sobre todo jóvenes, parados de larga duración, nuevos emprendedores o discapacitados- con el objetivo de facilitar la entrada, el regreso al mercado de trabajo o la viabilidad inicial de las experiencias empresariales de los autónomos. Tanto las prestaciones no contributivas, que incluyen también las de viudedad y orfandad, cómo las rebajas y exenciones a las cotizaciones sociales habían sido tradicionalmente financiadas por las cotizaciones de los trabajadores en activo. Ahora van a cargo de los presupuestos generales y se abre el camino para que partes más abundantes del gasto en pensiones sean asumidas de esta forma.
Con salarios cada vez más bajos, las pensiones no tienen futuro
Aun así, el aumento en los costes del trabajo que para la empresa representa hacerse cargo de la mayor parte de las cotizaciones sociales no parece que sea un factor muy decisivo a la hora de generar puestos de trabajo, especialmente en los ámbitos menos calificados. El aumento en el número de quienes cotizan en la Seguridad Social se basa sobre todo en los trabajadores de los servicios personales menos calificados: hostelería, comercio, restauración, limpieza o curas personales. Son los sectores más mal pagados de la economía, con trabajos más duros en términos de esfuerzo físico y de conciliación personal. Son los trabajos que a menudo no quieren los autóctonos y que vienen a ocupar los inmigrantes de baja calificación.
El aumento en el número de quienes cotizan a la Seguridad Social se basa sobre todo en los trabajadores de los servicios personales menos calificados: hostelería, comercio, restauración, limpieza o curas personales
Pero el pan para hoy será hambre para mañana. Y por ahora mismo. Aunque poco, estos trabajadores cotizan, pero cuando se jubilen, a menudo anticipadamente por largas dolencias derivadas de su esfuerzo físico, tendrán derecho a una pensión mínima, aunque no hayan cotizado durante su vida laboral bastante para poderla financiar. Y el problema de financiación de las pensiones se agravará. A corto plazo, además, las prestaciones sociales básicas -salud, educación, transporte público y servicios sociales- difícilmente quedarán financiadas por unas personas de bajos salarios, que en parte envían a su país y que consumen y pagan pocos impuestos indirectos.
Y volvemos al lugar de siempre: el modelo productivo
Aunque se han hecho adelantos importantes en los últimos años en materia de salario mínimo, todavía estamos muy lejos de los estándares europeos. Así que los turistas, por ejemplo, aprovechan su estancia para ir a la peluquería -o al restaurante-, porque los servicios personales aquí son mucho más asequibles debido a los bajos salarios de estos sectores.
Todo ello implica, pues, reorientar un modelo productivo basado en el turismo y los bajos salarios para reorientarlo hacia otro con más valor añadido, más industria y más innovación, que permita pagar salarios -y cotizaciones- más elevados. No es fácil, pero es imprescindible si no queremos que a pesar del crecimiento del número de afiliados a la Seguridad Social no acontezca una solución, sino una agravación del problema.
Del reparto a la capitalización
Decíamos al principio que España se rige por un sistema de reparto, el más común en Europa a partir del modelo alemán que Bismarck empezó a implantar. Cuándo la España de Franco creó el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), en 1947, se basó en el modelo alemán que, a corto plazo, era mucho más goloso políticamente, puesto que de repente los más grandes de 65 años, con muchas restricciones y con prestaciones muy bajas, eso sí, empezaban a cobrar una pensión.
En Catalunya, desde el siglo XIX, muchas profesiones de la industria y el comercio ya habían creado mutuas para garantizar una pensión al final de la vida laboral. Era un tipo de modelo de capitalización sin afán de beneficio. Todo esto quedó intervenido y medio desmantelado y sustituido por la nueva Seguridad Social gubernamental, que en 1963 reuniría bajo un solo organismo todas las prestaciones sociales públicas -paro, dolencia o maternidad- existentes hasta entonces.
Aun así, en el mundo anglosajón es mayoritario el modelo de capitalización y varios países, sobre todo latinoamericanos, han intentado hacer una transición de un modelo al otro. La semana que viene hablaremos de estos intentos, centrándonos en el caso chileno, y en un caso de cultura anglosajona que funciona razonablemente bien, el australiano.