Uno de los hechos más relevantes de la última legislatura española ha sido el proceso masivo de regularización de los trabajadores del sector público. Aparte de los interesados y de su entorno inmediato, pocos se han enterado de que la gran mayoría de los trabajadores en régimen de interinidad que existían en las diferentes administraciones han pasado a ser funcionarios de pleno derecho a través de concursos restringidos de méritos
El sector público, campeón de la temporalidad
Primero fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y luego la misma Comisión Europea quienes exigieron que se disminuyera la elevada tasa de temporalidad en las administraciones públicas españolas, que habría llegado al 28% del total según las estimaciones sindicales, con unos 800.000 trabajadores en total. Una tasa de temporalidad por encima de la de la empresa privada. La generalización de los contratos temporales públicos fue la forma en que las administraciones reaccionaron a las restricciones impuestas para enfrentar la crisis económica y financiera a partir de 2010: máxima flexibilidad para deshacerse de cargas de personal cuando volvieran a haber malos datos.
Pero el TJUE argumentó que si se trataba de necesidades estructurales, ya que muchos trabajadores públicos estaban en situación de interinidad desde hacía seis, ocho o diez años, no podían cubrirse con trabajadores temporales. Además de la incertidumbre que deriva de toda temporalidad, los trabajadores en esta situación no podían asumir formalmente responsabilidades dentro de la administración porque no tenían el estatus de funcionarios y veían así truncada cualquier posibilidad de promoción profesional.
Las distorsiones de la temporalidad pública
Sin embargo, las prisas por resolver una situación absolutamente disfuncional, además de injusta, se han saldado con una nueva perpetuación de un modelo laboral caduco que lastra la eficiencia de las administraciones. Entre las lecturas literarias del bachillerato de hace algunas décadas, había una novela de Pérez Galdós sobre el cesante. En el sistema de turnos de la restauración borbónica de finales del siglo XIX, cada vez que liberales o conservadores entraban al gobierno de Madrid, cesaban a todos los trabajadores públicos existentes y colocaban a sus afines. Y así sucesivamente.
La receta de las administraciones públicas con la crisis económica: máxima flexibilidad para deshacerse de cargas de personal cuando volvieran a haber malos datos
Para evitar este régimen caciquil, se generalizó la figura del funcionario de carrera, trabajador fijo de la Administración, que no podía ser despedido según las circunstancias e intereses políticos de cada momento. Es cierto que esto no pudo evitar la depuración masiva de funcionarios por Franco y la exigencia de jurar fidelidad a los Principios del Movimiento de quienes permanecieron en la Administración o se unieron después. Pero este régimen de funcionariado continúa vigente en la actualidad y es un factor de estabilidad, algunos dirían conservador, frente a eventuales veleidades políticas de cambio, ya sea en un sentido u otro. En todo caso, un modelo laboral de hace más de cien años.
El Estado profundo
Este también es el sistema que ha hecho posible una parte sustancial del deep state madrileño y español: una casta endogámica, a pesar del sistema de oposiciones, que actúa como un poder autónomo dentro del Estado para asegurar su supervivencia y los beneficios de su statu quo. Y no se trata solo de abogados del Estado o altos funcionarios. Recordemos que los dos colectivos que se manifestaron claramente en contra, el primero incluso anunciando una huelga, ante los acuerdos de Pedro Sánchez con los partidos catalanes para traspasar Rodalies y, eventualmente, toda la recaudación impositiva, fueron el personal ferroviario, que aunque no son funcionarios estrictamente, se les asemejan, y los inspectores de Hacienda.
La reproducción del sistema español en Catalunya
Uno de los reproches históricos que se ha hecho con más fundamento al presidente Pujol ha sido que en su momento, cuando dijo, recién nombrado por primera vez, que la Generalitat eran solo Prenafeta y él mismo, optó por construir la nueva administración pública catalana con los mismos criterios con los que funcionaba la española. Ahora es una distopía pensar qué hubiera pasado si se hubiera intentado otro camino y, en su caso, le habrían dejado transitarlo. Pero el caso es que hoy mismo la administración catalana padece más o menos de los mismos males que la española. Eso sí, sin demasiado estado profundo, porque no tenemos el poder de estado. De los 800.000 interinos que había en la administración española, se estima que 40.000 estaban en la de la Generalitat. A ellos se sumarían los de los ayuntamientos, diputaciones y otras administraciones locales.
Servicios públicos para dos millones más
Es verdad que todo debe contextualizarse. En veinte años hemos pasado de seis a ocho millones de habitantes y las costuras del sector público, especialmente de los servicios que se prestan más directamente a la población -sanidad, educación, asistencia social-, se han resentido especialmente, sobre todo después de la oleada de recortes para asegurar su viabilidad presupuestaria. El malestar de los profesionales más directamente implicados no proviene solo de una provisionalidad prolongada durante quinquenios, sino de la sobrecarga de trabajo y la falta de reconocimiento económico y social. Después nos llevamos las manos a la cabeza con los informes PISA.
La administración catalana padece más o menos los mismos males que la española. Eso sí, sin demasiado estado profundo, porque no tenemos el poder de estado
Controles burocráticos
Paralelamente, se ha producido un fenómeno tan o más preocupante. A raíz de determinados casos de malversación pública, muchos de los cuales estaban vinculados a la fiebre especulativa de nuestra economía, los controles destinados a evitarlo se han multiplicado exponencialmente y han terminado generando una burocracia, aunque sea digital, y un ralentizamiento en la materialización de las decisiones absolutamente disfuncional. Esto no afecta solo a los trabajadores de los servicios centrales de las administraciones. Cada colectivo tiene los mismos servicios centrales y los retrasos se multiplican. No solo por normativas y procedimientos poco claros o enrevesados, sino por el miedo a asumir responsabilidades por parte de todos y, en última instancia, por parte de los llamados cuerpos nacionales del estado, como interventores y secretarios. Estos han pasado de tener una actitud proactiva para superar obstáculos y disfunciones administrativas y burocráticas en las primeras fases de la democracia a erigirse en el último bastión de la ortodoxia legal y procedimental. No sea caso que..."
El baby-boom de la Administración
Una parte sustancial de los trabajadores públicos se incorporaron a la Administración durante las décadas de los 80 y 90, cuando estas se desarrollaron después de décadas de anemia durante el franquismo y cuando los baby-boomers comenzaban a llegar a la edad adulta. Muchos eran jóvenes profesionales con verdadera vocación de servicio público, que creían que desde la Administración podrían contribuir decisivamente a mejorar la situación del país y de la sociedad. La misma Generalitat se conformó básicamente durante aquellas décadas. En el ámbito interno, todos se han ido dando cuenta de las dificultades crecientes para cambiar muchas cosas desde la Administración o desde la escuela y los servicios sociales. Son trabajadores públicos que a menudo, cuando empezaron, tuvieron que aprender a hacer funcionar un ordenador, que no se incorporaron masivamente al trabajo hasta avanzados los años ochenta y que han cambiado tanto la forma de trabajar, especialmente en las tareas administrativas.
Todo el mundo se ha ido dando cuenta de las dificultades crecientes para cambiar muchas cosas desde la Administración o desde la escuela y los servicios sociales
Una oportunidad para mejorar la eficiencia pública
Como todos los funcionarios, tuvieron que superar unas oposiciones exclusivamente memorísticas para consolidar su puesto de trabajo, y las posibilidades de formación, mejora y evaluación no sectaria del trabajo realizado han sido escasas. En cualquier caso, la mayoría de este colectivo alcanzará la edad de jubilación en la próxima década, y será necesario articular medidas para no perder repentinamente el know-how, es decir, los conocimientos y la experiencia acumulados en el sentido más amplio, y habilitar medidas para contar con un personal público adecuado para las nuevas necesidades, los nuevos procedimientos y las nuevas exigencias que reclama y reclamará la sociedad. La eficiencia del sector público es una de las claves decisivas para la productividad y el bienestar de un país. No solo depende de su factor humano, pero este es el elemento principal.
Con los procesos de sustitución derivados de las jubilaciones masivas, deberíamos ser capaces de crear un sistema más moderno, más flexible, más evaluable y más eficiente para la función pública
Con la regularización de los trabajadores interinos, hemos perdido, quizás inevitablemente, una oportunidad para mejorar el sistema de provisión de trabajadores públicos. Ahora, con los procesos de sustitución debido a las jubilaciones masivas, deberíamos ser capaces, al menos desde Catalunya, de crear un sistema más moderno, más flexible, más evaluable y, en última instancia, más eficiente para la función pública. Ya sabemos lo que pesan las leyes españolas, las inercias, las presiones del estado profundo y las posibilidades de equivocarse al emprender un nuevo camino. Pero ahora tenemos la oportunidad de reorientar la función pública para que sea capaz de atender de forma eficiente las crecientes y cambiantes necesidades que una sociedad más próspera, más equilibrada y más dinámica requiere. Una Administración pública a la altura de los retos y de las aspiraciones de una sociedad del siglo XXI.