El sector inmobiliario catalán recorre contra los 140 municipios declarados áreas tensionadas

Promotores y administradores de fincas, entre otros, avisan de que carece de una memoria justificativa de la medida

El mercado inmobiliario, en alerta| iStock El mercado inmobiliario, en alerta| iStock

Las entidades representativas de los profesionales y empresas del sector inmobiliario de Catalunya han presentado un recurso de alzada en el Departament de Territori ante la declaración de zonas de mercado residencial tienes en 140 municipios catalanes, donde está previsto que se pueda limitar el precio del alquiler. Según las entidades, la resolución de la Secretaría de Vivienda declarando estas zonas como tensas es contraria a la ley 12/2023 de 24 de mayo por el Derecho a la Vivienda, presentando alegaciones el pasado 27 de julio. Concretamente, alertan de que existía la falta de una memoria justificativa para cada uno de los 140 municipios y de un plan específico que corrija el desequilibrio entre la oferta y la demanda, según explican en un comunicado.

Han firmado este recurso de alzada, que es el previo a la interposición a un recurso contencioso administrativo, el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Catalunya, el Consejo de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad inmobiliaria de Catalunya, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana de Cataluña y la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE).

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Otro de los argumentos es que la sección de los requisitos para poder declarar formalmente una Zona de Mercado Residencial Tenso (ZMRT) que recoge la resolución  es "sesgada" y no corresponde a la definición de la Ley de la Vivienda en el cálculo de cuál es la carga en concepto de vivienda que pueden soportar a las familias.

Precisamente, una de las cuestiones que la consejera de Territorio, Ester Capella, pidió tratar en la reunión de este miércoles en Madrid con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, es la validación del índice de referencia catalán para aplicar la contención de los precios del alquiler.

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