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Para muchos taiwaneses, Jensen Huang era casi un héroe nacional. Nacido en Tainan, había convertido a Nvidia en una de las empresas más poderosas del mundo y se había ganado la reputación de un hombre que no olvidaba sus raíces. Pero una cosa es amar Taiwán y otra dirigir una multinacional. Huang quería seguir vendiendo en China porque perder aquel mercado significaba dejarlo en manos de los competidores. Su dimisión, el 12 de noviembre, llegó después de la publicación de informaciones sobre su relación con Alice Huang, exdirectiva de Megaspeed, una empresa bajo sospecha por posibles desvíos de chips avanzados hacia clientes chinos. Los servicios de inteligencia estadounidenses la consideraban una posible colaboradora de Pekín, pero las pruebas no se han hecho públicas. Nvidia, por su parte, ha afirmado que no tiene indicios de que se hayan comprometido secretos empresariales o la seguridad nacional.
La manera en que el caso ha llegado a los medios también merece atención. Según diversas informaciones periodísticas, Donald Trump ya había sido advertido en 2025 sobre la relación de Huang con una mujer sospechosa de trabajar para la inteligencia china, pero no tomó medidas públicas para detener la actividad cuestionada. Algunas fuentes apuntan que la Casa Blanca quería evitar perjudicar a Nvidia y poner en riesgo la tregua comercial con Pekín. La publicación de detalles de un memorándum de Marco Rubio añadió presión política a un caso que ya había llegado al Congreso. La coincidencia con el cambio de equilibrios políticos en Washington alimenta las sospechas sobre el uso partidista de la información, pero no permite determinar quién filtró el documento ni con qué finalidad. Cuesta, sin embargo, no ver en ello una maniobra en la batalla interna de Washington entre los partidarios de endurecer las restricciones tecnológicas a China y quienes prefieren mantener abierto el negocio.
También cuesta creer que Huang no se hubiera preguntado por qué determinados intermediarios querían acceder a grandes cantidades de procesadores avanzados y dónde acabarían. Una GPU no es precisamente una tostadora: es una pieza clave para entrenar sistemas de inteligencia artificial que pueden tener aplicaciones civiles, militares y de espionaje. Esto no demuestra que Huang conociera una eventual operación de inteligencia, ni que supiera que su amante fuera una presunta espía. Pero sí que plantea una pregunta incómoda sobre la responsabilidad de una empresa cuando su producto es estratégico y hay indicios de que puede acabar en manos de destinatarios no autorizados. Huang defendía el mercado chino porque era un gran negocio. Ahora, el coste de esta apuesta ya no se mide solo en ventas perdidas o ganadas, sino también en confianza política. Las raíces y el patriotismo pueden dar muy buena imagen; la cuenta de resultados, sin embargo, acostumbra a tener la última palabra.
Las raíces y el patriotismo pueden dar muy buena imagen; la cuenta de resultados, sin embargo, acostumbra a tener la última palabra
Para Taiwán, la salida de Huang no debería confundirse con una pérdida de peso industrial. La fuerza de la isla no depende de las relaciones personales de un directivo, sino de un ecosistema tecnológico construido durante décadas, con TSMC como pieza central. En 2025, los procesos de fabricación de siete nanómetros o inferiores representaron el 74% de los ingresos de TSMC por fabricación de wafers, cinco puntos porcentuales más que el año anterior y dieciséis más que en 2023. Esta capacidad seguirá siendo necesaria para la industria de la inteligencia artificial, independientemente de quien dirija Nvidia. El reto es otro: mantener el peso económico de Taiwán mientras aumentan las presiones para que las empresas de la isla refuercen los controles sobre el destino de sus productos y se alineen con las prioridades estratégicas de Washington.
El caso también invita a mirar más allá de los chips y de Taiwán. En China, la frontera entre los intereses privados y los del Estado está condicionada por un marco legal que las empresas y las instituciones extranjeras no deberían ignorar. El artículo siete de la Ley de Inteligencia Nacional, aprobada en 2017, obliga a las organizaciones y a los ciudadanos a cooperar con las tareas de inteligencia de acuerdo con la ley, mientras que el artículo catorce permite a los organismos competentes requerir esta cooperación. La cuestión no es solo qué establecen estas disposiciones, sino también qué margen dejan para su aplicación.
La experiencia de Hong Kong muestra cómo la legislación de seguridad nacional puede ampliar progresivamente el alcance del control político. Y las investigaciones sobre las redes policiales chinas en el extranjero han documentado otra dimensión del problema: los intentos de ejercer presión sobre personas que viven fuera del territorio chino, incluso al margen de los procedimientos judiciales de los países donde residen. La legislación china no convierte automáticamente a todos sus ciudadanos en agentes del Estado, pero sí que plantea preguntas legítimas sobre las obligaciones que pueden afectar a determinadas personas y organizaciones. En política internacional, la letra pequeña de una ley puede pesar más que la letra grande de un contrato.
La experiencia de Hong Kong muestra cómo la legislación de seguridad nacional puede ampliar progresivamente el alcance del control político
Esta cuestión también interpela a las administraciones europeas que quieren ampliar su presencia en China y mantener relaciones económicas e institucionales. La legislación china en materia de inteligencia y los antecedentes documentados de operaciones de presión transnacional obligan a examinar qué garantías protegen la autonomía de las personas y las organizaciones que trabajan allí. Para las instituciones públicas, esto implica delimitar qué información comparten, preservar la capacidad de decisión propia y establecer procedimientos para detectar posibles injerencias.
Las investigaciones sobre las llamadas comisarías chinas en el extranjero ilustran una parte de este problema. Varios países europeos han investigado presuntas actividades de presión sobre ciudadanos chinos residentes en su territorio, al margen de los procedimientos judiciales locales. Los casos no tienen todos el mismo grado de gravedad, pero han situado la proyección de las estructuras de seguridad chinas más allá de sus fronteras en la agenda de las autoridades europeas. Actualmente, la cuestión que habría que poner sobre la mesa en nuestro país es qué controles deben acompañar las relaciones con organismos y representantes vinculados al estado chino, especialmente cuando hay acceso a información política o institucional sensible.
Los casos de espionaje investigados en Europa también han demostrado que las operaciones de influencia pueden aprovechar personas integradas en las propias instituciones europeas, independientemente de su nacionalidad. La cuestión no es, por lo tanto, el origen de quien trabaja allí, sino el acceso a información delicada, los intereses que pueden condicionar sus decisiones y las garantías que protegen la autonomía institucional. Cuando intervienen personas u organizaciones sujetas a un marco legal que establece obligaciones de cooperación con los servicios de inteligencia de otro Estado, hay que examinar también qué alcance tienen estas obligaciones y qué mecanismos protegen la información compartida.
China es un mercado demasiado importante para que Europa pueda prescindir de él, pero esta interdependencia no elimina la necesidad de establecer salvaguardas
China es un mercado demasiado importante para que Europa pueda prescindir de él, pero esta interdependencia no elimina la necesidad de establecer salvaguardas. Las relaciones económicas, la cooperación tecnológica y la representación institucional requieren criterios claros sobre la protección de la información, la transparencia de los acuerdos y la rendición de cuentas. La cuestión no es si hay que relacionarse con China, sino qué garantías se exigen antes de hacerlo, cómo se comprueba que se respetan y quién asume la responsabilidad si estas garantías no son suficientes.
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