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Manish Kumar lleva casi treinta años en Japón. Sus hijos han nacido y crecido allí, solo hablan japonés y han hecho toda su vida en el país. Él ha regentado durante dieciocho años un restaurante indio en Saitama, al norte de Tokio. Ahora tiene que cerrarlo y preparar su salida del país después de que las autoridades japonesas le hayan denegado la renovación del visado de gestor de negocios.
Kumar explicó en un acto celebrado en mayo que después de tres décadas en el país y casi dos al frente del restaurante, la denegación de la renovación del visado no solo pone fin a su negocio. También obliga a una familia que ha hecho prácticamente toda su vida en Japón a plantearse un regreso a un país que, para sus hijos, es más bien un lugar de origen familiar que un hogar conocido.
El caso de Kumar, que en junio aparecía como uno de los ejemplos de los efectos que podía tener la reforma, ya no es una advertencia sobre el futuro: es una de las consecuencias que empiezan a materializarse. Durante los primeros seis meses del año, 953 titulares de este visado abandonaron Japón sin completar los trámites necesarios para regresar, casi cuatro veces más que en el mismo período de 2025. La cifra ha crecido mes tras mes desde que, el pasado octubre, el gobierno elevó de 5 a 30 millones de yenes el capital mínimo exigido a los negocios e introdujo nuevas obligaciones para los empresarios extranjeros.
Durante los primeros seis meses del año, 953 titulares del visado de gestor de negocios abandonaron Japón sin completar los trámites necesarios para regresar
Pero el aumento no se ha producido de manera repentina. Durante los primeros nueve meses de 2025, antes del endurecimiento de las condiciones, abandonaban Japón unos 40 titulares del visado cada mes. En noviembre ya eran 80, en diciembre, 114, y en junio de este año la cifra había llegado a los 226. El patrón coincide con la entrada en vigor de las nuevas exigencias y apunta a un cambio que va más allá de la caída de las nuevas solicitudes que ya describíamos en junio.
El problema afecta especialmente a los pequeños negocios, para los cuales reunir 30 millones de yenes —unos 170.000 euros— puede estar muy lejos de sus posibilidades. Restaurantes, comercios y pequeñas empresas de servicios que durante años han funcionado con inversiones modestas se encuentran ahora ante una barrera financiera que puede obligar a sus propietarios a cerrar, traspasar la gestión o buscar otra fórmula de residencia. Una encuesta de Tokyo Shoko Research publicada en abril señalaba que un 5,3% de los 299 empresarios extranjeros consultados se planteaban cerrar el negocio, mientras que un 45,2% preveían algún tipo de impacto sobre su actividad.
El fenómeno, además, tiene una fuerte dimensión asiática. A finales de 2025, Japón tenía 46.781 titulares del visado de gestor empresarial, casi 20.000 más que cinco años antes y cerca de 30.000 más que una década atrás. Casi la mitad eran ciudadanos chinos, lo que sitúa a esta comunidad como el principal grupo nacional entre los emprendedores extranjeros acogidos a este régimen. El gobierno japonés no vincula públicamente el endurecimiento del visado al crecimiento de la comunidad china, pero esta dimensión forma parte del contexto migratorio en el que se ha producido la reforma.
Entre los sectores más expuestos se encuentra la restauración, con numerosos pequeños negocios regentados por empresarios indios y nepalíes que han construido durante años restaurantes dirigidos a menudo por sus propias familias. Algunos ya estudian abandonar el negocio y regresar a sus países de origen. Fumio Harima, especialista en procedimientos administrativos de inmigración en Niigata, explica que el capital mínimo es actualmente el principal obstáculo para sus clientes: muchos pueden demostrar que el negocio funciona, que paga impuestos y que tiene una clientela estable, pero no disponen de los 30 millones de yenes necesarios para adaptarse al nuevo criterio.
Muchos pueden demostrar que el negocio funciona, que paga impuestos y que tiene una clientela estable, pero no disponen de los 30 millones de yenes necesarios
Para quienes ya tienen el visado, sin embargo, la situación es más compleja. El gobierno japonés ha establecido un período transitorio de tres años, hasta octubre de 2028, para que los titulares que ya operaban bajo las antiguas condiciones puedan adaptarse. En el momento de renovar el permiso, deberán cumplir los nuevos requisitos o presentar un plan que explique cómo piensan alcanzarlos. Las autoridades migratorias insisten en que disponer de menos de 30 millones de yenes no comporta automáticamente una denegación: cada expediente debe evaluarse en función del conjunto de las circunstancias del negocio y del solicitante.
Esta discrecionalidad, sin embargo, también genera incertidumbre entre los pequeños empresarios. Fumio Harima advierte que muchos de sus clientes no saben hasta qué punto podrán continuar con negocios que hasta ahora funcionaban con normalidad. La cuestión no es solo encontrar el dinero para llegar a los 30 millones de yenes, sino saber qué criterios aplicarán las autoridades cuando llegue el momento de renovar el permiso. Para un empresario que debe decidir si renueva un contrato de alquiler, invierte en equipamiento o contrata a un trabajador, esta incertidumbre puede ser tan determinante como el requisito económico.
Algunos intentan buscar alternativas antes de llegar a este punto. Harima explica que hay empresarios que estudian traspasar la gestión del negocio y modificar su estatus de residencia para poder seguir trabajando en él, por ejemplo, como encargados de un restaurante o cocineros. Otros, sin embargo, pueden optar simplemente por cerrar.
La reforma, en realidad, no ha sido pensada para expulsar a los pequeños empresarios. El gobierno japonés la justifica como una respuesta a los abusos detectados en un sistema que permitía obtener un permiso de residencia mediante sociedades con poca actividad, empresas pantalla o documentación fraudulenta. El endurecimiento de los requisitos busca, según las autoridades, asegurar que quien obtiene el visado es realmente un empresario y que detrás de cada sociedad hay una actividad económica efectiva.
El problema es que una misma barrera sirve para separar las empresas ficticias de los negocios reales. Exigir 30 millones de yenes de capital y al menos un trabajador a tiempo completo puede dificultar el acceso de una empresa creada por un inversor con pocos recursos, pero también puede dejar fuera a un restaurante que lleva diez años abierto, paga impuestos, da trabajo y tiene una clientela estable. La reforma acaba haciendo que la capacidad financiera del propietario pese mucho más que antes en la continuidad de un negocio que ya funciona.
Para una multinacional, 30 millones de yenes pueden ser una partida más del proyecto. Para un pequeño empresario, pueden marcar la diferencia entre continuar en Japón o marcharse
Esta diferencia es especialmente relevante en un país donde el emprendimiento extranjero también se ha construido a partir de pequeños negocios que han crecido gradualmente. Restaurantes, tiendas, empresas de importación y servicios especializados pueden empezar con una inversión relativamente reducida y crecer durante años. El nuevo umbral, en cambio, convierte los recursos financieros disponibles en una condición previa mucho más determinante. Para una multinacional o para un inversor con un gran patrimonio, 30 millones de yenes pueden ser una partida más del proyecto. Para un pequeño empresario, pueden marcar la diferencia entre continuar en Japón o marcharse.
Y es aquí donde aparece la contradicción. Japón necesita inversión exterior, nuevos negocios y trabajadores en un momento de fuerte presión demográfica y de escasez de mano de obra en numerosos sectores. Al mismo tiempo que el país intenta atraer talento internacional y capital hacia ámbitos considerados estratégicos, está haciendo más difícil que un empresario extranjero con un pequeño negocio pueda establecerse o mantener la actividad. La pregunta ya no es solo cuántos emprendedores dejarán de cumplir los nuevos requisitos, sino qué tipo de emprendedor extranjero quiere retener Japón.
El caso de Manish Kumar resume esta contradicción mejor que cualquier estadística. Después de 30 años en Japón, dieciocho de los cuales al frente del mismo restaurante, no se marcha porque su negocio haya dejado de funcionar. Se marcha porque las condiciones para continuar en el país han cambiado. Y su caso llega cuando el número de titulares del visado que abandonan Japón ya multiplica por cuatro el de solo un año antes.
El período transitorio hasta 2028 permitirá ver cuántos negocios logran adaptarse y cuántos acaban cerrando o trasladando su actividad. Pero el mensaje que reciben hoy los pequeños emprendedores es difícil de ignorar: entrar en el mercado japonés sigue siendo posible, pero hacerlo con una pequeña empresa exige ahora una capacidad financiera muy superior.
Para un país que necesita nuevos contribuyentes, más actividad económica y trabajadores para compensar su declive demográfico, queda una pregunta incómoda: ¿Japón está echando a los negocios ficticios o también a algunos de los pequeños empresarios que necesitaría conservar?
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