La vivienda es la principal preocupación de los catalanes, por encima de la seguridad, la gestión de la inmigración o el trabajo, tal como destacan los últimos estudios de opinión. Un hecho que también se da, en gran medida, en las principales capitales europeas, como en París y Roma. Así lo ha expuesto Anne Hidalgo, alcaldesa de París en la 40ª Reunión Anual del Cercle d'Economía, en un debate con su homólogo barcelonés, Jaume Collboni, alcalde de Barcelona y que ha sido moderado por Miguel Trias, vocal de la Junta Directiva del Círculo de Economía. "En Europa, los jóvenes y las clases populares y medias tienen muchas dificultades para acceder a una vivienda si no reciben ayuda de la familia", continúa Hidalgo. Y unas cifras que hacen patente hasta dónde llega el problema: el precio del alquiler de la vivienda ha subido un 80% en Barcelona durante los últimos años y en el resto de ciudades europeas ha sido del 50%. Una presión creciente sobre el mercado inmobiliario, pero con respuestas políticas y estrategias desplegadas que difieren considerablemente en cada ocasión.
Por ejemplo, Anne Hidalgo, alcaldesa de París y que habla un fluido castellano fruto de su ascendencia española -nació en Cádiz-, destaca que la capital francesa ha implementado durante los últimos 25 años una "política sostenida y ambiciosa en materia de vivienda". Con una clara "voluntad de planificación a largo plazo", según Hidalgo, se ha pasado del 3% al 24% de vivienda social. Actualmente, más de 700.000 personas viven en París en viviendas protegidas, incluida una parte importante de la clase media.
Más de 700.000 personas, incluida una parte importante de la clase media, viven en viviendas protegidas en París
Sólo el último año, la ciudad ha destinado 800 millones de euros a garantizar la sostenibilidad y la accesibilidad de las viviendas. Esta apuesta no sólo tiene un componente social, sino también económico: “Trabajar sobre la vivienda es clave para la solidaridad, pero también para reactivar un sector como el de la construcción, que está en crisis”, afirma Hidalgo.
La capital francesa también ha detectado un grave problema con el alquiler turístico: cada año se pierden hasta 8.000 viviendas que pasan al mercado de alquiler de corto plazo. Esto ha llevado a París a intensificar la regulación y a pedir herramientas a escala europea para afrontar este reto conjuntamente. “Si no hay una inversión pública y privada coordinada, perderemos la confianza de los ciudadanos”, advierte la política socialista.
Entre diferencias y un "mix" común de soluciones
Por su parte, Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, señala que el alquiler en la ciudad condal ha subido un 80% en los últimos años, muy por encima del 50% observado en otras ciudades europeas. Esta escalada de precios ha expulsado no sólo a la población más vulnerable, sino también a muchas familias de clase media hacia la periferia metropolitana.
Collboni denuncia el déficit estructural en vivienda protegida en España, que sólo representa el 2% del parque residencial, muy lejos del 24% de París. Para revertir esta situación, defiende la necesidad de “poner orden en las prioridades” y regular la vivienda turística. De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona anunció hace unos meses que no renovará ninguna de las 10.000 licencias de viviendas de uso turístico (HUT) cuando caduquen en noviembre de 2028. Esta medida pretende devolver estos pisos al mercado residencial para abordar la crisis de vivienda en la ciudad. Ante esta situación, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha iniciado una ofensiva legal, presentando reclamaciones patrimoniales por valor de 4.280 millones de euros correspondientes a 7.200 pisos.
La vivienda de protección oficial en España sólo representa el 2% del parque residencial, muy lejos del 24% alcanzado de París
Las medidas "paliativas", a juicio del mandatario socialista, como la regulación de precios, han tenido cierto impacto: en 2024 se ha registrado una caída entre el 5,5% y el 6% en los precios de los alquileres, según datos del Institut Català del Sòl (Incasòl). Sin embargo, el foco está en "incrementar la oferta de vivienda pública". Por ejemplo, el 50% del suelo en zonas como los barrios de la Marina, la Sagrera o el Poblenou se ha reservado para vivienda social, mientras que en el Eixample, Gràcia o Sant Andreu se trabaja para flexibilizar un 30% del suelo para el mismo uso.
Collboni insiste también en la necesidad de una alianza europea para invertir en vivienda social: “Necesitamos acceder a los fondos sociales europeos para aumentar el parque de vivienda protegida y reforzar la colaboración público-privada”. Ambos alcaldes coinciden en que la crisis de la vivienda no se puede abordar sólo desde el municipalismo. Reclaman que la Unión Europea reconozca la vivienda como una prioridad estratégica y dote a los gobiernos locales de fondos e instrumentos para responder al reto.
Hidalgo y Collboni defienden un “mix de vivienda” entre el sector público y privado, con normativas claras y estables que den seguridad jurídica
Si se analizan más cifras, hoy, el 76% de la población en España vive en vivienda en propiedad y sólo el 24% en régimen de alquiler, muy por debajo de la media europea. Además, cada año se forman 200.000 hogares nuevos, pero sólo se construyen 90.000 viviendas, un dato que pone en evidencia la desconexión entre oferta y demanda.
Hidalgo y Collboni defienden una fórmula de “mix de vivienda” entre el sector público y privado, con normativas claras y estables que den seguridad jurídica y a la vez protejan la función social de la vivienda. “Si una familia tiene que destinar más del 30% de los ingresos al alquiler, estamos ante una situación tensionada”, alertan.
Y, finalmente, Collboni lanza una pregunta a los más de 500 asistentes de la jornada: "¿Nos resignamos a que en el centro de las ciudades sólo puedan vivir los ricos?" "Si no se cambian las reglas del juego, las clases medias y los jóvenes continuarán expulsados de los núcleos urbanos", continúa el socialista. La respuesta, coinciden, debe ser estructural, coordinada y con visión europea.
Los próximos pasos: Mayor for Housing y la presentación de políticas efectivas en el corazón de Europa
Durante la jornada de hoy, también se ha hecho oficial que Barcelona, París y Roma llevarán la semana que viene al Comité de las Regiones su demanda para reclamar fondos europeos específicos -como lo fueron los Next Generation- para las capitales europeas más internacionalizadas para facilitar el acceso a la vivienda pública ante la falta de oferta no sólo para colectivos vulnerables sino para familias de clase media y con trabajo pero con dificultades para acceder a un piso.
El mismo Collboni e Hidalgo, junto con el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, se han reunido este mediodía en el Cercle d'Economia después de la ponencia del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez para obtener su apoyo en la iniciativa Mayors for Housing y en la línea de trasladarla a los jefes de gobierno.
Collboni (alcalde de Barcelona): "¿Nos resignamos a que en el centro de las ciudades sólo puedan vivir los ricos?"
Collboni ha remarcado que las ciudades comparten el problema de acceso a la vivienda, que en la zona euro ha crecido un 50% en los últimos diez años, ha indicado. En este sentido, ha reivindicado la regulación de los precios del alquiler incluidos en la Ley de la Vivienda y que, según ha insistido, ha comportado una reducción de las rentas de un 5%, tal como se ha mencionado anteriormente.
En la misma línea, la alcaldesa de París ha añadido que los fondos deben servir para construir estas viviendas, pero también ha apuntado a las transformaciones para que sean más sostenibles con financiación pública tanto de los gobiernos nacionales y de las ciudades como de las instituciones europeas. Además, ha comentado que estos fondos deberían contar con apoyo privado y ha dicho que también servirían para apoyar al sector de la vivienda, "hoy en crisis en toda Europa".