Abertis está barajando "posibles vías de impugnación" de la sentencia del Tribunal Supremo, conocida este lunes, que rechazaba el pago del Estado de 4.000 millones de euros por las obras de ampliación de la AP-7. En un comunicado, la empresa "no comparte la interpretación hecha" por el alto tribunal y explica que la resolución no contempla "la principal pretensión" de la concesionaria: "Su derecho a ser compensada por el margen diferencial entre el tráfico real y lo previsto, al no considerar que el convenio establecía una retribución del "riesgo de tráfico" entre el ejecutivo central y Abertis. La compañía calcula que el impacto del dictamen en el resultado de 2023, teniendo en cuenta provisiones e ingresos extraordinarios, será de unos 29 millones de euros.
Según explica Abertis, la sentencia "supone una pérdida contable neta de provisiones de unos 250 millones de euros", así como un "ingreso de caja neto de unos 65 millones de euros para la compañía", ya que el Supremo reconoció algunos de sus derechos a compensación.
Por eso, teniendo en cuenta otras reversiones de provisiones e ingresos extraordinarios, Abertis calcula que "el impacto neto en el resultado será de solamente unos 29 millones de euros". El lunes, el Tribunal Supremo comunicó la sentencia con la que daba la razón al gobierno español y rechazaba que el Estado tenga que pagar 4.000 millones de euros a Acesa, filial de Abertis, por las obras de ampliación de la AP- 7.
La Sala Tercera del Tribunal Supremo desestimaba así la mayor parte de la reclamación de la concesionaria sobre las obras de ampliación de carriles que se realizaron desde 2006. De hecho, sólo reconocía que deben pagarse a Acesa 32,9 millones. Cuando terminó la concesión de las autopistas, a 31 de agosto de 2021, el gobierno español compensó a Abertis con 1.069,9 millones por estas obras, en una decisión impugnada por la compañía, que consideraba que le correspondía cobrar 5.373 millones.
En clave corporativa, a finales de 2023, ACS propuso al consejo de administración de Abertis que Miquel Roca Junyent y Nuria Haltiwanger se incorporen al organismo como consejeros. Actualmente, el abogado y exdirigente político forma parte ya del consejo como secretario no consejero y Haltiwanger es consejera delegada de Iridium. Este movimiento deberá validarse esta semana, durante la celebración de una junta extraordinaria de Abertis. Por su parte, como propietario del 50% del capital de Abertis, Mundys ha sugerido que Andrea Mangoni, actual consejero delegado, también forme parte del consejo de administración de Abertis.