Reconocidas como el cuarto pilar del estado del bienestar, las políticas familiares han sido objeto de un creciente interés durante las últimas décadas, consideradas piezas clave tanto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas como en los Pilares Europeos de Derechos Sociales de la Unión Europea.
Una de las causas de este creciente interés ha sido señalada en un artículo reciente en este mismo medio: el descenso imparable de la natalidad se ha convertido en un problema de primer orden para los países desarrollados. A escala europea, ningún país se sitúa por encima de la tasa de relevo generacional (2,1 hijos por mujer), y estimaciones recientes apuntan a que esta será la realidad del 75% de países hacia 2050. Desde este punto de vista, las necesidades de incrementar la natalidad en Catalunya y en el resto del Estado se hacen especialmente patentes, ya que se sitúan a la cola de las economías desarrolladas en términos de fecundidad (alrededor de 1,1 hijos por mujer).
Pero las políticas familiares no son (ni han sido históricamente) solo una respuesta al descenso de la natalidad, pues tienen implicaciones importantes en la lucha contra la pobreza, la estructura del mercado laboral, el mantenimiento de la sostenibilidad fiscal y el avance en la igualdad económica y de género. Así pues, se sitúan en la intersección entre la política económica, social y demográfica. Decidir cómo estructurarlas es, en realidad, escoger un modelo de sociedad y de economía. Desgraciadamente, esta es una tarea aún muy incompleta, tanto en Catalunya como en el Estado. Un claro ejemplo de ello lo encontramos en las tasas de pobreza infantil, que se sitúan entre las más elevadas de Europa. En Catalunya, uno de cada tres niños viven en riesgo de pobreza o exclusión social, y el 16,5% de las familias catalanas con hijos y trabajo se encuentran en situación de pobreza laboral.
En Catalunya, uno de cada tres niños viven en riesgo de pobreza o exclusión social, y el 16,5% de las familias catalanas con hijos y trabajo se encuentran en situación de pobreza laboral
A pesar de su relevancia creciente, las políticas familiares siguen ocupando una posición marginal tanto en la agenda pública como en el debate social en nuestro país. En un estado del bienestar fuertemente orientado hacia las pensiones, la infancia y la adolescencia permanecen sistemáticamente desatendidas. En 2021, el gasto en familia en España se situó por debajo del 2% del PIB, significativamente por debajo de la media europea (2,65%) y de la OCDE (2,33%). En Catalunya, según la Radiografía INSOCAT de 2025, mientras se estima que las transferencias sociales sacan de la pobreza a un 23% del conjunto de la población, este efecto se reduce a solo un 10% en el caso de los menores de edad. Este dato pone de manifiesto una brecha profunda y persistente que interpela directamente el diseño y la priorización de las políticas sociales.
Este artículo tiene por objeto, en primer lugar, delimitar conceptualmente qué entendemos por políticas familiares y por qué son esenciales para la cohesión social. En segundo lugar, se ofrece un mapeo sintético de las estrategias desarrolladas a escala europea y en el Estado español, con el objetivo de situar dónde estamos, qué se ha hecho y qué queda por hacer. Finalmente, se reflexiona sobre las implicaciones económicas y sociales de estas políticas: cómo afectan a la organización de las familias, la participación en el mercado de trabajo, y la distribución de recursos y oportunidades en el seno de la sociedad.
El Estado puede influir sobre las familias de múltiples maneras, y es por eso que el concepto de políticas familiares es amplio y polifacético. Desde la academia, solemos abordar estas políticas como aquellas secciones del estado del bienestar destinadas a proveer servicios y recursos, sean estos dinerarios, en especie o en tiempo, a los niños y sus padres. Partiendo de esta definición, podemos distinguir las políticas familiares entre implícitas y explícitas. Las primeras son aquellas que, sin tener como objetivo principal la familia, tienen un impacto indirecto sobre su bienestar (por ejemplo, las políticas de vivienda). Las segundas son aquellas que tienen la familia como su principal objetivo, y se sitúan en el centro de las líneas maestras de la UE y de los debates entre expertos. De ahora en adelante, me referiré únicamente a las políticas familiares explícitas.
La baja de paternidad de 16 semanas al 100% del salario es, de lejos, la más extensa de la OCDE (donde la media eran 2,3 semanas en 2022)
Asimismo, entender las políticas familiares solo como gasto social dirigido a las familias con objetivos demográficos y/o de igualdad de género es un error. Son, de hecho, una herramienta de política económica con múltiples efectos. A continuación, repasaremos las que, históricamente, han sido más importantes: las bajas de maternidad y paternidad, las políticas de educación y atención en la primera infancia y los subsidios familiares o prestaciones por crianza.
En primer lugar, el establecimiento de bajas laborales largas y equitativas entre hombres y mujeres es esencial para garantizar tiempo de calidad entre los recién nacidos y sus progenitores, facilita la corresponsabilidad de las tareas de cuidados, y contribuye al mantenimiento de la carrera laboral, sobre todo en el caso de las mujeres. Pero estas políticas tienen implicaciones económicas importantes, favoreciendo la fijación del capital humano a escala empresarial y manteniendo los niveles de consumo. Desde la reforma implementada en 2021, España mantiene una posición ambigua a escala internacional: en términos de igualdad entre permisos maternales y paternales y en la generosidad de la prestación (el 100% del salario previo), se encuentra en una posición destacada. De hecho, la baja de paternidad de 16 semanas al 100% del salario es, de lejos, la más extensa de la OCDE (donde la media eran 2,3 semanas en 2022). Por otra parte, las 16 semanas de baja maternal se sitúan claramente por debajo de los países más destacados de la OCDE. En una frase, podríamos argumentar que las bajas de maternidad y paternidad en España son generosas e igualitarias, pero breves, en términos relativos.
La segunda de las herramientas que ha obtenido una centralidad creciente en las últimas décadas son las políticas de educación y atención en la primera infancia (especialmente, escuelas infantiles). Clave para favorecer la conciliación entre la vida laboral y familiar, la expansión de las escuelas infantiles han mostrado su eficacia para facilitar la participación laboral de las mujeres, reducir las desigualdades entre familias de diferentes ingresos, y mejorar el bienestar y rendimiento infantil en edades tempranas.
España se sitúa más o menos en la media de la OCDE, con un 36% de niños entre 0 y 2 años con acceso a una escuela infantil. Eso sí, muy por debajo del 60-70% de Países Bajos o Noruega. A escala autonómica, durante los últimos años se ha experimentado un avance muy sustancial, ya que muchas comunidades han introducido medidas para garantizar la gratuidad de escuelas infantiles, al menos, para algunas franjas de 0-3 años. No obstante, la cobertura aún dista mucho de ser completa: muchas comunidades garantizan la gratuidad solo en algunas franjas de edad (como en el caso de Catalunya) o durante unas horas al día, y en muchos casos la red de centros públicos y concertados no cubre ni de lejos la demanda. Cuando esto ocurre, los criterios de priorización a menudo no dan al factor renta la centralidad que requeriría, generando un sesgo que perjudica precisamente a las familias más necesitadas de este servicio. La situación es muy diferente en el caso de los niños que reciben educación infantil (3-5 años), donde España se sitúa entre los países con mayor cobertura (cerca del 100%, la media de la OCDE está alrededor del 86%).
Una tercera estrategia que ha sido históricamente importante, aunque en la actualidad sea menos popular, son los subsidios familiares o prestaciones de crianza. Se trata de transferencias directas en concepto de hijos a cargo, lo que permite redistribuir los recursos de acuerdo con las necesidades familiares, con un enfoque particular en la lucha contra la pobreza infantil. Pero esta política también ha actuado históricamente como una política de ingresos, que permite el sostenimiento económico de las familias evitando la potencial pérdida de competitividad que supondría hacerlo vía incremento salarial.
En España, aunque este tipo de prestaciones están reservadas a familias de escasos recursos, existe un debate creciente de acuerdo con un proyecto legislativo del actual Ministerio de Derechos Sociales: una prestación universal por crianza de 200 euros por hijo menor de 18 años. En caso de ser aprobado, este proyecto podría ser clave para situar a España en el mapa europeo de este tipo de prestaciones (por ejemplo, es una cantidad muy similar a la vigente en Alemania en 2018).
Las políticas familiares son una herramienta clave para afrontar tres grandes retos de nuestro tiempo: la lucha contra la pobreza infantil, el avance hacia la igualdad de género y la sostenibilidad demográfica
En resumen, las políticas familiares son una herramienta clave para afrontar tres grandes retos de nuestro tiempo: la lucha contra la pobreza infantil, el avance hacia la igualdad de género y la sostenibilidad demográfica. Pero más allá de estos objetivos sociales, tienen también un papel decisivo en la configuración del tejido económico: contribuyen a la activación de la fuerza laboral, favorecen el mantenimiento del consumo, y permiten reducir desigualdades tanto dentro como entre las familias. En este sentido, invertir en políticas familiares no es solo una cuestión de equidad, sino también de eficiencia y de futuro.
Por todo ello, es necesario abrir un debate ambicioso y estructurado sobre el modelo de políticas familiares que queremos. No se trata solo de introducir mejoras puntuales, sino de reconocer su papel estratégico en la mejora de nuestro modelo económico y social. Hablar de políticas familiares es hablar de productividad, de cohesión y de oportunidades. El reto no es tanto conceptual como político: pasar de la retórica a la inversión, y del asistencialismo reactivo a una arquitectura de derechos sociales robusta y universal.