10 propuestas para lograr una administración urbanística unificada en Catalunya

En los últimos años, Catalunya ha hecho avances notables en materia de simplificación administrativa. Sin embargo, en el campo del urbanismo y las licencias de obras, todavía arrastramos un sistema fragmentado, desigual y excesivamente burocrático, que dificulta tanto la iniciativa económica como la gestión municipal. Es hora de dar un paso adelante valiente y coherente: unificar, estandarizar y digitalizar todo el sistema de tramitación urbanística.

Esta no es una cuestión técnica menor; es una reforma estructural que afecta al modelo de país y a la relación entre ciudadanos, empresas y administraciones y que requiere un acuerdo de país entre los diferentes agentes que intervienen: Generalitat, Diputaciones, Consejos Comarcales, asociaciones municipalistas, ayuntamientos, colegios profesionales, asociaciones empresariales y otros.

A continuación se expresan doce ideas para una administración urbanística más eficiente.

Si quieres saber más

 

   

¿Qué hay que hacer para desburocratizar la administración?

1. La FUE como puerta única para las obras y actividades

El primer gran cambio implica integrar las licencias de obras y comunicaciones previas dentro de la Ventanilla Única Empresarial (FUE), el gran instrumento de simplificación administrativa de Catalunya.

Actualmente, la FUE se ha consolidado como plataforma para las actividades económicas, pero continúa dejando fuera una parte fundamental de la realidad: las actuaciones urbanísticas y constructivas. Las obras no son un mundo aparte; son una parte esencial de cualquier actividad económica. Por ello, es necesario modificar la Ley 18/2020, de facilitación de la actividad económica, y hacer que las licencias y comunicaciones de obras formen parte del mismo flujo administrativo que el resto de trámites empresariales. Solo así tendremos una tramitación integral, eficiente y coherente.

2. Una Catalunya con documentos y criterios unificados

Cada ayuntamiento, hoy, utiliza sus propios modelos de proyectos, informes, decretos, requerimientos o instancias. Esta diversidad, lejos de aportar riqueza, genera confusión, duplicidades e inseguridad jurídica. 

Es necesario que Catalunya hable con una sola voz administrativa. Esto significa estandarizar todos los documentos y modelos, desde los proyectos técnicos hasta los informes jurídicos y técnicos, y hacerlos de uso obligatorio para todos los municipios. Solo así garantizaremos una tramitación homogénea, transparente y previsible, tanto para la administración como para los profesionales y promotores.

3. Menos ordenanzas, más eficacia

Uno de los grandes males de la gestión urbanística es el exceso de ordenanzas municipales, a menudo contradictorias entre sí y con la legislación superior. Este mosaico normativo satura a los técnicos municipales, confunde a los ciudadanos y crea desigualdades territoriales injustificables.

Se necesita una apuesta decidida por legislar con alcance nacional y reducir al mínimo las ordenanzas locales. Cuanto más simples y estandarizadas sean las normas, más eficiente y justa será su aplicación. En urbanismo, la diversidad no siempre es sinónimo de libertad; a menudo es sinónimo de inseguridad.

4. El informe de idoneidad técnica: una garantía, no una opción

La figura del informe de idoneidad técnica (IIT) es una de las herramientas más eficaces para asegurar la calidad de los proyectos y el cumplimiento de la normativa. Pero, aún hoy, la legislación urbanística la ofrece como un instrumento opcional condicionado a la tramitación de una ordenanza propia de cada municipio. Esto comporta que su aplicación en todo el territorio de Catalunya sea casi una quimera.

Esta situación será insostenible, especialmente en ayuntamientos pequeños, donde no hay recursos técnicos y jurídicos suficientes para formular las ordenanzas. El IIT debería ser obligatorio en toda Catalunya, no como un obstáculo, sino como una garantía de rigor e igualdad de criterios.

5. Simplificar no es añadir nuevas figuras, sino eliminarlas

Tal como reza el título, la simplificación legislativa no consiste en inventar nuevas licencias, sino en eliminarlas. Cada nueva figura normativa debería ir acompañada de la supresión de alguna antigua. En este sentido, la reciente licencia básica representa un paso atrás: añade complejidad sin aportar ningún beneficio real.

Simplificar significa confiar en el sistema, eliminar redundancias y legislar solo cuando sea necesario.

6. La comunicación reforzada: una idea que puede cambiarlo todo

Entre las propuestas emergentes, destaca la de la comunicación reforzada. Este mecanismo permitiría que el promotor optara, de manera voluntaria, por sustituir la licencia de obras por una comunicación previa, siempre que presente un informe de conformidad urbanística y un informe de idoneidad técnica completo y redactado por una Entidad Colaboradora de la Administración (ECA) homologada, como puede ser el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

Si estos documentos son correctos, el expediente pasaría automáticamente al régimen de comunicación previa, que los ayuntamientos estarían obligados a aceptar. Se trata de una propuesta que empodera a los profesionales, aligera la administración y acelera los procesos, sin renunciar al control de fondo.

7. Silencio positivo: responsabilidad y agilidad

Otra reforma urgente es la de los plazos de los informes sectoriales en la tramitación del planeamiento y las licencias. Actualmente, solo el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica está sujeto al silencio positivo; el resto de organismos pueden tardar meses, incluso años, en emitir sus informes. Esto bloquea proyectos y desgasta la confianza ciudadana.

La solución es clara: todos los informes sectoriales deberían tener silencio positivo transcurridos tres meses. Así, quien quiera ejercer su competencia deberá poner los medios para ejercerla con responsabilidad. Y esta reforma debería ir más allá de Catalunya: hará falta una iniciativa en las Cortes Generales españolas para extender el mismo principio a los organismos estatales que emiten informes en la tramitación urbanística.

8. Una normativa urbanística común para todo el país

Es el momento de pensar en un catálogo único de zonas, sistemas, usos y condiciones de edificación y parcelación para toda Catalunya. Esta estandarización no eliminaría la autonomía local, sino que establecería una base común que facilite la redacción del planeamiento, la interpretación de la normativa y la gestión del suelo. Una lengua común para el urbanismo catalán.

9. El mapa urbanístico como herramienta jurídica real

El Mapa Urbanístico de Catalunya (MUC) debería evolucionar hacia una plataforma con valor jurídico, donde se pueda consultar toda la información urbanística y territorial con precisión de escala: planeamiento, gestión, catastro, registro, servicios urbanos, datos ambientales o geológicos de riesgos industriales, etc. Un mapa vivo, digital y legalmente vinculante, que sea fuente única y fiable para técnicos, promotores y ciudadanos.

10. Digitalización: la piedra angular

Finalmente, todo este cambio solo será posible con una digitalización completa y homogénea. Es necesario desarrollar aplicativos informáticos únicos para la tramitación de licencias y expedientes urbanísticos, integrados con la FUE y adaptados a todos los dispositivos. La Administració Oberta de Catalunya (AOC) es el ente idóneo para liderar este proceso, como ya ha demostrado elaborando aplicativos para otras actividades de la administración. Una herramienta común, interoperable y segura es la mejor garantía de igualdad y eficiencia.

En conclusión, hay que desarrollar una nueva cultura administrativa. Simplificar no es solo un ejercicio técnico y jurídico; es una cuestión cultural y política. Significa confiar en los profesionales, en la tecnología y en la madurez de nuestro país. Menos normas no significa menos control; significa más claridad, más coherencia y más responsabilidad. 

Si queremos una Catalunya moderna, competitiva y justa, es necesario unificar su sistema urbanístico bajo unos mismos principios: transparencia, eficiencia y confianza mutua. El futuro de la gestión urbanística no es localista ni fragmentado: es colectivo, digital y de país.