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De un tiempo a esta parte, desde el Gobierno se están dando pasos, tal vez demasiado tímidos como Gobierno nacional y no siempre congruentes, dirigidos a institucionalizar la Dirección Pública Profesional (DPP).
Dirección Privada Profesional, un concepto —con el mismo acrónimo— que al sector privado le resulta ajeno, le es extraño. Una expresión que nunca ha empleado, porque la profesionalidad se estima implícita, inherente al rol directivo. En el mundo del emprendimiento se habla de dirección, de directivas y de directivos sin ningún tipo de añadido, y todo el mundo entiende a quién nos estamos refiriendo: a personas capacitadas que están al frente de organizaciones complejas, que las conducen y ejercen el liderazgo.
Y lo que todavía resulta más obvio, todo el mundo sabe qué hacen: esforzarse para que cada actuación de la organización se lleve a cabo de la mejor manera posible, asegurar que se ejecuten las decisiones de los órganos ante los cuales rendirán cuentas, optimizar los recursos que se ponen en sus manos y la autonomía de gestión que les es conferida, para obtener resultados óptimos y alcanzar los objetivos que tienen definidos. En definitiva, velar para que la competitividad y excelencia de la entidad sobre la cual mandan, se mantengan en progresión permanente.
No hay mucho más que añadir, fuera de las cláusulas contractuales específicas suscritas entre propiedad y dirección de cada empresa. En el sector privado hay miles de directivas y directivos, tantos como empresas los necesitan, y estas se curan en salud a la hora de asegurar el reclutamiento de los perfiles más aptos, porque de los buenos oficios de estos fichajes depende —en gran medida— la cuenta de resultados. El sector privado nunca confunde ni pone en el mismo saco la dirección del negocio con los mandos de línea que son necesarios para hacerlo posible. Y si es el caso que se practica el nepotismo, que también se da, es a riesgo y ventura de los activos de la empresa, no a cuenta de terceros.
A la DPP se intenta llegar, delimitando un espacio preexistente en cualquier ámbito de la acción pública, para reservarlo a personas con talento, echando fuera a actores públicos que —hoy por hoy— lo han empobrecido, lo cual ha facilitado la entrada a la mediocridad, si no directamente a la inepcia. Esto ha llevado a un consenso amplio a la hora de afirmar que tendremos una buena DPP, si se impide su captura por la política y que se convierta en patrimonio exclusivo del empleo público.
"La institucionalización de la DPP en nuestro país, es, estrictamente, una cuestión de voluntad de los actores políticos"
Mientras tanto, hay quien escribe auténticas tesis doctorales, explayándose sobre cuáles son sus funciones y responsabilidades, listando una relación prolija de obligaciones que en el mundo privado se dan por sobreentendidas. Y también hay otros que hacen disquisiciones eruditas cuestionando si, conceptualmente, es correcto hablar de un espacio que se convierte en rótula, es intermedio o de articulación entre la política y la gestión, para identificar dónde radica la DPP, sin atender el hecho de que la responsabilidad sobre la gestión y ejecución de servicios públicos, que es el campo donde se sitúa la DPP, tan pronto se ejerce intramuros de las administraciones como se fía a terceros. Todo ello, cavilaciones circulares y persistentes que son bienvenidas, y no hacen otra cosa que engrosar el recetario sobre la materia.
En resumen y a mi parecer, la DPP no es más que aquello que se acaba de decir de los directivos y directivas del sector privado. Su institucionalización en nuestro país, es —estrictamente— una cuestión de voluntad de los actores políticos, y su tratamiento mediante una disposición normativa que conviene impulsar, si acaba prosperando, será papel mojado y quedará en una nueva volada de palomas, si previamente no se ha obtenido un consenso amplio entre las fuerzas políticas presentes en el Parlamento. Y esto quiere decir la renuncia explícita a abusos cronificados, de los cuales hasta ahora nadie ha querido prescindir, mediante la suscripción verosímil del objetivo regenerador que se esconde detrás del proyecto, y una predisposición generosa hacia la transacción.
"La institucionalización de la DPP es un proyecto con una clara vocación disruptiva, dado que tiene por objetivo dar un vuelco al actual estado del arte en este capítulo"
La institucionalización de la DPP es un proyecto con una clara vocación disruptiva, dado que tiene por objetivo dar un vuelco al actual estado del arte en este capítulo. Y solo será realidad si la clase política del país muestra altruismo, honestidad e integridad, eleva su compromiso con la sociedad a la que representa, se debe y sirve, y se compromete a promover, sin subterfugios, que la función directiva pública se homologue con la privada. Esto quiere decir, por ejemplo, restringir su provisión a expertas y expertos que la legitimen y abjurar de la utilización de un botín que no le pertenece, y que hasta ahora ha usado para satisfacer clientelismos y recompensar acólitos indocumentados.
El resto, seguirá siendo ruido que ralentizará el avance y se convertirá en coartada ideal para que la política no se deje tomar esta pieza, y la cosa pública permanezca donde está, alimentando la desafección ciudadana.
E la nave va…
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