Exdecano del Colegio de Economistas de Catalunya

¿Cuál debe ser la población de Catalunya?

08 de Mayo de 2026
Francesc Raventós | VIA Empresa

Catalunya quiere ser una sociedad de progreso para todos sus habitantes, y Catalunya necesita inmigración, pero no puede acoger a todo el mundo que quiera venir a vivir o a trabajar a Catalunya. El ritmo de crecimiento de la población debe ser compatible con la capacidad de acogida, los servicios públicos disponibles y el aumento del bienestar de los ciudadanos. Al haber aumentado fuertemente la inmigración y la población y no haber hecho las inversiones necesarias en los servicios públicos y en viviendas, ni adoptado medidas para facilitar una integración en el país y su cultura, se ha creado mucha tensión social.

 

La realidad demográfica de Catalunya de una baja natalidad y envejecimiento de la población, hace imprescindible la inmigración. Pero esta debe ser gestionada de acuerdo con las necesidades de población activa que las actividades económicas y sociales demandan, y de la obligación moral de acoger refugiados por razones humanitarias.

Un aumento moderado de la población y que esta esté bien formada, es necesario para garantizar el progreso futuro, ya que la población envejece y los profundos cambios sociales y tecnológicos, a pesar de que aumenten la productividad, obligan a contar con gente joven, preparada y especializada que dinamice el país.

 

"La realidad demográfica de Catalunya de una baja natalidad y envejecimiento de la población, hace imprescindible la inmigración"

El concepto de bienestar tiene una parte subjetiva y emocional, pero desde una visión económica se acostumbra a medir según la “renta por persona”. Para conseguir un crecimiento económico sostenible, una buena distribución de la riqueza y mejorar la renta por persona es necesario un modelo productivo equilibrado en el cual los sectores de alto y medio valor añadido y de puestos de trabajo cualificados tienen un peso importante. El problema actual de Catalunya es que tiene un sistema productivo desequilibrado, ya que hay sectores con muchos puestos de trabajo de poca calidad, baja formación y mal retribuidos. En Catalunya no podemos ni queremos competir por precios bajos. Las administraciones deben impulsar los cambios estructurales del país incentivándolos. Es el modelo productivo el que determina la población activa necesaria, la formación que requiere y orienta sobre el nivel global de población que Catalunya debería tener.

En los países europeos la cuestión de la inmigración es un tema de fuerte debate y muchos han endurecido las políticas para gestionar la inmigración irregular. El Parlamento Europeo aprobó en 2024 el Pacto sobre Migración y Asilo que entrará en vigor en junio de 2026. Supone un control mucho más estricto de fronteras, y medidas para acelerar las expulsiones creando Centros de retorno en terceros países. También se han hecho acuerdos con países como Marruecos, Mauritania, Turquía, Egipto y Túnez para frenar las salidas desde sus costas. Este pacto generará muchas tensiones y será de difícil aplicación.

Con una visión diferente, España ha iniciado en 2026 un proceso para regularizar a 500.000 personas que ya viven y trabajan en España para integrarlas en el mercado laboral legal. Pero no está claro qué política seguirá el gobierno español, después de la regularización, con las personas que estén en situación ilegal, o qué decidirá un futuro gobierno español.

En España y en Catalunya se deben favorecer unas políticas y un modelo productivo que mejoren la calidad de vida de todos los ciudadanos, sean nacidos aquí o fuera. En todo caso, la inmigración debe ser bien acogida e integrada en la comunidad y en su cultura, hecho imprescindible para crear bienestar y progreso.

¿Cuál debe ser la población de Catalunya? No tiene sentido fijar una cifra. La población que el país necesita debe ser la resultante de la transformación del modelo productivo hacia un modelo de mayor valor añadido con puestos de trabajo más cualificados y que sea compatible con la capacidad de acogida, los servicios públicos disponibles y que permita la mejora del bienestar de todos los ciudadanos.