Este martes, en el tribunal federal de Oakland, en California, comenzó otro juicio contra Meta. Hasta aquí nada nuevo. Lo que sí es novedad es lo que le podría costar: 1,4 billones de dólares, billones de los nuestros. Los titulares van llenos de esta cifra, que equivale a lo que vale la empresa en bolsa o a 23 años de su beneficio neto. Como es una de esas cifras que se leen dos veces para contar los ceros, os la dejo aquí: 1.400.000.000.000.
Dicho esto, la cantidad es lo que menos importa de este juicio. Para empezar, no la pide nadie: es el resultado de multiplicar cada infracción que se imputa a Meta por su sanción correspondiente; cada dato de menor recogido, cada notificación servida cuando no tocaba. Hace gracia porque la cifra no sale de la acusación, sino que sale de la propia Meta. La ha calculado su defensa como techo máximo de lo que les puede caer, y de paso para dar un poco de lástima a su señoría: ¡nos llevará a la bancarrota! A ver qué tribunal se atreve a hacer cerrar una de las diez empresas más grandes del mundo.
Lo que se juega de verdad lo ha explicado Nora Freeman Engstrom, profesora de derecho en Stanford. Por encima de la eventual indemnización hay una amenaza peor: que el tribunal diga a Meta «tenéis que cambiar lo que estáis haciendo, y yo os diré cómo». Esto, en lenguaje de juzgado, es una medida cautelar. Lo último que quiere oír el consejo de administración es que un juez decida cómo deben ser de ahora en adelante los productos de la empresa.
Y esto puede pasar porque ya ha pasado. Doce días antes de que comenzara el juicio de Oakland, el juez decano de Santa Fe condenó a Meta a pagar 567 millones de dólares a un fondo de salud mental juvenil, encima de los 375 que ya le había clavado un jurado en marzo. Hasta aquí, noticia de la sección de economía (de crónica negra, si me apuráis).
La parte interesante son las cautelares. El mismo juez firmó un decreto de cinco años que fija los límites mensuales de uso de Facebook e Instagram para los adolescentes, restringe las notificaciones, endurece el contacto de adultos con menores e impone salvaguardas a los chatbots de IA. Hasta 2031, la política de notificaciones de Instagram en Nuevo México la decide Bryan Biedscheid, juez decano del Primer Distrito Judicial, en Santa Fe.
Durante veinte años el riesgo regulatorio de las plataformas fue la línea siempre provisionable de la cuenta de resultados. Ya sé que me pondrán una multa, lo aprovisiono a principios de año, pago, amortizo, olvido y niego. Chic-chac-curado. Es el andamiaje financiero del «muévete rápido y rompe cosas» que abanderaban Zuckerberg y sus amiguitos de Silicon Valley. Bruselas ha puesto unas cuantas multas a Meta y, a pesar de todo, el scroll infinito de Instagram es más infinito que nunca.
"Bruselas ha puesto unas cuantas multas a Meta y, a pesar de todo, el 'scroll' infinito de Instagram es más infinito que nunca"
Pero los jueces del Far West son más intrépidos que los legisladores europeos. Y Oakland está todavía más al oeste que Santa Fe. La jueza de Oakland, Yvonne Gonzalez Rogers, le podría hacer un Santa Fe a Meta.
La eventual multa —ni de lejos del orden de magnitud de los once ceros— podría ser irrelevante mientras que las cautelares no: el debate importante no es sobre los males del pasado, sino sobre los del futuro. El dinero lo decidirá el jurado; las restricciones de diseño de producto —de productos— las decide la jueza sola. Y esto puede ser letal para una empresa que ha construido su negocio sobre la captación, la retención, la extracción de valor y la falsificación de la realidad.
La fiscal general adjunta de California, Megan O'Neill, resumió el modelo de negocio de Meta ante el jurado con cuatro verbos: hook, hold, harvest, hide. Enganchar al usuario, retenerlo tanto como se pueda, cosechar sus datos y esconder la verdad cuando toca hablar en público.
El cuarto es el que mata. Nadie se sienta en el banquillo de los acusados por haber hecho un producto que engancha; se sienta por haberlo sabido y haber callado. Y de lo que Meta sabía hay papel.
En 2020 Meta encargó a la consultora Nielsen un estudio interno con nombre en clave Project Mercury. La pregunta era sencilla: ¿qué le pasa a una persona que deja Facebook una semana? La respuesta, que ahora nos parece obvia, también: menos depresión, menos ansiedad, menos soledad, menos comparación social.
Meta no publicó los resultados. Detuvo la investigación y dejó escrito que los hallazgos negativos estaban contaminados por «la narrativa mediática existente» sobre la compañía. O sea: el problema no era lo que decía el estudio, era que la prensa hablaba mal de Meta y eso había contaminado los resultados. Si no le gustan los resultados de mis estudios, tengo otros, que diría Groucho Marx. Sabemos todo esto porque los documentos se hicieron públicos el pasado noviembre en un escrito judicial.
Todo el mundo repite que este es el momento tabaco de las tecnológicas. Seguramente hay muchos paralelismos. Ahora bien, del tabaco es fácil encontrar la cifra, y casi nadie recuerda las cláusulas. El acuerdo de 1998 costó a las tabacaleras unos 206.000 millones de dólares, que parecen muchos hasta que se sabe que se pagan a plazos y a perpetuidad, y que la industria los repercutió en el precio del paquete: los acabó pagando el fumador. Lo que tocó el negocio fue el final del documento: prohibida la publicidad dirigida a menores, fuera los dibujos animados, fuera las vallas publicitarias, fuera el merchandising con la marca. Del 1997 al 2019, el tabaquismo entre estudiantes de secundaria americanos pasó del 36% al 6%.
"La multa se aprovisiona, se paga y se olvida. La restricción de diseño no. El dinero se va, pero el diseño se queda, que diría Capri"
La multa se aprovisiona, se paga y se olvida. La restricción de diseño no. El dinero se va, pero el diseño se queda, que diría Capri. Cuando llegue el veredicto de Oakland dentro de seis u ocho semanas, más que la cifra habrá que mirar el anexo y qué restricciones de diseño hay previstas, restricciones que serán las que acabarán repercutiendo positivamente en los usuarios a perpetuidad.
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