Francia ha aprobado este martes la primera ley de la Unión Europea que prohíbe las redes sociales a los menores de quince años. 279 votos contra 81 en la Asamblea y 243 contra 2 en el Senado. Si el Consejo Constitucional no pone objeciones, las cuentas nuevas quedarán bloqueadas el 1 de septiembre y las que ya existen se cerrarán a partir de enero. Las plataformas tendrán la responsabilidad de comprobar la edad de los usuarios. De paso, la Asamblea ha aprobado también la prohibición de móviles en los institutos. Macron lo ha comparado con el alcohol: "También hace 60 años a los niños se les servía vino, y hoy ya casi nadie lo hace". O tempora, o mores.
No es la primera, y no es perfecta
El psicólogo social Jonathan Haidt lleva años documentando la caída de los indicadores de salud mental juvenil a partir de 2012, cuando por primera vez coincidieron móviles, redes sociales y conexión permanente (La generación ansiosa, Deusto, 2024). No es una intuición de padres concienciados: es matemática. El pasado diciembre, Australia desplegó una ley similar, y el Reino Unido y España preparan otras parecidas. Un comité de expertos de la Comisión Europea acaba de recomendar cero pantallas antes de los tres años y matar el scroll infinito en el resto.
Después de medio año de datos no podemos tildar el caso de Australia como caso de éxito. A pesar de los cerca de cinco millones de cuentas desactivadas, muchos adolescentes vuelven a entrar con una VPN o con el Face ID de los padres (o usando una imagen de Graham Bell como foto de perfil).
"Prohibir servir bebidas a los menores no ha eliminado el beber adolescente: lo ha hecho más difícil, más caro y menos habitual"
Lo que nos vuelve a llevar al vino de Macron. Prohibir servir bebidas a los menores no ha eliminado el beber adolescente: lo ha hecho más difícil, más caro y menos habitual. Ninguna barrera detiene a todo el mundo; es el modelo del queso de gruyère, donde cada capa tiene agujeros, pero suficientes capas superpuestas acaban tapándolos casi todos. Una ley imperfecta que reduce el daño no es una ley inútil. Es sencillamente una ley.
El niño no juega: trabaja
Si miráis a un adolescente enganchado al scroll infinito, tragándose vídeos que olvida tan pronto como los ha visto, podríais pensar que pierde miserablemente el tiempo. No del todo. En realidad no lo pierde: trabaja para otro. Su atención es la materia prima de un negocio billonario, y el scroll infinito es la cinta que la va extrayendo sin que suene nunca la sirena de la fábrica, con el mismo mecanismo de recompensa aleatoria de una máquina tragaperras.
De media, un adolescente le dedica casi cinco horas al día. Cinco horas más de media jornada laboral. Desde que las reformas del siglo XIX sacaron a los niños de las fábricas no habíamos vuelto a ver la actividad de un niño convertida en valor económico a esta escala. Antes los encadenaban al telar; ahora a un teléfono en la mano que es infinitamente más rentable. El telar, al menos, pagaba un jornal aunque fuera de miseria.
Y no trabaja para ti
El problema gordo no es que trabajen a cambio de nada, es para quién trabajan. La atención extraída de nuestros hijos alimenta unas plataformas que la convierten en predicciones, y las predicciones en poder. La psicóloga social Shoshana Zuboff (El capitalismo de la vigilancia) dice que en este sistema el ciudadano se vuelve gobernable no por ley, sino por diseño. Y en la cima de la cinta hay cuatro señores a quienes una democracia capaz de ponerles límites les estorba considerablemente. Cuando Australia aprobó su ley, Elon Musk la calificó de "manera por la puerta de atrás de controlar el acceso a internet". No sé vosotros, pero yo desconfío de los señores mayores que dicen que protegen a los niños.
La objeción, y por qué no
Pero no todo el mundo está de acuerdo en que estas medidas restrictivas sean la solución. Hay gente que sabe, con argumentos de peso: verificar la edad obligará a identificar a todo el mundo, y adiós anonimato. Pues no. No hace falta enseñar el DNI en Instagram. Basta con que una organización fiadora —la Generalitat, la Agencia Tributaria o quien sea de confianza— emita un certificado que diga una sola cosa: mayor o menor. Un bit. Un uno o un cero, sin nombre, sin cara, sin ningún otro dato. El estado español ya lo tramita por ley y la UE lo prueba en cinco estados: es lo mejor de los dos mundos, control de edad sin ningún Gran Hermano.
"No sé vosotros, pero yo desconfío de los señores mayores que dicen que protegen a los niños"
Queda una objeción más fina: prohibir traslada la responsabilidad de las plataformas, que diseñan la adicción, al Estado y las familias. Es cierto a medias. Porque la prohibición no es el final: es el incentivo. El día que mantener a un menor conectado salga caro —multas, juicios, cuentas cerradas, costes reputacionales—, serán las mismas plataformas las que corregirán el diseño que hasta ahora han defendido. En palabras de Von der Leyen: "Quien fabrica el producto es responsable de él".
El mejor momento para poner orden a todo esto era hace veinte años, cuando las redes nacieron y todavía las mirábamos con ojos de quien cree que toda tecnología nueva nos hace más libres. Todo aquello ya ha pasado (si es que alguna vez existió, que me hago mayor). El segundo mejor momento es ahora.
Así que la próxima vez que veáis a vuestros hijos —y a vosotros mismos— enganchados a las redes, pensad para quién trabajan —para quién trabajamos—. Seguramente para algún tecnooligarca norteamericano defensor de la supervivencia de los más fuertes y poco interesado en que las democracias funcionen. Siguiendo la lógica, pues, podemos llegar a la conclusión de que un ejército global de niños trabaja para destrozar nuestra democracia. ¡Vive la France!
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