El reto de aumentar la oferta de alquiler

La vivienda se ha convertido en uno de los principales retos sociales y económicos de nuestro país. Lo es para las familias, especialmente para los jóvenes, pero cada vez lo es más también para las empresas y para la competitividad de los territorios.

Partimos de una realidad difícil de discutir: en España falta vivienda y, especialmente, vivienda de alquiler. Los datos comparables de Eurostat muestran que aproximadamente una cuarta parte de la población española vive de alquiler, un porcentaje sensiblemente inferior al de otros países europeos, como Alemania o Austria, donde se acerca o supera la mitad de la población.

A esta realidad se añade otra debilidad estructural: el reducido parque de vivienda de alquiler social. Según los datos comparativos de la OCDE, en España representa menos del 2% del parque total de viviendas, muy lejos de los porcentajes superiores al 20% de países como los Países Bajos, Austria o Dinamarca.

Durante muchos años no hemos generado suficiente vivienda de alquiler y revertir esta situación requerirá tiempo. Por este motivo es necesario que las administraciones impulsen decididamente la construcción de vivienda pública destinada al alquiler, movilizando suelo, inversión y colaboración público-privada y agilizando unos procedimientos que demasiado a menudo alargan durante años el desarrollo de nuevos proyectos.

Pero las viviendas que necesitamos no se construirán de hoy para mañana. Y, mientras tanto, la demanda sigue creciendo. Por eso, cualquier política de vivienda debería tener un objetivo esencial: aumentar la oferta de alquiler, tanto pública como privada, y evitar que viviendas que hoy están alquiladas salgan del mercado.

Es imprescindible proteger los derechos de los inquilinos y darles estabilidad y seguridad, pero también generar confianza entre los propietarios para que decidan poner y mantener sus viviendas para alquilar. Si alquilar se percibe como una decisión excesivamente arriesgada o incierta, algunos propietarios pueden optar por vender o retirar sus viviendas del mercado, lo que agrava aún más un problema de oferta que ya es importante.

"Si alquilar se percibe como una decisión excesivamente arriesgada o incierta, algunos propietarios pueden optar por vender o retirar sus viviendas del mercado"

Necesitamos, por tanto, un marco que combine protección del inquilino con seguridad para el propietario: estabilidad normativa, garantías frente a los impagos e incentivos que favorezcan que más viviendas se incorporen al mercado de alquiler.

Y, naturalmente, hay que proteger a las personas vulnerables. Nadie debería quedarse sin una alternativa habitacional digna por una situación de vulnerabilidad económica. Pero esta es una responsabilidad que corresponde a las políticas sociales y, por lo tanto, a las administraciones públicas. Disponer de un parque público de alquiler suficiente es precisamente una de las herramientas que debería permitir dar respuesta sin trasladar esta responsabilidad al propietario particular.