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No tienen varita ni “soluciones mágicas”, pero sí que observan con cierta amargura uno de los debates más enquistados de los últimos años. Las patronales catalanas han iniciado el curso con una larga lista de prioridades, y el mes de septiembre ya se ha encargado de hacer sobresalir la vivienda como la más ruidosa y agridulce. El encarecimiento de precios, el alquiler, las compraventas, la ley de vivienda europea y la incapacidad para generar oferta asequible han tejido un consenso coral: “Pocas opiniones dispares hay en este aspecto. Hace tiempo que la falta de vivienda va más allá de un problema social y afecta la competitividad de las empresas”, apunta a VIA Empresa Pep Garcia, presidente del Consell Territorial de la Pime de Foment del Treball y de la UEI-Cerclem.
La primera piedra para dar cuerpo y forma a esta casuística corrió a cargo de Pimec. El pasado mes de julio, la patronal presentó un estudio inédito que revela que un 57% de las pymes catalanas ya asume sobrecostes. La investigación, coordinada por el Observatori de la Pime y su presidente y catedrático, Oriol Amat, soltó titulares como: “Vivienda más cara significa gasto de personal más elevado”. Con un extra medio de 5.500 euros anuales por vacante para cubrir complementos de alquiler o facilitar trayectos de desplazamiento al trabajo, Garcia recuerda que “esto es un coste directo para la empresa y no implica ninguna mejora de la productividad, que es la madre del cordero, ni se traduce en más capacidad de renta para el trabajador, porque esta se dedica a pagar el alquiler”.
Un 57% de las pymes catalanas ya asume sobrecostes por la vivienda, con un extra medio de 5.500 euros anuales por vacante, según Pimec
Moisès Bonal, director de estudios y análisis económico de Pimec y uno de los autores del informe, conversa con este diario para entrar más en detalle sobre el perfil de la muestra, que reúne cerca de 400 empresas encuestadas. “El 27,6% de las respuestas provienen del Barcelonès, seguidas del 15,4% del Baix Llobregat y del 15,5% del Vallès Occidental, todas ellas zonas que la Generalitat clasifica de nivel de tensión muy alta. También obtuvimos respuesta del Vallès Oriental y del Maresme”, enumera. “La mayoría de centros de trabajo de estas pymes se encuentran en núcleos urbanos, ciudades o polígonos industriales”, añade.
Salarios de 100.000 euros rechazados y pisos a nombre de la sociedad
El anonimato de los casos recogidos por Pimec permite rellenar una casilla de comentarios, y Bonal revisa algunos. “Una empresa relata cómo ha visto rechazadas ofertas de más de 100.000 euros brutos anuales por el coste del alquiler. Los candidatos aceptan propuestas en otros lugares de Europa donde el porcentaje de salario dedicado a la vivienda es más bajo”. Por otro lado, “una compañía afirma que la situación y tensión de los salarios la obliga a subirlos por encima del IPC”. Y un tercer testimonio: “Una sociedad tuvo que poner una vivienda a nombre de la misma empresa para recibir a un trabajador extranjero, que venía con visado y no encontraba alojamiento”.
Los tres no son ejemplos demasiado aislados para Oriol Alba, secretario general de Cecot, que conoce bien el estudio y escucha cada día la preocupación de las empresas asociadas. “La dificultad para acceder a la vivienda resta flexibilidad y movilidad al mercado de trabajo”, sentencia, y plantea un ejemplo más: “Conseguir un trabajo en Girona no implica automáticamente poder trasladarse y encontrar dónde vivir, y eso no ayuda al dinamismo económico”. Además, apunta a otro efecto directamente vinculado: la acumulación de costes “no solo de vivienda, sino energéticos y de la cesta de la compra” acaba trasladándose en presiones e incrementos salariales para las empresas.
Y cuando el cambio de residencia se vuelve imposible, la movilidad reaparece como la otra cara de la misma moneda. Bonal destaca que más de un empresario asevera que el freno principal va ligado con la odisea que supone desplazarse desde el área metropolitana hacia Barcelona o hacia los polígonos exteriores. En este sentido, Garcia califica el funcionamiento de Rodalies como "una ineficiencia social y económica bastante importante" por la “cantidad de horas perdidas en desplazamientos”, a la vez que reivindica la B-40 para el Vallès Oriental y Occidental como una “necesidad imperiosa” y asegura que, junto con el Baix Llobregat, forman "el corazón industrial de Catalunya".
Alba (Cecot): “Conseguir un trabajo en Girona no implica automáticamente poder trasladarse y encontrar dónde vivir, y eso no ayuda al dinamismo económico”
La movilidad también camina junto a unos últimos datos de inflación que “tampoco son buenos”, lamenta Garcia. “La inflación erosiona el poder adquisitivo de los salarios, y, al fin y al cabo, todo es un cóctel perfecto que va en contra”, añade. “El sueldo va condicionado al coste de la vida, pero las empresas también sufren este encarecimiento, creando un círculo que compromete su viabilidad”, complementa Alba.
“Agilidad urbanística” y construcción industrializada
Para romper esta espiral, Alba huye de la retórica y anuncia que la patronal vallesana trabaja en el anteproyecto de ley de simplificación de trámites urbanísticos y ambientales. “La prioridad del Govern de construir decenas de miles de viviendas debería ser nacional, pero la clave es el tiempo. Tardar dos años en obtener una licencia es un obstáculo inasumible”, critica el secretario general. Para la Cecot, recortar plazos no solo desencallaría la creación de vivienda, sino que facilitaría la expansión de las mismas naves industriales y oxigenaría a todo el sector de la construcción y sus servicios auxiliares.
En paralelo, Alba introduce un elemento de innovación tecnológica que considera primordial: la construcción industrializada y modular. “De la misma manera que hay que agilizar la norma, debemos innovar en los procesos de construcción. Ya hay empresas catalanas como Roca que fabrican lavabos modulares, o la misma Sagrada Familia, que también utiliza paneles modulares para montar estructuras”, comenta.
Este cambio de modelo es una necesidad que el secretario general de Cecot considera del todo inaplazable ante la realidad demográfica que viene: “Catalunya, España y Europa necesitarán recibir mucha inmigración los próximos años para cubrir puestos de trabajo ante el envejecimiento de la población y la baja natalidad. ¿Dónde vivirá toda esta gente?”, alerta.
Soluciones mancomunadas, marco europeo y un Pacto Transversal
Si bien desde Pimec ya se aventuraron a proponer algunas medidas para aportar un poco de luz al final del túnel, Amat no pudo evitar mostrar la diferencia que hay entre las grandes corporaciones que “pueden organizar líneas de transporte privado o incluso promover viviendas corporativas”, y las pymes, que “no tienen la capacidad para hacerlo”. Bonal matiza que las grandes empresas ya tienen la obligación de disponer de un plan de movilidad si superan los 500 trabajadores, pero admite que la mayoría de pymes necesitan “soluciones mancomunadas y apoyo institucional” para poder compartir planes de desplazamiento.
Por su parte, Garcia advierte que el contexto geopolítico y el encarecimiento de la energía ya presionan notablemente los márgenes. Por eso, considera indispensable cambiar el enfoque: "La vivienda se tiene que considerar una política estratégica de competitividad, como ya lo es la movilidad; sin esto no podremos hablar nunca de un mercado laboral eficiente". A la vez, reconoce que la situación llega a puntos críticos cuando se pierden oportunidades de negocio por falta de manos: "Lo más triste del mundo es tener capacidad de crecer, tener pedidos y no poder sacar adelante estos proyectos porque no tienes personas".
Garcia (Consell de la Pime de Foment): "Lo más triste del mundo es tener capacidad de crecer, tener pedidos y no poder sacar adelante estos proyectos porque no tienes personas"
La demanda de Garcia coincide en el tiempo con el paso adelante que ha dado esta misma semana la Comisión Europea (CE), un movimiento que ha generado revuelo por los rumores de una posible interferencia con el plan de Barcelona de eliminar las licencias turísticas. Sin embargo, la iniciativa no afectará la decisión de prohibir la renovación y expedición de estos permisos a partir de 2028. Aunque la nueva Ley de Vivienda Asequible promovida por el ejecutivo de Ursula von der Leyen busca crear un marco legal para restringir el alquiler temporal o la compra no residencial en zonas tensionadas, Bruselas ha aclarado que el reglamento solo será vinculante para las medidas que se adopten una vez haya entrado en vigor.
Así pues, y sin recetas mágicas a la vista, muchas miradas apuntan hacia el Pacto Transversal por la Vivienda en Catalunya, una iniciativa impulsada por los API que ya no consideran propia, sino "de todos aquellos que quieran dar una respuesta real al problema habitacional". Uno de sus Santos Griales es priorizar la construcción asequible precisamente en las zonas con más dinamismo y actividad económica. Para ello, el pacto detalla un paquete de medidas concretas que exige incrementar de manera progresiva la inversión pública en esta materia hasta alcanzar el 0,7% del PIB, movilizar el suelo -también para vivienda social-, o blindar y reforzar la colaboración público-privada, entre otras.
Las políticas de vivienda, recuerda Bonal, "tienen un período de maduración lento, similar al de las reformas educativas”. Pero la prioridad de construir más ya se ha convertido en el gran mantra compartido por patronales, agentes y sindicatos. Sin embargo, los datos del Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat) muestran que las viviendas terminadas hoy representan, a ojos de Bonal, “un 10% de las que se hacían antes de 2008”. Una distancia que constata que, para Pimec, Foment y Cecot, la carpeta de la vivienda será una de las más exigentes este nuevo curso.
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