Ser o no ser vascos

03 de Enero de 2026

El confederalismo vasco se basa, sobre todo, en la plena autonomía fiscal y parte de un reconocimiento “histórico” por parte de la Constitución española, pero niega el principio del artículo 138.2, que dice que “las diferencias entre los estatutos de las diversas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales”. El resultado es, desde siempre, una financiación sin comparación posible con Catalunya, para un similar PIB per cápita, y una ocultación sistemática de datos que ni se integran en las estadísticas públicas españolas. Y el marco constitucional nos dice que: “El Estado (…) velará por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español” (art.138.1).

La razón histórica de fondo solo se puede explicar en el hecho de que España reconoce los resultados militares: la derrota de Catalunya en 1714 y el empate del pacto carlista de Bergara en las forales, en 1839. Y, en el respeto a los hechos militares, podemos sumar el de 1939: diputaciones forales allí, españolas aquí, no absorbidas por la Generalitat como lo fueron en la República.

El diferencial entre vascos y catalanes no se sostiene. Sabemos que la ordinalidad es constitucional y también la única fórmula legal posible, y ya vemos el camino que lleva el debate. Como tampoco nos hacen falta las balanzas fiscales para hacer cada año la comparación entre gasto autonómico y capacidad fiscal generada en cada comunidad.

La realidad nos indica que Madrid recauda el 46% de todos los ingresos del Estado (Catalunya el 20%). Madrid es el Estado dentro del Estado, porque Madrid no es “España dentro de España” (Ayuso), sino que España es Madrid. Sabemos que Catalunya y Baleares somos aportadores y que a nueve de las CCAA los ingresos fiscales no cubren ni el mismo gasto autonómico. Es decir, su “cupo” aportado al Estado no es que sea reducido, como en las dos forales, sino que es directamente negativo, por mucho que a menudo afirmen que con sus impuestos no piensan contribuir a los caprichos de los catalanes. Sí, nueve comunidades no aportan nada de nada al mantenimiento del aparato central del Estado (aportan Madrid, Catalunya, Baleares y, más débilmente, Valencia, Aragón y Cantabria).

"La regionalización española es una absoluta ficción, con un Madrid prepotente y al alza, en un resto de España que pierde posiciones"

La primera parte de unos balances fiscales debe decir quién aporta qué al Estado central. Y esto incorpora los forales en una relación que debe ser transparente y que sabemos que es positiva en pocas CCAA y negativa en muchas. El segundo paso es saber a dónde va a parar el gasto central. Que los forales dispongan de la caja recaudatoria no elimina la obligación de transparencia; más bien la exige, y el marco debe ser conjunto, no de una liquidación a medida y comiendo aparte.

La regionalización española es una absoluta ficción, con un Madrid prepotente y al alza, en un resto de España que pierde posiciones. Y con una Catalunya sin especificidades propias respecto al Estado, cuando todo el mundo mantiene una concreta singularidad de trato. Las forales, Madrid y las regiones subsidiadas alcanzan un encaje específico, negado a Catalunya y Baleares.

En el contexto de las Españas, los catalanes hacemos el papel de los malos y gaznáteos, mientras que los forales son respetados plenamente y nunca criticados. Se entiende, porque comparten trato bonificado de Estado, un asunto común de compañeros. Tampoco a escala catalana queda nada bien meternos con ellos, ni en la política, ya que los partidos no quieren incomodarlos, ni tampoco en la sociedad queda bien criticarlos. Este hecho comporta que los catalanes nunca aspiremos a ser vascos, cuando nos haría falta.

"El hecho “histórico” de las forales y el centralismo contradicen los principios de transparencia, ordinalidad, equidad y subsidiariedad, a costa, sobre todo, de Catalunya"

Que en la legalidad española, el subtexto de la Constitución, se derive de las contiendas militares es inaceptable y también ilegal. La simple derogación del Decreto de Nueva Planta —actualmente se habla de ello— no sería una formalidad superficial, ya que equivaldría a reconocernos los mismos derechos históricos que los vascos, porque la Constitución no es confederal, sino básicamente unitaria y se basa en el derecho, no en el historicismo.

Es más, en una constitución unitaria, levemente regionalizada, “la unidad indisoluble de la patria española” solo puede partir del respeto equitativo de todas las partes. Esto es, explicitando de manera sistemática el gasto ordinario y la inversión acumulada en términos igualitarios y equitativos. Y sí, la sentencia contra el Estatut aporta buenos fundamentos, solo que el Tribunal Constitucional decía que le faltaban las cifras concretas para pronunciarse. El hecho “histórico” de las forales y el centralismo contradicen los principios de transparencia, ordinalidad, equidad y subsidiariedad, a costa, sobre todo, de Catalunya. Porque prima la anarquía, no el Derecho ni el orden constitucional.

Este agravio entronca con la histórica debilidad política de los catalanes. Según Jaume Vicens Vives, partimos de la incapacidad de saber embridar al minotauro, el poder del Estado. De lo cual se deriva la plena incapacidad de hurgar en sus contradicciones, incompetencia generalizada que abarca desde Foment y Unió a los independentistas ilusos. La nuestra es una mentalidad prepolítica, que solo podrá ser enderezada con un impulso hecho desde la sociedad, antes de poder ser representada por la política formal.

Quedarnos en el marco mental de la diferencia y del maltrato, que tenemos bien asumido en nombre de nuestra especificidad, no es sino una derrota autoinfligida. La defensa, en cambio, partiría de consolidar en términos de Derecho la “voluntad de ser” (destacada por Vicens Vives). Ya hace años, las balanzas fiscales fueron un argumento, hecho primero desde la sociedad, pero no es suficiente. Hay que consolidar mejor la exigencia del respeto y hacerla sin complejos, porque la injusticia, la subversión de los principios del Derecho y las graves contradicciones no son nuestras, sino del Estado.

Podríamos ser vascos, ¿quién nos lo niega? Bueno, para empezar nosotros mismos, quizás los que más. Saber estar en el Estado pide lucidez y aplomo. Saber ser, o no ser.