El precio económico del caos de Rodalies

El mal funcionamiento crónico de Rodalies no es solo un problema de movilidad, es, sobre todo, un lastre directo para la competitividad de la economía catalana. Cuando un país no puede garantizar que las personas lleguen al trabajo con normalidad, puntualidad y previsibilidad, algo esencial falla. Y las consecuencias van mucho más allá de las incomodidades cotidianas.

Los episodios recientes de colapso de la red han vuelto a poner de manifiesto una realidad que con demasiada frecuencia se ha normalizado: interrupciones constantes, servicios anulados, retrasos sistemáticos y una información deficiente que genera incertidumbre y desconfianza. Tratarlo como un problema puntual es un error. Lo que tenemos delante es un déficit estructural que impacta directamente en la productividad del país.

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Caos ferroviario: y todo esto, ¿quién lo paga?

Cada retraso es tiempo improductivo. Cada jornada laboral alterada es un coste añadido. Cada trabajador que llega tarde o no puede llegar es una disfunción que afecta a la organización interna de las empresas. Y esto no pasa de forma excepcional: pasa de forma recurrente. En una economía donde la gran mayoría de empresas son microempresas o pequeñas empresas, esta inestabilidad tiene un efecto especialmente nocivo.

La competitividad no depende solo del talento, la innovación o el esfuerzo empresarial, depende, también y mucho, de las infraestructuras básicas. Los países que funcionan lo tienen claro: un transporte público eficiente no es un gasto, es una inversión estratégica. Cuando esta pieza falla, todo el sistema se resiente. ¿Cómo podemos aspirar a atraer inversión, talento o proyectos estratégicos si no somos capaces de garantizar un servicio ferroviario fiable en un área metropolitana que se quiere equiparar a las principales regiones europeas? La credibilidad, en economía, es un activo clave. Y Rodalies hace tiempo que la pone en cuestión.

"El tren es, objetivamente, el medio más sostenible para el transporte masivo de personas. Pero solo lo es si funciona"

Todo ello resulta aún más contradictorio en un momento en que el discurso público apuesta, con razón, por la lucha contra el cambio climático y la necesidad de reducir emisiones. Pero si realmente se cree en una movilidad sostenible, no tiene ningún sentido limitar el uso del vehículo privado, como se ha hecho en Barcelona y en muchas poblaciones catalanas, sin haber garantizado antes alternativas de transporte público eficientes, fiables y dignas. El tren es, objetivamente, el medio más sostenible para el transporte masivo de personas. Pero solo lo es si funciona. Penalizar el coche mientras el sistema ferroviario colapsa no es una política verde: es una mala política. Y, a la larga, es también una política socialmente injusta y económicamente perjudicial.

Llegados aquí, hay que abordar el debate de las responsabilidades con rigor. La situación actual de Rodalies no es fruto de un solo gobierno ni de una sola administración. Es el resultado de años, demasiados años, de decisiones aplazadas, de inversiones insuficientes y, sobre todo, de inversiones reiteradamente no ejecutadas. Ha pasado con gobiernos de todos los colores políticos, tanto en Catalunya como en el Estado. Señalar culpables únicos puede ser cómodo, pero no resuelve el problema.

"El colapso de Rodalies no es una anécdota ni una fatalidad: es una suma de decisiones que estamos pagando cada día"

Un país con un sistema de transporte público fallido es un país menos competitivo. Y un país menos competitivo es, inevitablemente, un país más pobre y con menos capacidad de generar bienestar. El colapso de Rodalies no es una anécdota ni una fatalidad: es una suma de decisiones que estamos pagando cada día. Mientras no se afronte esta cuestión con la seriedad, la ambición y la urgencia que merece, continuaremos poniendo límites al futuro económico de Catalunya.