Esta semana he tenido la oportunidad de ir a Bermudas, un archipiélago paradisíaco perdido en medio del Atlántico. He ido por trabajo. Estas islas, con poco más de 65.000 habitantes y sin recursos naturales destacables, de hecho, ni con una gran masa de tierra, se han convertido en un centro neurálgico mundial del sector del reaseguro.
Bermudas gestiona aproximadamente el 35% del capital reasegurado global, según datos de la ABIR y el Bermuda Risk Summit. Esto incluye 171.000 millones de dólares en primas brutas y 164.000 millones en capital propio solo en 2023. En el segmento de vida y anualidades, en 2024, el 38% de los fondos cedidos por aseguradoras norteamericanas acabaron en Bermudas. Esto representa 2,4 billones de dólares ($2.400.000.000.000), un 50% más que tan solo cuatro años antes. Es una concentración impresionante para un territorio tan pequeño, que no tiene ni una ubicación estratégica convencional y que, además, es vulnerable a los huracanes y a los efectos del cambio climático.
Esta paradoja de pequeñez y liderazgo merece un análisis profundo. Este éxito no es fruto de la casualidad. Bermudas ha sabido combinar una regulación ágil pero robusta, una infraestructura legal y fiscal competitiva y una cultura de servicio global. Las empresas que se instalan allí encuentran talento internacional, conexiones con más de 150 países y una capacidad de innovación que rivaliza con centros como Zúrich, Londres o Nueva York. Todo ello, en un entorno físico que parece más destinado al turismo que a las finanzas.
Las empresas que se instalan encuentran talento internacional, conexiones con más de 150 países y una capacidad de innovación que rivaliza con centros como Zúrich, Londres o Nueva York
Cabe destacar que Bermudas no es un país independiente. Es un territorio británico de ultramar, con autogobierno absoluto en asuntos internos, pero con el Reino Unido responsable de la defensa y las relaciones exteriores. Esta responsabilidad británica no conlleva ningún coste directo relevante para Bermudas. Es decir, los impuestos de los bermudeños no van a parar a Londres, ni sufren injerencias en su gestión cotidiana. Es un pacto funcional, que permite a Bermudas centrarse en su desarrollo.
Este modelo de soberanía compartida ha sido clave para su estabilidad. En momentos de crisis, como después de desastres naturales o turbulencias financieras, la presencia británica ha aportado credibilidad internacional, acceso a redes diplomáticas, y una protección estratégica que convierte la vulnerabilidad geográfica en fortaleza institucional. Es un ejemplo de cómo el Estado puede proteger aquello que otras naciones bajo su soberanía hacen.
La comparación con Catalunya dentro de la España de hoy es inevitable. Catalunya, con más de siete millones de habitantes, una economía diversificada y una cultura propia, no goza de las mismas condiciones. No tiene competencias plenas en asuntos internos, ni en materia regulatoria financiera, ni capacidad de gestión del grueso de sus impuestos. Y, sin embargo, contribuye de manera desproporcionada a la financiación del Estado español, a menudo sin retorno proporcional.
Bermudas demuestra que la soberanía compartida puede ser funcional, si se basa en respeto, protección y autonomía real
Bermudas demuestra que la soberanía compartida puede ser funcional, si se basa en respeto, protección y autonomía real. El Reino Unido no impone, sino que acompaña. No recoge, sino que garantiza. Esta relación permite que el territorio florezca, que su patrimonio natural e institucional se preserve, y que su gente prospere en un entorno globalizado.
En definitiva, Bermudas es una lección de soberanía funcional. Un recordatorio de que la belleza no solo es paisaje, sino también institución, confianza y respeto. Y que el Estado, si quiere, puede ser protector de lo más pequeño pero extraordinario. Si no fuera así, Bermudas, seguro, ya sería independiente.