Esta semana, el presidente de la Generalitat ha anunciado en el Parlament de Catalunya una serie de medidas con el objetivo de activar la construcción de 210.000 nuevas viviendas en los próximos cinco años, de las cuales cerca del 40% deberían ser de protección oficial. A pesar de la concreción limitada de la promesa, la incertidumbre presupuestaria y las dudas sobre su realismo, el Govern ha situado por primera vez el urbanismo como herramienta principal para alcanzar este objetivo. En concreto, se quiere generar suelo disponible para nuevas viviendas mediante la activación de los planeamientos urbanísticos en todo el país donde haya sectores de crecimiento destinados al uso residencial.
La propuesta del president Illa supone un cambio sustancial en la política de gestión del suelo vigente hasta ahora. Entre las novedades más relevantes destaca la de incrementar la densidad de viviendas con el fin de multiplicar el potencial de construcción de cada sector urbanístico hasta su máximo, y no determinarlo únicamente en función de las cargas urbanísticas.
Este anuncio se añade al objetivo formulado hace un año de 50.000 nuevas viviendas de protección oficial hasta 2030, de las cuales —según el Govern— la mitad estarán en alguna fase de producción durante 2026. En este caso, las herramientas activadas han sido principalmente de carácter financiero, orientadas a garantizar la viabilidad económica del suelo destinado a VPO y a atraer a promotores para desarrollarlo. Entre estas medidas, destacan las subvenciones a los promotores para complementar la renta que perciben por el alquiler de los adjudicatarios de los pisos, o el acceso a créditos promotores del ICF por el 100% de la inversión a tipos de interés bonificados.
Las medidas anunciadas ahora complementan otras políticas ya en marcha: los préstamos para jóvenes para pagar la entrada de un piso, las ayudas al alquiler, o los avales del ICO impulsados por el gobierno central para facilitar el acceso al crédito hipotecario, así como las políticas de intervención del mercado de la vivienda por parte de ambos ejecutivos en materia de limitación de los precios del alquiler, futura regulación de los alquileres de temporada, o reducción de los pisos de uso turístico.
Estas medidas tienen como denominador común incidir -con mayor o menor eficacia- básicamente en tres de los factores que condicionan el acceso a la vivienda: el precio, la disponibilidad de oferta y el acceso a la financiación. Sin embargo, quedan al margen los otros dos condicionantes fundamentales, la demanda y los sueldos, que precisamente son los que determinarán hasta qué punto las políticas de vivienda alcanzan su razón de ser: facilitar el derecho a la vivienda a los ciudadanos y la emancipación de los jóvenes para desarrollar su proyecto vital.
Estas medidas tienen como denominador común incidir -con mayor o menor eficacia- en factores como el precio, la disponibilidad de oferta y el acceso a la financiación.
Por eso, sería importante evitar la tentación de cometer el error de querer medir el éxito de estas políticas en términos del número de nuevas viviendas construidas o la reducción de precios que se pueda alcanzar, como los objetivos parecen plantear. La perversión inicial de las políticas anunciadas radica en confundir el medio con la finalidad. A estas alturas, vivimos un mercado de vivienda con una demanda casi infinita, como lo demuestran las proyecciones del Idescat de crecimiento del número de nuevos hogares en 256.000 de aquí a 2034 o el incremento ya consolidado que ha supuesto el aumento en un 5,6% de la población en la última década. En este contexto, la promesa de construcción de nuevas viviendas no resulta ninguna garantía por sí sola si no va acompañada de un objetivo ambicioso que establezca verdaderamente lo que se quiere conseguir.
En definitiva, si no se actúa también sobre los factores de demanda y renta, el incremento de la oferta difícilmente revertirá la situación actual. Más que fijarse en el número de pisos construidos, hay que preguntarse qué realidad social queremos revertir o alcanzar. Así pues, la verdadera pregunta que nos deberíamos hacer es otra: ¿cuál pretendemos que sea la edad media de emancipación de los jóvenes en la Catalunya de 2030?
Más que fijarse en el número de pisos construidos, hay que preguntarse qué realidad social queremos revertir o alcanzar
Solo así podremos valorar de manera fehaciente la ambición de los planes del Govern para solucionar el reto de la vivienda y medir su grado de éxito en esta materia. El punto de partida es claro: una tasa de emancipación del 17,4% en caída libre desde 2007, cuando se situaba en el 32,6%, y una edad media de emancipación de 29,8 años que está lejos de la media de 26,4 de la Unión Europea (UE).
De hecho, actualmente solo el 18% de los jóvenes emancipados entre 25 y 29 años lo hacen en régimen de propiedad, mientras que en 2007 eran cerca del 56%, un abismo comparativo que en el caso de las personas de entre 30 y 34 años ha pasado del 82% (2007) al 32,6% (2022).
En conclusión, definir bien los objetivos de las políticas de vivienda, de manera que sean cuantificables, con un horizonte temporal definido e indicadores reales de consecución, es clave para que todo ello no pueda convertirse en una manera más de hacerse trampas al solitario.