En medio del Pacífico Sur, en una capital insular a menudo invisible en los mapas de la geopolítica global, un movimiento silencioso pero profundo está redefiniendo el equilibrio de poder entre las grandes potencias. Desde el puerto de Avarua, en las Islas Cook, hasta las vastas aguas que rodean Kiribati, acuerdos recientes con China han abierto la puerta a la exploración y, potencialmente, a la explotación de recursos minerales que serán decisivos para la próxima generación de tecnologías: las tierras raras y otros elementos críticos para la electrificación, las baterías y los sistemas de defensa del siglo XXI.
Este fenómeno -que a primera vista podría parecer una mera cooperación económica entre estados soberanos- es, en realidad, un movimiento astuto de Pekín para consolidar su papel como primer actor en una cadena de suministro que condiciona no solo la transición energética, sino también la capacidad de disuasión e innovación tecnológica de las grandes potencias. La importancia de estas concesiones supera con creces los beneficios inmediatos para las pequeñas naciones del Pacífico y sitúa la región en el centro de una nueva carrera por recursos estratégicos que Europa, los Estados Unidos (EEUU) y Japón parecen ignorar.
La importancia de estas concesiones sitúa a la región en el centro de una nueva carrera por recursos estratégicos que Europa, Estados Unidos y Japón parecen ignorar
El caso de las Islas Cook es paradigmático. El archipiélago, asociado libremente a Nueva Zelanda pero con autonomía para firmar acuerdos internacionales, ha abierto conversaciones avanzadas con empresas chinas para explorar nódulos polimetálicos en su fondo marino. Estos nódulos concentran elementos como el cobalto, el níquel o el manganeso, imprescindibles para baterías eléctricas, turbinas eólicas y sistemas de almacenamiento energético. En paralelo, Kiribati -uno de los estados del Pacífico más vulnerables al cambio climático- ve en esta cooperación una vía rápida de financiación, a pesar de los riesgos medioambientales y la dependencia estratégica que puede generar a medio plazo.
La clave no es solo el acceso a los recursos, sino el modelo con el que China se aproxima a ellos. A diferencia de las democracias occidentales, Pekín ofrece paquetes integrados: financiación, infraestructura, apoyo técnico y una narrativa de cooperación Sur-Sur que conecta con gobiernos que se sienten históricamente olvidados no solo por sus antiguas metrópolis, sino también por los grandes países occidentales. Este enfoque le permite asegurar concesiones a largo plazo en zonas donde la regulación internacional es aún débil o inexistente y donde la presión diplomática occidental ha sido intermitente o directamente ausente. El resultado es una presencia creciente en un espacio marítimo que, hasta hace poco, no figuraba como prioritario en las estrategias industriales de Europa ni de EEUU.
El impacto de esta estrategia no se limita al Pacífico Sur ni a los equilibrios regionales: afecta directamente la configuración de las cadenas de suministro globales. Las tierras raras y los metales críticos que se concentran en estos fondos marinos son elementos clave para la fabricación de baterías, semiconductores, motores eléctricos y sistemas avanzados de defensa. Al asegurarse el acceso preferente a estos recursos en origen -y a menudo también a las fases de procesamiento- China refuerza una posición dominante, donde ya ejerce en más del 70% del refinamiento mundial de tierras raras. Esto no solo le permite estabilizar sus propios costes industriales, sino también condicionar precios, flujos comerciales y, en última instancia, decisiones políticas de países altamente dependientes de estas materias primas.
Al asegurarse el acceso preferente a estos recursos en origen China refuerza una posición dominante, donde ya ejerce en más del 70% del refinamiento mundial de tierras raras
Europa aparece en este escenario no como un actor estratégico, sino como un mero espectador bienintencionado y prácticamente irrelevante. En realidad, la vulnerabilidad europea no es fruto de un accidente, sino el resultado de una cadena de errores políticos reiterados. Durante décadas, la Unión Europea ha externalizado de manera consciente la extracción, el refinamiento e incluso la reflexión estratégica sobre materias primas críticas, confiando en que el mercado global y la estabilidad geopolítica harían el resto. Gobiernos nacionales e instituciones comunitarias han bloqueado proyectos mineros propios, han desincentivado inversiones en procesamiento y han renunciado a una política industrial coherente por miedo al coste político interno y al conflicto ambiental.
Mientras tanto, Pekín iba trabajando astutamente. Hoy, cuando Bruselas descubre que no hay transición energética sin tierras raras ni soberanía digital sin control de materiales estratégicos, ya no negocia desde una posición de fuerza, sino desde la urgencia. Y esta urgencia, lejos de ser un revulsivo, amenaza con convertirse en una nueva coartada para aplazar decisiones estructurales que deberían haberse tomado hace quince o veinte años.
La explotación de recursos minerales en el fondo oceánico abre interrogantes ambientales de primer orden que la comunidad internacional aún no ha resuelto. Los ecosistemas abisales continúan siendo en gran parte desconocidos, y diversos estudios científicos alertan de que la minería submarina puede provocar daños irreversibles a la biodiversidad, a las cadenas tróficas marinas y a los mecanismos naturales de captura de carbono. A pesar de ello, la presión por asegurar el acceso a metales críticos ha avanzado mucho más rápido que el consenso científico o normativo, lo que genera un escenario en el que la urgencia industrial se impone al principio de precaución. En este contexto, las pequeñas naciones insulares del Pacífico se ven empujadas a tomar decisiones de alto impacto ambiental sin disponer de los recursos técnicos ni institucionales necesarios para evaluar sus consecuencias a largo plazo.
El discurso de sostenibilidad que ha servido para bloquear proyectos extractivos dentro del continente se diluye cuando los impactos ecológicos se desplazan al Pacífico Sur, fuera del radar mediático y político europeo
Europa, sin embargo, ocupa una posición especialmente incómoda en este debate. Tras años de erigirse en referente global de la regulación ambiental, la Unión Europea observa ahora cómo su dependencia de materias primas críticas la fuerza a mirar hacia otro lado cuando la extracción se produce lejos de sus costas. El discurso de sostenibilidad que ha servido para bloquear proyectos extractivos dentro del continente se diluye cuando los impactos ecológicos se desplazan al Pacífico Sur, fuera del radar mediático y político europeo. Esta doble vara de medir no solo erosiona la credibilidad moral del bloque comunitario en los foros internacionales, sino que refuerza la percepción -especialmente entre los países del Sur global- de que la transición verde europea se construye externalizando costes ambientales y riesgos sociales que no está dispuesta a asumir en territorio propio.
Más allá de la economía y del medio ambiente, el control de los recursos minerales del fondo del Pacífico tiene una dimensión inequívocamente estratégica. Las tierras raras y los metales críticos son componentes esenciales de sistemas de defensa avanzados, desde misiles guiados hasta radares, drones y tecnologías espaciales. Al asegurarse el acceso a estos materiales en zonas marítimas clave, China no solo refuerza su base industrial, sino que amplía su capacidad de proyección en una región central para la seguridad global. El Pacífico Sur, tradicionalmente percibido como un espacio periférico, se consolida así como una pieza más del tablero del Indo-Pacífico, donde la competencia entre potencias ya no se limita a bases militares o rutas comerciales, sino que se extiende al subsuelo oceánico.
Los aliados occidentales observan esta evolución con una combinación de preocupación y respuesta fragmentada. Estados Unidos, Australia y Japón han comenzado a reforzar su presencia diplomática y militar en la región, pero continúan sin ofrecer alternativas creíbles y sostenidas a las naciones insulares que buscan desarrollo e ingresos inmediatos. Europa, por su parte, permanece en un segundo plano, a pesar de haber adoptado formalmente una Estrategia para el Indo-Pacífico. Esta ausencia no es neutral: deja espacio para que otros actores definan las reglas del juego y condicionen futuros equilibrios de seguridad. En un contexto donde recursos, tecnología y defensa son indisolubles, renunciar a una presencia activa en el Pacífico Sur equivale a aceptar un papel secundario en la configuración del orden internacional que vendrá.
Renunciar a una presencia activa en el Pacífico Sur equivale a aceptar un papel secundario en la configuración del orden internacional que vendrá
Lo que está sucediendo en el fondo del Pacífico no es una anécdota lejana ni un problema ajeno: es el espejo donde se refleja la incapacidad europea de actuar como actor estratégico en un mundo que ya no espera. Mientras otras potencias planifican décadas vista, la Unión Europea continúa atrapada en una lógica reactiva, dominada por ciclos electorales cortos, consensos diluidos y una burocracia que confunde regulación con poder. Las instituciones europeas han preferido administrar dependencias antes que afrontar los costes políticos de una política industrial y de recursos ambiciosa. Y los estados miembros, cómplices de esta inacción, han defendido sus intereses inmediatos mientras delegaban la responsabilidad estratégica en un “Bruselas” convenientemente abstracto.
Esta renuncia colectiva tiene consecuencias. Europa habla de soberanía, pero acepta una dependencia estructural que condiciona su transición energética, su capacidad industrial e incluso su autonomía en materia de defensa. Reivindica liderazgo ambiental, pero externaliza los costes ecológicos fuera de su espacio político. Proclama valores, pero llega tarde allí donde estos valores se juegan con recursos, inversión y presencia real. Si la Unión Europea quiere seguir siendo algo más que un mercado regulado en un mundo de potencias, tendrá que asumir que la geopolítica no se resuelve con directivas ni con declaraciones solemnes. El Pacífico Sur ya ha entendido esta realidad; Europa, aún no. O peor: quizá no quiere entenderla.