Durante años, Japón ha sido presentado como uno de los laboratorios avanzados del futuro demográfico: envejecimiento extremo, baja natalidad y soledad creciente tanto de la gente mayor como, cada vez más, de los jóvenes. Lo que raramente se explica es que este colapso silencioso no solo tiene costes sociales y humanos, sino que también genera ganancias, y no pocas. El estado japonés ha encontrado en la muerte en soledad de su generación de posguerra una fuente de ingresos tan estable como incómoda a escala ética.
Las herencias sin herederos —los patrimonios de personas mayores que mueren solas, sin cónyuge ni descendencia directa— han pasado de ser una rara avis jurídica a convertirse en una línea relevante de recaudación del erario público nipón. Solo en 2024, la administración ingresó cerca de 129.000 millones de yenes (más de 700 millones de euros) procedentes de estas sucesiones, cuatro veces más que hace tan solo una década. No es un accidente ni un pico puntual: es el resultado directo de un modelo social que ha erosionado la familia tradicional sin adaptar ni el marco legal ni las políticas públicas al nuevo escenario.
Cada herencia sin herederos implica procesos judiciales largos, viviendas bloqueadas y una burocracia costosa que recae, sobre todo, sobre los ayuntamientos y los tribunales de familia
Este flujo creciente de patrimonios hacia el Estado no es neutro: tiene efectos prácticos, administrativos y políticos. Cada herencia sin herederos implica procesos judiciales largos, viviendas bloqueadas y una burocracia costosa que recae, sobre todo, sobre los ayuntamientos y los tribunales de familia. Pero también implica algo menos visible: ingresos extraordinarios que llegan sin conflicto social, sin debate parlamentario y sin el coste político de subir impuestos o recortar gasto. En un país tensionado por el envejecimiento, el estancamiento económico y la presión sobre el sistema de pensiones, este tipo de recaudación resulta tan silenciosa como funcional.
El resultado es una paradoja difícil de ignorar: el mismo Estado que constata el aumento de la muerte en soledad, la saturación de los juzgados y la expansión de viviendas abandonadas no tiene ningún incentivo inmediato para alterar un sistema sucesorio rígido que, de facto, le garantiza una entrada creciente de activos. Facilitar testamentos, permitir donaciones más flexibles o canalizar estos patrimonios hacia usos sociales exigiría reformas legales, pedagogía pública y una voluntad política clara que, de momento, no figura entre las prioridades del gobierno de la primera ministra, Sanae Takaichi, que hoy por hoy se dedica a exprimir el jugo de los jóvenes migrantes extranjeros.
El mensaje implícito que el gobierno envía a las generaciones jóvenes es tan silencioso como devastador: en un país donde formar una familia es cada vez más difícil, la vivienda es cara en las zonas con trabajo y la conciliación familiar continúa siendo una quimera tanto para los hombres como para las mujeres, el Estado no ofrece incentivos reales para construir proyectos de vida estables. El contrato social que sostuvo el Japón de la posguerra —trabajo duro a cambio de seguridad, familia y continuidad— se ha ido resquebrajando sin que nadie se haya atrevido a proponer redactar uno nuevo.
El contrato social que sostuvo el Japón de la posguerra —trabajo duro a cambio de seguridad, familia y continuidad— se ha ido resquebrajando sin que nadie se haya atrevido a proponer redactar uno nuevo
El resultado es una generación que trabaja, cotiza y sostiene un sistema que no le promete ni estabilidad vital ni ningún tipo de retorno simbólico. Los jóvenes ven cómo el Estado asume que no tendrán hijos, que vivirán solos y que, finalmente, su patrimonio acabará revirtiendo automáticamente a la administración si no dejan todo atado. No es un mensaje explícito, pero es profundamente claro: el sistema no espera continuidad, solo gestiona la desaparición de su propio pueblo.
Esta lógica tiene consecuencias económicas profundas y estructurales. Cuando el futuro se percibe como una línea cerrada y no como una continuidad, la inversión a largo plazo deja de ser racional. Sin hijos, sin herederos y sin horizonte de transmisión, la acumulación de patrimonio pierde sentido económico y simbólico, y el consumo deviene cortoplacista y defensivo. La economía entra así en un estado de gestión de la decadencia: menos emprendimiento, menos riesgo, menos innovación y una dependencia creciente de ingresos improductivos vinculados a la muerte y no a la creación de valor. Ningún modelo puede decirse sostenible cuando su equilibrio fiscal descansa, cada vez más, en la ausencia de futuro.
En este contexto, la normalización de las herencias sin herederos como fuente estable de recaudación no es neutra: redefine la relación entre el Estado y sus ciudadanos más jóvenes. Un sistema que funciona mejor cuando la gente no se casa, no tiene hijos y muere sola envía una señal inquietante sobre qué futuro considera plausible y aceptable. El riesgo no es solo moral, sino estratégico: ninguna economía puede sostenerse a largo plazo si su horizonte implícito es la extinción ordenada de las generaciones que deberían garantizar la continuidad.
Un sistema que funciona mejor cuando la gente no se casa, no tiene hijos y muere sola envía una señal inquietante sobre qué futuro considera plausible y aceptable
En lugar de afrontar esta realidad, el erario y el gobierno japonés parecen haber optado por administrar sus consecuencias. Las herencias sin herederos ofrecen liquidez, pero también anestesia política: permiten aplazar reformas incómodas sobre fiscalidad, inmigración, conciliación, vivienda o sistema sucesorio. Cuando una disfunción social genera ingresos predecibles, el riesgo es que deje de ser percibida como una emergencia y pase a integrarse, silenciosamente, en el modelo. Japón no está gestionando una transición demográfica; está institucionalizando el declive, con una contabilidad que cuadra hoy a cambio de hipotecar cualquier horizonte de mañana.
Japón ha conseguido convertir un fracaso social y demográfico en una fuente estable de ingresos públicos. La cuestión ya no es cuánto continuará recaudando el Estado, sino cuánto tiempo puede sostenerse un país que equilibra parte de sus cuentas con la muerte en soledad de la generación que levantó el Japón moderno, asumió los costes de la posguerra e hizo posible su liderazgo económico en Asia. Cuando una sociedad empieza a financiarse gestionando la desaparición de los ciudadanos que más contribuyeron a su éxito económico, en lugar de garantizar su continuidad, el problema ya no es presupuestario, sino de otra índole.
Japón puede seguir haciendo caja con la muerte de quienes lo levantaron y lo llevaron a la cúspide de las economías asiáticas y mundiales, pero lo que realmente está cobrando es una factura por adelantado de su propio silencio demográfico.