El Ajuntament de Barcelona amplía las ayudas a las comunidades de propietarios que prohíban pisos turísticos en la finca. La primera convocatoria se publicó en febrero y desde entonces se han presentado más de 80 solicitudes, una cifra por encima de lo que se esperaba en un primer momento. Ante este volumen, el consistorio ha decidido aumentar el presupuesto de la iniciativa de 56.000 a 256.000 euros y ha ampliado el plazo para presentar las solicitudes hasta el 31 de diciembre. La convocatoria subvenciona, principalmente, los gastos de gestión derivados de la modificación de los estatutos de la comunidad para limitar los usos turísticos en la finca.
En concreto, las comunidades de propietarios pueden pedir hasta el 50% de los costes de los gastos de gestión para modificar sus estatutos, como pueden ser notaría, registro u honorarios profesionales. Así, pueden solicitar hasta un máximo de 1.500 euros en caso de que modifiquen los estatutos vigentes y hasta un máximo de 2.500 euros en aquellos casos en que los estatutos sean de nueva creación.
El tinent d'alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, ha subrayado que el objetivo de las ayudas es “contribuir a la eliminación de los pisos turísticos en la ciudad”. Según ha detallado Valls, el gobierno municipal ha decidido ampliar las ayudas con 200.000 euros más para poder dar respuesta a la demanda, que ha superado en un 30% las previsiones del consistorio.
La iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración a tres bandas que firmaron el Ayuntamiento, el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida y la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona. La línea de ayudas económicas se puso en marcha el 27 de febrero y el plazo para solicitar la subvención era de seis meses. Ahora, sin embargo, se ha ampliado el margen para solicitar las ayudas hasta finales de año.
La ampliación de este plazo se confirma un día después de conocerse la iniciativa en la que trabajan el Govern y varios ayuntamientos para identificar las viviendas vacías de las ciudades con un sistema de inteligencia artificial. El Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE) de Lleida comenzó a desarrollar este proyecto hace dos meses por encargo de la Generalitat, y la intención es usar datos de consumos de agua y electricidad, el padrón y la información presencial de algunos consistorios para saber si una vivienda se encuentra desocupada.
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