A pesar de que la conclusión tibia y sin acuerdos relevantes de la COP30 sugiera lo contrario, la sostenibilidad ambiental es un concepto que continúa muy presente en el mundo empresarial. Ya sea por obligaciones regulatorias o por mera reputación, la etiqueta de “empresa verde” es codiciada por las compañías de todos los tamaños, que encuentran en el camino para conseguirla diversas vías. De entre ellas, la autopista que prometía un trayecto más rápido eran los créditos climáticos o de carbono: adquisiciones económicas de certificaciones vinculadas a la financiación de proyectos de absorción de CO₂ y para evitar emisiones que permitían compensar el impacto propio. Sin embargo, la efectividad climática de esta solución ya hace años que está bajo sospecha y ha sido rechazada frontalmente por la comunidad científica ambiental.
El concepto de crédito climático no se origina dentro del mundo empresarial, sino que su primera representación la encontramos en las compensaciones de emisiones entre estados. “Es difícil definir un punto de comienzo, pero un punto histórico es el Protocolo de Kyoto, en el que los países se pusieron de acuerdo en que uno de los posibles mecanismos era el intercambio de derechos de emisión”, explica el coordinador del Atlas Global de Justicia Ambiental e investigador de la Facultad de Biología de la Universitat de Barcelona (UB), Marcel Llavero. Este primer mercado, el jurisdiccional, permite que los países que exceden sus objetivos de reducción de emisión compren los derechos a los que tienen superávit, generalmente países menos desarrollados económicamente.
El Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París consolidaron los créditos climáticos entre estados, que más adelante también se extendieron al mundo empresarial
De créditos climáticos existen dos grandes tipos: los que se centran en evitar emisiones y los que absorben directamente el CO₂ de la atmósfera. Los primeros son “la gran mayoría”, de acuerdo con Llavero, e incluyen la protección de bosques y selvas, los proyectos de energía renovables y los cambios de sistemas industriales. Por su parte, los de absorción de CO₂ incluyen las nuevas plantaciones y la captura de carbono en reservorios geológicos —tachados de “tecnoutópicos” por Llavero— y en procesos industriales. Sin embargo, el investigador de la UB deja claro que los segundos son “ínfimos, anecdóticos”, y que en la actualidad hablamos sobre todo de las tres tipologías para evitar emisiones y de las plantaciones.
Estas transacciones fueron ratificadas en el Acuerdo de París de la COP21 y se incluyen en las estrategias de descarbonización de los estados. “La Unión Europea se ha marcado un objetivo de reducción del 90% de las emisiones de 1990 hasta 2040, pero un 5% de estas reducciones se pueden hacer a través de la compra de derechos de emisiones a otros países”, ejemplifica Llavero.
Los interrogantes que refuerzan la duda
De este concepto de transacciones de derechos de emisión entre países nació su homónimo privado, lo que se conoce como mercado de carbono voluntario. Surgido también alrededor de 2015, de la mano del Acuerdo de París, estos créditos están orientados a las empresas (generalmente, multinacionales) con un gran impacto climático no resuelto, que a través de estas certificaciones financian proyectos que compensan su huella. A juicio de Llavero, existe una diferencia clave entre este mercado y el jurisdiccional: “Los mercados voluntarios de carbono no tienen regulaciones globales. Funcionan a partir de certificaciones de organizaciones privadas, que marcan cuál es la metodología para definir qué es un crédito climático, y no tienen ningún tipo de supervisión no privada”.
De hecho, el experto ambiental se muestra especialmente crítico con esta solución, de la cual identifica cuatro grandes problemas. El primero de ellos es la adicionalidad: muchos de los créditos climáticos basados en la conservación y en las acciones contra la deforestación utilizan unos bosques que, de acuerdo con los estudios efectuados, se mantendrían de la misma manera sin el ingreso económico que suponen los créditos. En segunda instancia se encuentra la durabilidad: “A pesar de que plantes un bosque, al cabo de 30 años quizás se tala y se hace madera, o al cabo de cinco hay un incendio que no puedes controlar”. Teniendo en cuenta que “los procesos climáticos no actúan a escala de décadas, sino de siglos y de milenios”, los mercados actuales “no tienen la capacidad de asegurar” que los bosques plantados se mantendrán durante centurias.
La adicionalidad, la durabilidad, la doble contabilidad y la deslocalización son los grandes problemas de los créditos climáticos, según Llavero
Un tercer punto señalado por Llavero es el de la doble contabilización. “En algunos casos, vemos que el mismo proyecto se cuenta dos veces, una en el mercado jurisdiccional y otra en el voluntario”, apunta el experto, una multiplicidad que no supone una reducción adicional de las emisiones. Finalmente, el último aspecto crítico es el de la deslocalización de las acciones que representan los créditos climáticos. “Gran parte de los créditos climáticos pasan al sur global, sobre todo los relacionados con la conservación de selvas, cuando son los consumidores del norte global los grandes responsables”, denuncia Llavero. Este hecho “desplaza una responsabilidad histórica” que tiene también consecuencias socioeconómicas: “Se excluye a las poblaciones indígenas de territorios ancestrales, no se les permite acceder a las selvas que han conservado durante generaciones y no se les permite continuar con sus tradiciones y culturas milenarias, que han vivido en equilibrio con los bosques tropicales”.
En estos cuatro puntos, especialmente en los tres primeros, se basan los múltiples artículos científicos publicados los últimos años que ponen en duda la efectividad climática de esta solución. Uno de los más recientes, publicado en noviembre de 2024 en la revista Nature, alertaba que solo un 16% de los créditos climáticos emitidos hasta entonces habían supuesto una reducción real de CO₂.
Última opción tras agotar un plan de descarbonización “ambicioso”
Los créditos de carbono también son vistos con escepticismo por las consultorías ambientales, como es el caso de Inèdit, una compañía nacida como una spin-off de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que ayuda a las empresas a incorporar la sostenibilidad en sus operaciones. “Nosotros somos muy críticos, porque la realidad es que hasta ahora han sido una porquería y se han utilizado mal”, sentencia el CEO de la empresa, Jordi Oliver. Compartiendo muchos de los argumentos expuestos por Llavero, Oliver considera que optar por los créditos de carbono como vía para alcanzar una supuesta neutralidad climática “sí que es greenwashing”, y no solo es un movimiento “engañoso”, sino que también es “frustrante para las compañías que están haciendo los deberes y los esfuerzos”.
Sin embargo, esto no significa que los créditos climáticos sean completamente un engaño, o al menos así es como lo ve Oliver: “No llegaremos al net zero sin proyectos de captura de carbono, y se debe ir desarrollando y empezar a trabajar desde hoy”. Eso sí, hay que tener claro que las compensaciones a partir de créditos climáticos se deben entender como una “medida adicional” al final de toda la estrategia de sostenibilidad de una empresa, en la que hay que “calcular las emisiones y trabajar para reducirlas con planes de descarbonización basados en la ciencia y la máxima ambición”. Saltarse estos pasos e ir directamente a los créditos climáticos “es como comprar una bula papal”, compara, y los tilda categóricamente de “mala praxis”.
Oliver (Inèdit): “El orden es muy importante: hay que calcular las emisiones, trabajar para reducirlas y al final, adicionalmente, puedes apostar por una compensación”
¿Pueden existir los créditos climáticos verdaderamente efectivos?
Ante todas las dudas generadas en torno a este negocio y la falta de supervisión de los que existen en la actualidad, diversas entidades públicas han optado por sacar adelante sus propios sistemas de créditos climáticos, estos sí, operados bajo una normativa pública. La Generalitat lanzó en 2023 el Sistema de Crèdits Climàtics Forestals de Catalunya (SCCFC), mientras que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cuenta con el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono.
Para Oliver, estos dos sistemas tienen un valor muy positivo, que es la validación que otorga la administración pública, que asegura que el proyecto “cumple unos estándares de calidad”. Además, también recogen proyectos habitualmente de ámbito local, lo que ayuda a que la compensación climática no se deslocalice y aportan beneficios derivados, como “biodiversidad, retención de agua o creación de empleo local”. Con todo, también presentan dos grandes problemas. El primero es que son más caros, “porque están bien hechos, homologados y con unos esfuerzos y costes detrás”, justifica el CEO de Inèdit, a pesar de que esto puede suponer un impedimento para su éxito. El segundo es la cantidad: “Hay muy pocas toneladas que puedas comprar, y cuando se interesa una empresa muy grande, tendría que comprarlas todas. La compensación es de órdenes de magnitud, habría que fomentarlos más”.
Llavero se muestra más escéptico, y aunque admite que “son mejores que los mercados voluntarios”, también subraya su baja disponibilidad como demostración del poco impacto real que tienen los créditos de carbono. “Cuando tienes una metodología rigurosa, ves que la adicionalidad que te proporciona realmente no es tan grande, no absorben tanto CO₂. Metodológicamente, las veo más fuertes, pero no llegamos a ninguna escala que pueda ayudarnos a mitigar el cambio climático”, valora.
La Generalitat y el Ministerio de Transición Ecológica han optado por sistemas de créditos climáticos públicos, pero su escasez es su gran obstáculo
Ante la situación actual de los créditos de carbono, Oliver identifica que actualmente existen dos “gamas” de productos, cuyo precio determina la calidad real de las acciones de descarbonización que se financian. En este contexto, el CEO de Inèdit defiende que hay que avanzar “hacia créditos de carbono más locales y con más garantías de certificación”, al tiempo que se aumenta su volumen. Llavero, en cambio, se muestra más taxativo: “La visión mayoritaria de la comunidad científica es que no contribuyen a la mitigación del cambio climático y, además, tienen perjuicios ambientales y socioeconómicos”.
El investigador de la UB cree que, para mejorar la oferta actual, habría que aplicar un criterio de regionalidad “para que no haya injusticias globales”; promover los proyectos de absorción por delante de los que buscan evitar nuevas emisiones, ya que tienen un grado más elevado de valor añadido; y aplicar una buena regulación pública para evitar el doble conteo. “Si marcamos todos estos criterios y lo hacemos rigurosamente, el potencial de los créditos es ínfimo”, resume el experto, que cierra con una conclusión final: “No deberíamos contar con ellos, ni las empresas, ni los estados, ya que no juegan un papel relevante en unos horizontes climáticos creíbles”.