La corrupción en el País Valencià ha supuesto un perjuicio de 131.151.104,21 euros a las arcas públicas entre 1995 y 2018. Así se desprende de la suma de las cifras que ofrece el mapa que acaba de publicar el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción. Analiza 32 casos de corrupción pública juzgados y sentenciados por las tres audiencias provinciales y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desde la entrada en vigor del actual Código Penal, en 1995.
Algunos de los peores episodios de la corrupción valenciana no se incluyen porque todavía están en los juzgados: caso Blasco, Gürtel o la Fórmula 1
Se tiene que tener en cuenta que el dato es aproximado, puesto que algunos casos no tienen estimados los impactos económicos para tratarse, por ejemplo, de sobornos para ganar influencias futuras. Además, algunos de los peores episodios de la corrupción valenciana no se incluyen porque todavía están en los juzgados, como es el 'Caso Blasco' -del cual sólo hay sentencia de la primera pieza-, la Gürtel -sólo hay sentencia de Fitur-, la construcción y organización de la Fórmula 1 en Valencia, el 'Caso Brugal', el del 'Càrtel del Foc', Divalterra, Imelsa, IVAM, el 'Caso Taula' o el 'Caso Comerç'.
Los cinco casos más sangrientos
De las 32 sentencias analizadas, 30 han sido condenatorias. De ellas, cinco superan las cinco cifras en impacto económico, entre las cuales encontramos casos muy mediatizados. Hablamos de la prevaricación administrativa en el servicio de residuos y limpieza de Torrevieja (Baix Segura, Alicante), que costó 97,8 millones, la contratación más importando llevada a cabo en el municipio hasta el momento actual; del 'Caso Emarsa' (València), la empresa pública creada para gestionar la depuradora de Pinedo y el saneamiento de aguas residuales de València y su área metropolitana con un impacto de 23,6 millones de euros, que tuvo como consecuencia la privatización de la empresa y el aumento del recibo del agua para la ciudadanía que dependía de su suministro.
También de San Fulgencio (Baix Segura, Alicante), donde se autorizó la construcción de bloques de edificios destinados a viviendas en un suelo reservado al PGOU para una residencia deportiva, una operación de venta de terrenos cifrada en 4,2 millones de euros; de la primera pieza del mediático 'Caso Blasco' que menguó el dinero destinado a cooperación registra un impacto económico de 1,8 millones de euros; y de la ciudad de Alicante, donde una funcionaria de Hacienda utilizó a terceros para obtener ilícitamente dinero procedente de las devoluciones del IVA y llegó a malversar más de 1,2 millones de euros.
Del total de las sentencias analizadas, el 66,6% (20) han supuesto penas para cargos públicos, personal de confianza o gestores de entidades o empresas del sector público; el 26,6% (8), para personal funcionario; y sólo el 6,6% (2) para las concesionarias o adjudicatarias de la administración. De las 20 sentencias condenatorias a cargos públicos, el 25% (5) se refieren a personas vinculadas al PSPV-PSOE en el momento de comisión del delito y un 65% (13), al PP. Un 36,6% (11) penan la malversación de caudales públicos; un 30% (9), la prevaricación administrativa; un 26,6% (8), el soborno; un 13,3% (4), las negociaciones y actividades prohibidas para el personal funcionario; un 10% (3), la prevaricación urbanística; y un 6,6% (2), el fraude y la exacción ilegal.
Los 32 casos estudiados tuvieron lugar en la ciudad de València (7) y en 13 comarcas: l'Alacantí (9), la Vall de Cofrents-Ayora (3), el Baix Segura (3), la Marina Baixa (1), l'Horta Norte (1), l'Horta Sur (1), la Ribera Alta (1), el Vinalopó Mitjà (1), la Marina Alta (1), la Safor (1), el Alto Palancia (1), el Camp de Túria (1) y la Plana Alta (1). Sólo resultaron absueltos los acusados en los casos del aparcamiento de los Jardines de Monforte de València y de falsedad documental al Ayuntamiento de Vall de Laguart (la Marina Alta). El trabajo será editado próximamente en forma de cuaderno pedagógico y los resultados ya pueden consultarse en el web observatoricorrupcio.org/mapa.
No es una lacra sólo del País Valenciano
Las cifras son desorbitadas, pero hay que recordar que el País Valencià no ha sido, desgraciadamente, el único territorio del Estado español que ha sufrido la lacra de la corrupción. Para poner sólo algunos ejemplos con cuantías superiores, en la Comunidad de Madrid se calcula que sólo entre las empresas vinculadas a la trama Gürtel y las firmas de la Púnica se desviaron unos 172 millones de euros de las arcas públicas entre 2008 y 2015. En Andalucía, el perjuicio del 'Caso ERE' -con una sentencia a punto de salir del TSJ andaluz- ha sido cifrado en más 600 millones de euros por la Fiscalía.
Vidal: "Hacer un estudio basado en datos reales proporciona una información más cualificada y ayuda a hacer que la ciudadanía tenga una información crítica"
Este trabajo del Observatorio Ciudadano contra la Corrupción, ¿puede contribuir a extender el tópico de la corrupción en el País Valencià, a pesar de que sabemos que no es el único territorio afectado por ella? "Hacer un trabajo serio no contribuye a perpetuar esa imagen. Hacer un estudio basado en datos reales proporciona una información más cualificada y ayuda a hacer que la ciudadanía tenga una información crítica. Un conocimiento crítico no favorece la corrupción, todo el contrario. La voluntad del Observatorio es ir más allá de las informaciones fragmentadas que recibimos las ciudadanas sobre la corrupción y tener una visión más elaborada que da contexto al fenómeno", defiende la presidenta de la entidad, Consuelo Vidal. Una herramienta, por lo tanto, para conocer el pasado más reciente, ser críticos y evitar que vuelva a suceder.