Sindicatos y patronales han hecho un llamamiento a la “responsabilidad” de los partidos políticos para aprobar los presupuestos. Después de llegar a un pacto con el Govern que incluye unas ochenta medidas vinculadas a las cuentas, los agentes económicos y sociales han remarcado que Catalunya “no se puede permitir el lujo” de continuar con suplementos de crédito. “Basta de tacticismos”, ha dicho la secretaria general de CCOO, Belén López. Su homólogo en la UGT, Camil Ros, ha emplazado a ERC y Junts para que den luz verde a las cuentas. A su vez, Foment ha avisado de que no tener presupuestos supondría perder entre 4.000 y 5.000 millones de euros de inversiones y Pimec ha reiterado que “es del todo necesario” llegar a un entendimiento entre partidos políticos.
CCOO ha defendido que por “coherencia” es necesario que Catalunya tenga unas nuevas cuentas “sin más dilación”. “Vamos tarde, tenemos por delante situaciones bastante complejas”, ha alertado López. De entre la batería de medidas, ha admitido que para el sindicato el aumento del IRSC del 3% “se queda corto” porque querían que fuera del 6%, pero ha defendido que por “responsabilidad” han tenido que hacer renuncias. La secretaría general de CCOO ha defendido que el documento recoge “dos prioridades muy importantes”: la “mejora del bolsillo” de los trabajadores y la “mejora” de los servicios públicos.
En una línea similar se ha expresado el secretario general de la UGT, Camil Ros, que ha señalado directamente a ERC y Junts. “La UGT está por la recaudación del IRPF y está por un concierto económico”, ha dicho. “Estar de acuerdo con estas dos reivindicaciones no va en contra de que haya unos presupuestos. Hay un mientras tanto, y el mientras tanto no puede esperar”, ha defendido.
El presidente de Foment, Josep Lluís Sánchez Llibre, ha destacado que “les gusten más o menos” algunas de las medidas de los presupuestos —como la limitación de la compra especulativa— hay que tener cuentas. “Catalunya necesita unos presupuestos competitivos”, ha afirmado. Sánchez Llibre ha pedido al presidente Illa “liderazgo” y que a partir del viernes trabaje en el Parlament para conseguir el “máximo consenso” para aprobar unos nuevos presupuestos.
Por su parte, el presidente de PIMEC, Antoni Cañete, también ha hecho un llamamiento a aprobar las cuentas. “Una empresa sin presupuestos no funciona, un país sin presupuestos no funciona, y los que tenemos son del 2023”, ha alertado. Cañete ha querido poner en valor el acuerdo alcanzado entre Govern, sindicatos y patronales, y ha hecho especial énfasis en las medidas que puedan rebajar las incapacidades temporales. En este sentido, ha remarcado que se hará más inversión en la atención primaria para intentar reducir “cuellos de botella”.
Los detalles del acuerdo
El apoyo de sindicatos y patronales ha llegado este lunes después del sellado de un pacto con el Gobierno sobre el contenido de los presupuestos, que prevé 900 millones en políticas de vivienda y veinte millones para el plan de choque de mejora del bus interurbano. En concreto, el documento incluye un total de 86 medidas, dentro de las cuales también destacan los 180 millones destinados a la Energètica.
Según ha detallado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, los 900 millones que fija el documento en políticas de vivienda forman parte de los más de 1.200 millones que pactó el Govern con los Comuns la semana pasada. En cuanto a los veinte millones del plan de choque de mejora del bus interurbano, se orientarán a incrementar la oferta en aquellos corredores existentes donde han detectado “más demanda”, a la vez que en nuevas rutas donde vean “potencial”. Entre la ochentena de medidas, el documento fija la actualización del índice de renta de suficiencia de Catalunya (IRSC) en un 3%, de acuerdo con el IPC, 28 millones a políticas públicas para combatir el sinhogarismo y aumentar en 100 efectivos el cuerpo de Agents Rurals.
Vinculado al empleo, fija “garantizar la dotación necesaria” de orientadores del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), con el objetivo de llegar a los 600 profesionales, para incrementar la capacidad de atención presencial en las oficinas de trabajo. Además, promete impulsar una línea de subvenciones para que las empresas de menos de 50 trabajadores tengan planes de igualdad. También hay diversas medidas relacionadas con la Formación Profesional (FP), sobre todo para “impulsar” la dual, incrementando la participación de las empresas, especialmente pymes. El pacto fija garantizar una dotación de hasta 1,2 millones para los centros propios de FP integrada y de siete millones para los centros de titularidad pública. En el ámbito educativo destacan también 30 millones para combatir la segregación escolar.
Por otro lado, se recogen diversas medidas en relación con el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) 2026 – 2030 y el compromiso del Govern de “compartir” con los agentes económicos y sociales el cumplimiento de los acuerdos de investidura relativos al traspaso de Rodalies y a la financiación.