Los últimos presupuestos aprobados en Catalunya datan de 2023. En España, de un año antes, 2022. En Catalunya, en 2024, el president Aragonès convocó elecciones porque no podía aprobar unos nuevos. Felipe González también lo hizo en un lejano 1996. Otros tiempos y otros talantes. En todo caso, la tradición democrática europea indica que este es el camino a seguir cuando se constata que no se reúnen suficientes apoyos para aprobar la ley más fundamental del año. Pero todo cambia. Miremos a Francia, si no.
Salud democrática cuestionada
Desde un punto de vista de salud democrática, la creciente práctica de gobernar sin nuevos presupuestos nos acerca un poco más a la democracia iliberal, porque de esta forma se impide que la oposición pueda fiscalizar correctamente las grandes decisiones de gobierno, que son las que se transforman en asignaciones, o disminuciones, de los ingresos y los gastos públicos.
Evidentemente, la arquitectura institucional de cada administración tiene mucho que ver. La creciente polarización política en las sociedades occidentales y las dificultades para llegar a acuerdos, también. En nuestro país, solo hay que recordar que los ayuntamientos pueden aprobar nuevos presupuestos si, a falta de acuerdo, el alcalde presenta una moción de confianza y la supera porque no hay ningún candidato alternativo que sume una mayoría absoluta alternativa. En Barcelona lo hizo Colau y, más recientemente, Collboni.
También es cierto que en la mayoría de las ocasiones y países la población está a estas alturas un poco cansada de que los políticos no se pongan de acuerdo y sea necesario ir repetidamente a las urnas. Parece que esto explica en buena parte lo que ha pasado en Países Bajos hace solo unos días.
La incertidumbre, poco amiga de los negocios
Sea como sea, estas semanas, las mismas patronales se han quejado de la falta de presupuestos y han abogado por un entendimiento que los haga posibles. Ya sabemos que los empresarios siempre prefieren un entorno estable, aunque no sea tanto de su gusto como querrían, a uno que no lo sea, donde el comportamiento de la administración sea una incertidumbre añadida a las que tienen que afrontar cada día en los mercados.
Habrá quien diga que a pesar de la falta de nuevos presupuestos, la economía va bien. Ya hemos matizado alguna vez que no va tan bien como determinadas cifras podrían hacer pensar, pero ahora no nos extenderemos. En todo caso, es evidente que la actividad económica es cada vez más independiente de la política, lo cual también tiene ventajas e inconvenientes. Hemos remarcado, a diferencia de lo que hacen los titulares habitualmente, la circunstancia de no haber nuevos presupuestos, porque presupuestos los hay. Están los que estuvieran vigentes en aquel momento y que se prorrogan automáticamente. Los ingresos y, sobre todo, los gastos públicos tienen siempre un grado de discrecionalidad muy limitado, ya que la gran mayoría de recursos tienen unos orígenes y unas finalidades preestablecidas, fruto de los servicios públicos y del funcionamiento propio de cada administración y el margen para hacer grandes modificaciones, con nuevos presupuestos o sin ellos, siempre es limitado.
Lentitud incrementada
Es cierto, pero que sin nuevos presupuestos, la lentitud habitual de las administraciones aún aumenta, lo cual es negativo para todo el mundo, empezando por la misma actividad económica. Esto es cierto especialmente cuando se trata de nuevos gastos o de nuevas inversiones. Ahora, ya sabemos la lentitud con la que opera la administración central, en este caso, a la hora de materializar las inversiones previstas y muchas veces fruto de complicadas negociaciones parlamentarias. Especialmente, si se trata de Catalunya. Pero en Madrid no hay ningún año que podamos atribuir ningún perjuicio a la falta de nuevos presupuestos: siempre se invierte por encima de lo que estaba presupuestado.
Sin embargo, y siguiendo el caso español, la falta de nuevos presupuestos no es obstáculo para afrontar gastos imprevistos: ya sea para paliar alguna catástrofe o para aumentar el gasto militar final 2% del PIB, a pesar de que a Trump le parezca poca cosa. Tanto es así que, siguiendo a España, en el último ejercicio hubo modificaciones de crédito presupuestario por valor de 38.000 millones de euros. En Catalunya estos ajustes presupuestarios alcanzaron los 4.000 millones de euros. Son cifras relevantes, pero representan solo el 5,24% del total del gasto público español -donde un tercio del gasto total se lo lleva la Seguridad Social- y el 9,1% del catalán.
En España, en el último ejercicio hubo modificaciones de crédito presupuestario por valor de 38.000 millones de euros; en Catalunya fueron de 4.000 millones
Llegados a este punto, entendemos que, tanto para el gobierno catalán como para el español, no haya excesiva incomodidad política y de gestión por trabajar con presupuestos prorrogados. Y más si se prorrogan unas cuentas que ya en su día fueron aprobadas por los mismos que ahora gobiernan -en España- o pactadas con ellos, en Catalunya.
Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que la evolución de la economía depende más bien poco de disponer de nuevos presupuestos, que en todo caso, el margen para modificarlos siempre será estrecho y que con los mecanismos establecidos para hacer modificaciones ralentizan un poco más las cosas, pero dotan de suficiente flexibilidad para ir poniéndose al día y hacer pequeñas modificaciones o responder a imprevistos coyunturales.
Sin proyectos ambiciosos y transformadores
Para ir tirando, pues, no es imprescindible dotarse anualmente de nuevos presupuestos. Ahora, si el gobierno tuviera la ambición y las ideas lo suficientemente claras para hacer una o varias apuestas estratégicas para afrontar retos estructurales -sea el aumento de la productividad del conjunto de la economía, la reversión del declive de la natalidad o la generación de vivienda asequible, por ejemplo- entonces sí que necesitaría nuevos presupuestos. El problema, pues, no es la falta de nuevos presupuestos, sino la ausencia de un proyecto de modernización y de transformación de la economía y de la sociedad.