Convertir el alquiler en propiedad siempre ha sido una quimera recurrente, pero durante los últimos días ha empezado a perfilarse como una realidad tangible. El gobierno español ha puesto en marcha un incentivo económico de hasta 30.000 euros para los jóvenes menores de 35 años que quieran optar a viviendas protegidas con contrato de alquiler y opción de compra. La medida, anunciada por el presidente Pedro Sánchez el 15 de septiembre en el Congreso de los Diputados, forma parte del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, y busca acelerar la emancipación juvenil, haciendo que cada renta abonada cuente como pago anticipado del precio final de la vivienda.
La ayuda no recae directamente en el joven comprador, sino en los titulares de las viviendas de protección oficial —administraciones públicas o promotores— que ofrezcan contratos de alquiler con opción de compra. El Estado abonará una cantidad equivalente a las mensualidades pagadas por el inquilino antes de ejercer la posibilidad de compra, con un límite de 28.800 euros por vivienda, siempre que estos pagos se descuenten del precio final de la adquisición.
Ahora bien, este derecho sólo se podrá llevar a cabo entre el primero y el tercer año desde la firma del contrato, siempre que se cumplan los requisitos establecidos: ser menor de 35 años, no tener una vivienda en propiedad y acreditar que la residencia habitual es el piso en cuestión. Una vez vendido, la vivienda continuará sujeta a precio limitado permanente, garantizando que la ayuda cumpla el objetivo de preservar la vivienda asequible para futuros compradores.
La ayuda no recae directamente en el joven comprador, sino en los titulares de las viviendas de protección oficial que ofrezcan contratos de alquiler con opción de compra
En la misma intervención parlamentaria, Sánchez anunció dos medidas complementarias: un seguro público de impago de rentas para jóvenes, pensada para dar garantías tanto a propietarios como a inquilinos, y una ayuda de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en zonas rurales, con el objetivo de combatir la despoblación.
Un modelo que genera recelos
A pesar de la novedad, el modelo genera recelos. Según datos recogidos por el portal Idealista, desde 2018 hasta marzo de 2025, sólo 2.292 viviendas protegidas con opción de adquisición han obtenido la calificación definitiva en todo el Estado, y en Catalunya no se ha calificado ninguna en este régimen durante la última década. Esto indica que el plan parte de una base limitada y que su eficacia dependerá de la capacidad de generar nueva oferta.
En este sentido, las primeras críticas han llegado del mismo sector inmobiliario. El CEO de Alquiler Seguro, David Caraballo, acusa al Ejecutivo en un comunicado de “forzar a los jóvenes a comprar” y advierte que el anuncio deja claro que “el gobierno no cree en el alquiler y reconoce que hoy es prácticamente imposible”. Además, remarca que la Ley de la Vivienda no funciona a la hora de garantizar un mercado de alquiler estable. En la misma línea, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, Asprima, se muestra escéptica ante un recurso “para una fórmula apenas utilizada”, recordando que a escala estatal sólo se construyen poco más de una sesentena de viviendas con esta tipología cada año. Su presidenta, Carolina Roca, insiste en que el problema no es incentivar la demanda, sino ampliar la oferta: “Sin parque disponible, el impacto real será testimonial”, asegura en un artículo de Idealista. También desde el mundo académico, el economista y profesor de la Universidad CEU San Pablo, Miguel Córdoba, advierte que se trata de una medida con efectos “muy limitados” y de carácter “populista” si no se acompaña de una política decidida de inversión en promociones protegidas y de regulación estructural del mercado.
En Catalunya no se ha calificado ninguna vivienda protegida con opción de compra durante la última década, según Idealista
Las entidades sociales también ponen matices. El Sindicat de Llogateres alerta en el Manifiesto en defensa de la vivienda pública que esta fórmula puede desvirtuar la función pública del parque asequible: “Una apuesta decidida por el derecho a la vivienda pasa por mecanismos que aseguren la asequibilidad y la estabilidad a largo plazo”, denuncian, reclamando que el alquiler estable sea el centro de las políticas públicas. Por su parte, el gobierno defiende que “blinda las viviendas ante la especulación”, pero las entidades sociales temen que la ayuda acabe convirtiendo este derecho en una oportunidad de compra condicionada, más que en una garantía de permanencia.
El paraguas del Plan Estatal de Vivienda
La medida se entiende como un engranaje más de un plan global, y no como una ayuda aislada sin conexión con las políticas estructurales de la vivienda. El Plan Estatal de Vivienda 2026–2030, presentado bajo el paraguas jurídico de la Ley de la Vivienda, prevé una inversión histórica de 7.000 millones de euros para consolidar el hogar como quinto pilar del estado del bienestar. El plan fija cinco objetivos clave: incrementar el parque público de vivienda protegida de manera permanente (40% del presupuesto), rehabilitar edificios para mejorar su eficiencia y la accesibilidad (30%), facilitar la emancipación juvenil con ayudas al alquiler y a la compra, reducir el esfuerzo económico para acceder a la vivienda, y revertir las zonas de mercado tensionado.
Caraballo (Alquiler Seguro): “La iniciativa fuerza a los jóvenes a comprar. El gobierno no cree en el alquiler y reconoce que hoy es prácticamente imposible”
Su aplicación exige cofinanciación autonómica, protección indefinida del parque público y transparencia en la gestión de datos. El gobierno hace un llamamiento a las comunidades autónomas, municipios y promotores sociales para sumarse a un acuerdo de Estado que triplique la inversión pública en vivienda y garantice el derecho constitucional a una vivienda digna.
El caso catalán: expectativas y límites
Pero el debate sobre la eficacia de este tipo de ayudas también tiene una dimensión territorial. En Catalunya, el gobierno Illa ha anunciado la construcción de 50.000 viviendas públicas hasta 2030, de las cuales 14.000 se destinarán específicamente a los más jóvenes. El contexto, sin embargo, es especialmente tenso: el precio medio de compraventa se sitúa en 2.626 euros por metro cuadrado, y supera los 3.006 euros en la ciudad de Barcelona, según un informe de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API).
En este escenario, el alquiler con opción de compra podría ser una palanca económica para jóvenes con poca capacidad de ahorro, pero éste es sólo teórico si no hay suficiente oferta de vivienda protegida, precios regulados y una coordinación efectiva entre administraciones. En definitiva, el incentivo se erige como una propuesta innovadora dentro del panorama estatal, pero topa con un límite estructural. Sin un aumento significativo del parque público ni la implicación de todas las comunidades autónomas, el riesgo es que la medida beneficie sólo a una minoría. Y como ocurre con la gran mayoría de debates, éste continúa abierto: ¿qué es más prioritario, facilitar la compra a los jóvenes o garantizar un alquiler asequible y permanente para todo el mundo?