Bajo la amenaza sancionadora de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y con el IVA franquiciado como moneda de cambio en el Congreso de los Diputados, el estado español se ha visto empujado estos días a “dejar de bloquear” una directiva que data del año 2006. El visto bueno para ponerla en marcha llegó el pasado mes de marzo como una exigencia de Junts a cambio de su sí al decreto anticrisis y el paquete de medidas para responder a las consecuencias económicas de la guerra en Irán, el cual movilizará más de 5.000 millones de euros. Pero la realidad es que el gobierno español ya iba a contrarreloj: desde el 1 de enero de 2025, España se había convertido en el único estado miembro de la Unión Europea que incumple la normativa.
Esta situación de excepcionalidad negativa llevó a la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) a denunciar al Estado en Bruselas el pasado mes de diciembre. En un comunicado, la ATA acusaba Hacienda y al gobierno español de ser "lentos y perezosos para aprobar, pero ágiles para recaudar". Con la transposición final todavía a la espera de ver la luz, cabe decir que esta medida -que exime de declarar el IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales (o el umbral que se determine, siempre por debajo del importe mencionado)-, impactará directamente en la competitividad de cerca de 150.000 profesionales del colectivo en Catalunya, según las estimaciones de Pimec Autónomos.
La reforma no es una cuestión menor para un sector que históricamente se ha sentido "el gran olvidado" del espectro político. "Cuando se cambió la base de cotización por rendimientos reales, se hizo una norma sin tener ninguna asociación de representación de autónomos en la mesa", lamenta a VIA Empresa Marta Sánchez Ugart, presidenta de la Organización de Autónomos de Catalunya (Autcat), quien atribuye los problemas del colectivo a "errores por desconocimiento del sector". Para la entidad, cada año de retraso en la transposición de esta norma ha supuesto "un año más de presión fiscal y burocracia innecesaria".
Sánchez Ugart (Autcat): "Cuando se cambió la base de cotización por rendimientos reales, se hizo una norma sin tener ninguna asociación de representación de autónomos en la mesa"
En la práctica, la aprobación del IVA franquiciado también supondría que los profesionales tengan que incorporar la cuantía bruta de la remuneración por el trabajo hecho sin tener que elevarla al 21% (el gravamen general), tal como había sucedido hasta ahora. Esta modificación permite a los autónomos ofrecer precios más competitivos en el mercado o, en caso de mantener el precio final al cliente, absorber este porcentaje como margen de beneficio neto.
Pero la “letra pequeña” -aún por acabar de desgranar- expone una especie de encrucijada entre la voluntariedad y la pérdida de deducciones. Elisabet Bach, presidenta de Pimec Autónomos, recuerda a este diario que el impacto real "dependerá de la decisión individual de cada autónomo de acogerse a él". "Tenemos el foco puesto en más competitividad y más simplificación", explica, y avisa que aquellos profesionales con una factura elevada de proveedores podrían ver cómo sus costes operativos se encarecen si optan por franquiciar el IVA, ya que en este régimen se renuncia al derecho de deducir el soportado.
La CTAC y el "efecto de contención al crecimiento"
Desde la Confederación de Trabajadores Autónomos de Catalunya (CTAC-UGT) también han querido decir la suya. En un comunicado, han mostrado complicidad con los datos del Ministerio de Trabajo, que estiman que entre un 70% y 80% de los autónomos catalanes son potencialmente susceptibles a acogerse a la medida. Sin embargo, han alertado que esta podría "profundizar la brecha" dentro del mismo colectivo.
Según el sindicato, el sistema acentúa una nueva dualidad. Por un lado, los profesionales de "cuello blanco", con bajos costes e ingresos vinculados al conocimiento; por el otro, los de "cuello azul": comerciales, hosteleros o transportistas, quienes deben asumir más gasto, más inversión y más estructura. Además, el sindicato alerta de una consecuencia aún más preocupante: el riesgo de que todo ello actúe como un "efecto de contención al crecimiento". La existencia de un umbral podría incentivar que algunos autónomos limiten su facturación para no tener que saltar al régimen general, frenando así el potencial de expansión.
La existencia de un umbral podría incentivar que algunos autónomos limiten su facturación para no tener que saltar al régimen general, según la CTAC
Ante este escenario, tanto Bach como Sánchez hacen un llamamiento a la prudencia y piden no caer en el exceso de optimismo administrativo. "La gente no se puede confundir; dejar de declarar el IVA no significa dejar de guardar papeles", matiza Bach, y recuerda que, aunque el famoso Model 303 se evapore para muchos, "no estamos hablando de un sistema de módulos. Aquí lo que decimos es que no repercutirás el IVA, pero todos los ingresos y gastos se deberán seguir declarando", y recuerda que la obligación de presentar la declaración de la renta se mantiene intacta: "Si eres una persona física deberás tener en el radar el IRPF, y si eres una sociedad el Impuesto de Sociedades, habrá que seguir teniendo un listado riguroso con todo lo que has facturado y tus gastos para acreditar tus rendimientos reales a Hisenda", subraya.
El retraso, entre las obligaciones fiscales y el control del Estado
Quizás la gran pregunta en todo este entramado radica en encontrar una justificación al retraso en plantear la medida. "El gobierno español no ha dado una respuesta clara, pero desde Pimec Autónomos entendemos que es una mezcla de miedo a la caída de ingresos y, sobre todo, una cuestión de control", explica Bach. "El Estado lo tiene todo muy establecido con las declaraciones trimestrales, los resultados anuales y el cruce de modelos informativos", enumera. "Si finalmente son unas 75.000 empresas pequeñitas que se acogen, el Estado se pregunta: '¿y ahora, cómo controlo yo estas operaciones?'", añade.
Ahora bien, el desbloqueo del IVA franquiciado no ha sido un hongo en el desierto. Ya en octubre de 2025, Foment del Treball emitió un comunicado contundente que instaba al Estado a abrir una "nueva etapa de diálogo" que superara la dinámica de reformas parciales. Para la patronal catalana, integrar este régimen europeo es solo una de las piezas de un rompecabezas mucho más complejo que debería situar a los autónomos en el centro de las políticas económicas.
Foment ha defendido que la simplificación del IVA debe ir acompañada de otras medidas de choque, como la objetivación de los gastos deducibles (alquiler, carburantes, suministros) y el aplazamiento del sistema Verifactu, que será obligatorio a partir del 1 de enero de 2027. Según la patronal, hay que evitar las "sobrecargas administrativas innecesarias", mientras la facturación electrónica no sea plenamente operativa.
Y la economía sumergida, ¿qué?
Sobre si esta medida servirá para hacer disminuir o aflorar la economía sumergida, las interpretaciones son moderadas. Sánchez apunta que, en un mundo donde "el efectivo ya se mueve poco y todo se paga con tarjeta", hay bastante regulación y el impacto será relativo. Por su parte, Bach coincide: "Si alguien basa su empresa en la economía sumergida se equivoca, porque necesitas tesorería y poder invertir para crecer", argumenta.
Bach (Pimec Autónomos): "Si alguien basa su empresa en la economía sumergida se equivoca, porque necesitas tesorería y poder invertir para crecer"
"Hace años, los estudios hablaban de una bolsa importante de economía sumergida en el Estado, pero hoy en día el tema es mucho más complicado", reflexiona, y hace referencia al hecho de que la combinación de una digitalización total y el aumento de los controles hace que basar un negocio en la informalidad sea, directamente, un "error de cálculo".
En definitiva, y con la pelota en el tejado del autónomo, todo apunta a que la luz verde al IVA franquiciado está a tocar. A partir de ahora, el profesional catalán no solo tendrá que vigilar su facturación, sino también analizar con lupa si su modelo de negocio se beneficia más de un precio competitivo sin IVA o de la capacidad de deducir el soportado en sus gastos e inversiones. Pero más allá de este dilema individual, el sentido de urgencia es compartido: las patronales y asociaciones del colectivo esperan que la medida "se apruebe muy pronto" para poner fin, definitivamente, a una anomalía que se ha estirado mucho.