En el artículo anterior presentamos las cifras de la Administración General del Estado (AGE) en tanto que conjunto de ministerios, pero los presupuestos contienen también organismos y entidades autónomas, dependientes de ellos. Su valor es menor comparado con los ministerios, pero no residual. Si toda la inversión estatal de los primeros sumaba 104.000 millones de euros en los quince años del 2009 al 2023, estos organismos suman 17.800 millones de euros, es decir, del orden de un 17% en proporción, pero su distribución también es significativa en el conjunto de las comunidades autónomas. Aquí sus valores están mucho más regionalizados y suman una media de 372 euros por ciudadano.
Tabla de la inversión regionalizada en las comunidades autónomas por parte de la AGE, del 2009 al 2023, en organismos autónomos y entidades dependientes de la AGE, según el cierre presupuestario reconocido, expresado en valores por habitante del año 2023.
Las cifras del reparto por habitante a lo largo de los quince años aparecen mucho más contrastadas que la acción de los mismos ministerios, ya que es Madrid la sede más destacada (con la excepción en valores relativos por habitante de Melilla y Ceuta, valores pero insignificantes en cuantía absoluta). Catalunya se sitúa en la posición más baja, solo por encima del País Vasco, pero no de Navarra. La presencia residual de estos organismos en Catalunya vendría a ser plenamente como las forales, quizás siguiendo el espíritu de autonomía que compartimos (pero sin su autonomía real de financiación).
La relación de Madrid respecto a Catalunya es, en el conjunto del período, casi diez veces superior. Canarias comparte una posición similar. Este tipo de organismos son elementos de capitalidad y de peso de Estado, y en ellos, aparte del cariz político o de capitalidad, cada vez piensan más los de carácter técnico y científico, un hecho de metrópoli global que no se comparte entre Madrid y Barcelona, ya que el Estado prima la capital.
Para la fecha de 2023, el contraste entre las cifras de este capítulo en Madrid versus Catalunya se sitúa, no en los más de diez veces de media, sino hasta casi diecinueve veces más, como se explicita en la tabla siguiente para las fechas más recientes. La relación se situaba en ocho veces más en el año 2009, pero la tendencia creciente y constante la ha elevado hasta los casi diecinueve en 2023. En el momento más crudo de la crisis presupuestaria (y política) el nivel era de seis veces, pero en siete años, desde 2016, la relación se ha triplicado, en plena “agenda del reencuentro”.
Tabla de las inversiones en los organismos y entidades autónomas dependientes de la AGE, en los más significativos en términos económicos, obligaciones reconocidas, año 2023, en millones de euros.
Estas diferencias explican razones de Estado profundas. Los quince años desde 2009 a 2023 son, mitad por mitad, de gobiernos PSOE y PP, y la deriva solo ha sido influenciada por la crisis económica, pero el esfuerzo de concentración por parte del Estado se ha revelado constante.
¿Cañones o mantequilla?
Esta es una dicotomía planteada por el economista y Premio Nobel Paul Samuelson, que popularizó la expresión para explicar el concepto de coste de oportunidad y la asignación de recursos en macroeconomía (parece, sin embargo, que anteriormente ya la había acuñado el líder nazi Hermann Göring en un discurso en el año 1936).
Nos sirve esta frase para comentar la lógica de centralización de la inversión del estado, la cual alcanza una tendencia que ha significado que el ministerio de Defensa español haya acabado por superar el de Fomento-Transportes. En suma acumulada 2009-2023 casi empatan, con el segundo solo ligeramente por encima, pero la tendencia es clara, como muestra el gráfico siguiente, de forma que el primer ministerio inversor pasa a ser Defensa. Y constatamos que, en fecha 2023, no habíamos entrado todavía en el actual debate de la defensa europea, sino que es plenamente anterior.
Sin embargo, en un panorama de déficit inversor del Estado, o de reparto muy desigual por comunidades, nos podemos preguntar ¿quién paga el presupuesto de Defensa? Y la respuesta es que, lógicamente, lo hacen aquellos que menos reciben de la inversión civil regionalizada.
Gráfica de la evolución de la inversión reconocida en los Ministerios de Fomento-Transporte y de Defensa, 2009-2023, en euros corrientes.
En este momento, el ahogo de la falta de inversión marca los presupuestos de la Generalitat, con un ínfimo 2,7% de su presupuesto (2023), cuando en la misma fecha la media de las comunidades autónomas es del 6,0%, también sin comparación con las dos forales (País Vasco con 4,0% -y habría que añadir las diputaciones-, Navarra con 4,9%), como también las comunidades mayores: Andalucía 7,8%, Valencia 5,40%, Galicia 11,1% y Madrid 4,40%.
Las entidades económicas catalanas (Cambra Barcelona, Foment del Treball) han evaluado entre 40.000 y 50.000 millones de euros el déficit infraestructural de Catalunya. Un valor que equivaldría a la mitad de toda la inversión de la AGE en los quince años estudiados (artículo precedente). Una cantidad que parece inalcanzable. Sin embargo, si cada vez que se renueva el sistema de la financiación ordinaria nadie tiene que perder en el ranking, entonces si Catalunya alcanzara en inversión el tratamiento del techo regionalizado de 3.400 euros por ciudadano de Castilla y León (suma AGE y organismos), en este caso el diferencial no invertido en el territorio en quince años sería de 22.000 millones de euros, y valorando a la cuota máxima -la de Aragón (4.080 euros)-, hasta 27.000 millones de euros. Solo por comparación con Madrid, otra comunidad poblada, el déficit sería de 13.000 millones de euros. Si sumas quince años atrás más quince adelante, entonces las aspiraciones catalanas se alcanzarían.
En suma, la inversión en Catalunya es un enorme problema de estado que la sociedad catalana debe saber leer, plantear y reclamar. Vamos a pequeños pasos, a pequeñas reclamaciones, a grandes en cifras, pero demasiado simples en estrategia.