La inversión del Estado es la otra cara de la financiación autonómica. Su destino es la formación de capital fijo, desde carreteras a aeropuertos, y se debe valorar en términos acumulados y con un factor de depreciación por envejecimiento. En cambio, acostumbramos a hacer solo valoraciones coyunturales en cada presupuesto del Estado, el cual, además, se incumple y las hacemos a euros por habitante a falta de otras herramientas de comparación y, como mucho, respecto al PIB.
Actualmente, una parte de la inversión ya queda dentro de la financiación autonómica, en sanidad, educación, universidades… mientras que otros campos piden una mirada caso por caso: puertos y aeropuertos, que no están en todas partes sino muy localizados.
Los simples análisis de toda la inversión comparada con PIB no nos permiten evaluaciones correctas, como se intentó legislar en el Estatuto, ya que, al final, la demanda de más inversión por más PIB genera la petición contraria: quiero más inversión para alcanzar más PIB.
Nos queda, finalmente, un gran tema general de Estado: autovías y ferrocarriles, las redes lineales. Centrándonos, pues, en estas, actualmente, un centro de debate permanente (ahora con Rodalies, hace tiempo con los peajes), sería legítimo aspirar a un gasto equitativo del Estado en todas las CCAA. El problema es cómo medirlo.
En la financiación ordinaria, los servicios personales se miden por población. Ajustada o no, pero por población. En cambio, en redes lineales no podemos hacerlo idénticamente: entre Madrid y Soria, provincias extremas en densidad, no puede haber ni la misma inversión por habitante ni por km², sino una ponderación. Si en Andalucía, Catalunya y Madrid hay un orden similar de población, la dimensión del espacio es, respectivamente, de ocho, cuatro y una provincias. ¿Debemos medir por población o por superficie?
Hay, sin embargo, una fórmula que es ley geográfica a escala de todos los países avanzados: el Estado tiende a iguales dotaciones de cada red en cada una de sus regiones. Es decir, redistribuye equitativamente en función combinada (media geométrica) de población y superficie. Por esta ley, a igualdad de población y territorios de dimensión ocho, cuatro y una de superficie, las longitudes de red serían de 28, 20 y 10 unidades lineales (por ejemplo, km). Es una fórmula igualitaria en términos planimétricos y una ley de geografía regional. Una ley solidaria, porque aporta más longitud a los espacios menos densos y asegura inversión en los lugares de orografía más compleja. Pero es, sobre todo, una medida ordenada.
La aplicación de esta ley (véase el último número de la Revista Econòmica de Catalunya) permite una comparación, por ejemplo Madrid y Catalunya, en términos racionales y, sobre todo, en términos generales de Estado, no desde la especificidad catalana, sino desde la de todos. Del mismo modo que Catalunya ha sido siempre motor de renovación de la financiación ordinaria de las CCAA, tenemos base para impulsar un proyecto equitativo de redes lineales que supere la subjetividad de cada ministro y las irregularidades históricas.
Ahí ganaríamos mucho, haciéndolo en nombre del conjunto y liderando. Solo nos hace falta formularlo como estrategia, ahora que todo el mundo económico está conmovido por el estado de Cercanías, un hecho que pide un adecuado contexto de comparación. Con gobernanza centralizada, delegada o traspasada, lo que haría falta es asegurar una equidad de conjunto. Incluso Madrid podría optar por un modelo radial, pero no a costa de menor inversión en el resto. Valencia y Catalunya podrían priorizar el enlace respectivo o hacia el centro, o ambas, pero siempre desde una base equitativa.
Valencia y Catalunya podrían priorizar el enlace respectivo o hacia el centro, o ambas, pero siempre desde una base equitativa
En síntesis, se puede superar un debate frustrante, indocumentado y siempre perdedor en la disputa de redes viarias y ferroviarias, porque hay herramientas teóricas para formular una voluntad de equidad, lo cual constituye una base muy sólida en términos de Derecho y, en consecuencia, de política.
Unas cifras justificadas deberían asegurar una previsión de inversión anual para los próximos años, en valores absolutos y relativos a los presupuestos públicos, de inversión en redes, por parte del Estado y la Generalitat en vista a una dotación equilibrada y justa. Esta debería ser la base de una imprescindible planificación en la crisis actual de Rodalies y en función de la situación estratégica donde estamos: demografía, déficits acumulados, perspectiva de país.