En un estado autonómico, se supone que el reparto de la inversión debe tener una lógica territorial razonable, con un reparto basado en la transparencia, en una relación entre capital y regiones que se pueda defender en términos de un cierto equilibrio y equidad. Si bien la disputa de la financiación ordinaria es cruda y tiende a reclamar un igualitarismo: reparto en términos de población (ajustada), al margen de las aportaciones, en la inversión nos aparece un Estado arbitrario y, como veremos, con una discrecionalidad que supera el margen admisible de la política para entrar en un desorden injustificable.
Para empezar, los datos son poco frecuentes, pero hay algunos oficiales interesantes porque contienen un autor responsable y significativo. En este caso, la Intervención General de la Administración del Estado. Analizamos seguidamente los datos publicados entre 2009 y 2021 y hemos podido añadir 2022 y 2023, por vía indirecta, ya que en la web ministerial no están. Los datos se iniciaron por un compromiso político, y han dejado de publicarse sin ninguna explicación.
Los datos son extensos y los mostramos en una suma acumulada, aunque en la fuente están por años. Contienen, además, otros organismos autónomos y empresas públicas, que dejamos por ahora de lado. La elaboración propia ha sido sumar solo los datos, año por año, en un tratamiento elemental, pesado, pero al alcance de todos.
Tabla de la inversión regionalizada en las comunidades autónomas por parte de la Administración General del Estado (AGE), de 2009 a 2023, según el cierre presupuestario reconocido (no de los créditos previstos inicialmente en los presupuestos aprobados), expresado en valores por habitante del año 2023.
A grandes rasgos, ¿qué nos dicen los datos? En primer lugar, que hasta un 33% del conjunto de la inversión “no se puede regionalizar”, y es notable, con una media del conjunto de un tercio y una evolución siempre creciente. Este gasto es básicamente de inversión en defensa, que se inicia con el 10% del total (2009) y termina con el 43% (2023), con un peso en conjunto del 27% en los quince años analizados. Hay también un cierto peso no regionalizado e inexplicable en competencias de agricultura y ambientales, con el 2% del conjunto.
Por comunidades, y dejando las dos forales al margen —dado que se administran solas—, se ve muy descaradamente que las tres comunidades con menor inversión por habitante son estrictamente las de los catalanes, valencianos y baleares, sin ningún tipo de duda, acompañados solo por los canarios. Si la media española se sitúa en 2.170 euros per cápita, en las cuatro regiones mencionadas nos quedamos por debajo de los 700, y en los archipiélagos por debajo de los 350. Las primeras, pues, a un tercio de la media y las islas a una sexta parte. Pero es que, además, los navarros superan a los dos archipiélagos.
Si la media española se sitúa en 2.170 euros per cápita, en Catalunya, Valencia y las Islas Baleares y Canarias nos quedamos por debajo de los 700, y en los archipiélagos por debajo de los 350
Si 2.170 euros per cápita es la media del total de la inversión, la parte regionalizada asciende a 1.308 euros (que, a grandes rasgos, excluiría Defensa, Servicios Centrales y Extranjero), pero significativamente las comunidades a la cola son las mismas, de forma que los valores no regionalizados las afectan a ellas, ya que por encima de los 1.330 quedan un gran número de comunidades autónomas, las cuales no mutan si dejamos de lado este tercio de toda la inversión. O, dicho de otra manera, las de la cola son las que pagan esta aportación común.
Si esta es la cola, la cima de la máxima inversión es Aragón, seguida de Castilla y León, la cual supera los 3.000 euros. Por encima de la media se sitúan La Rioja, Galicia, Castilla-La Mancha y Murcia, con Cantabria tocando la media. Y sí, Madrid se sitúa por debajo de la media, rozando los 1.500 euros, pero por encima de los valores medios regionalizados.
El análisis de la inversión por habitante no sería académicamente lo suficientemente válido, ya que habría que tener en cuenta, al menos, un parámetro como el PIB, el cual favorecería el caso de Catalunya al manifestar mayor déficit. No lo hemos tenido en cuenta por simplicidad y por no entrar en un debate de compensaciones interterritoriales, pero las cifras aportadas son válidas como primer balance.
En conjunto, estamos hablando de 104.000 millones de euros en quince anualidades, que comienzan en 10.600 (2009) y terminan en 11.800 millones de euros (2023), con un punto crítico central de solo 3.900 millones de euros (2016). En todo ello, pesa una profunda crisis de inversión. Crisis de estado y crisis de las comunidades, como en Catalunya bien sabemos, ya que el batacazo de 2008 se llevó la capacidad de inversión de la Generalitat, multiplicó el endeudamiento, además de haber tenido que vender patrimonio a mansalva.
El mantenimiento del “estado del bienestar” se ha hecho al precio de empobrecer el presente y el futuro. Solo desde 2022 se han recuperado los valores de inversión del Estado de 2009 y la cuestión ahora sería cómo debemos repartir la inversión en el conjunto y qué parte de inversión autonómica podrá sostener una nueva financiación, después de quince años de atonía. Tendemos a hablar solo de financiación ordinaria para servicios personales, pero en la inversión tenemos un campo que no se puede dejar de lado.
La siguiente gráfica nos muestra la estabilidad del conjunto de las inversiones del estado en diversas comunidades autónomas. Hemos elegido las cinco más pobladas. Todas muestran la caída central desde un inicio más alto. Madrid y Andalucía siempre se sitúan en banda superior (a excepción de los últimos años de la segunda), Catalunya y Valencia en la cota inferior y casi siempre esta por debajo, con inversiones frecuentes inferiores a los 200 millones de euros / año del Estado en la comunidad, un valor insignificante. Galicia queda mejor posicionada. Son valores absolutos, al margen de la población respectiva.
Gráfica de las inversiones anuales del Estado en las cinco comunidades autónomas más pobladas, en euros corrientes, de 2009 a 2023.
La mayor parte de las inversiones corresponden al ministerio de Transportes (antes llamado de Fomento), pero vale la pena un apunte. El gasto regionalizado en la mayoría de las comunidades es siempre preponderante de este ministerio, el cual se lleva la parte del león. En los quince años referidos, en Catalunya representa el 89% del total, de forma que el resto de ministerios solo suman el 11%; en Valencia la proporción de Transportes es del 84%; en Castilla y León del 76%; en Andalucía del 74%; en Galicia del 56%, etc. pero en Madrid solo del 36%. Es decir, los diferentes ministerios tienen Madrid como ámbito propio de trabajo, pero no el resto del Estado y significativamente muy poco en Catalunya y Valencia. Es talmente como si el estado autonómico dijera: “La inversión es cosa vuestra” y solo interviene Transportes, para coser a España con “hilos de hierro”, como dijo la ministra Magdalena Álvarez.
Para más inri, solo en Madrid y a lo largo de los quince años hay una diferencia destacada entre lo que se presupuesta y los valores finales reconocidos (los que constan en la tabla). Madrid se lleva el 27% de todo el incremento (+6.770 millones de euros), casi triplicando su partida nominal inicial, mientras que algunas comunidades se llevan solo hasta el 8% del nuevo margen (Catalunya queda en el 7%, con 1.760 millones de euros). El trato de capitalidad hacia casa es bien patente.
Esta dinámica de Estado central obedece a razones profundas, porque no le hace falta una voluntad expresa, sino que le sale de natural y en continuidad
Excluida Defensa y algunos valores más no regionalizables, hemos visto que el valor medio por habitante en quince años ha sido de 1.308 euros. Hemos visto que Catalunya ha quedado en los 545 euros, que Madrid ha superado la media con 1.495 euros, pero que si le añadimos el ámbito central de las Castillas, subimos a 2.023 euros de media, a causa de las aportaciones de 2.537 euros de Castilla-La Mancha y de 3.099 euros de Castilla y León. Las dos forales recuperan hasta 231 euros de su aportación del cupo hecho al Estado central, es decir, el 42% de la inversión por habitante en Catalunya . Y que, de pobres-pobres, solo están las Canarias y las Baleares (umbral 300), seguidos de Valencia (690) y, curiosamente, con Andalucía por debajo de la media (con 992). Podemos entender perfectamente por qué se ha dejado de publicar los datos, por escandalosas. Esta dinámica de Estado central obedece a razones profundas, porque no le hace falta una voluntad expresa, sino que le sale de natural y en continuidad.
Los valores de la inversión del Estado, como hemos mencionado, no han sido de gran lucimiento, pero en Catalunya, y a grandes rasgos, un diferencial de 1.000 euros por ciudadano supondría unos 8.000 millones de euros en conjunto. Ahora, con las prisas de la falta de inversión en ferrocarriles, se acusa una tacañería que no era ni sostenible sin que un día se hundiera el panorama. Aquí estamos.
Un Estado autonómico debería ser equilibrado en la inversión territorial y nos preguntamos, pues, hasta qué punto el desorden vigente no es sino directamente delito, por maltrato y marginación sistemática
Volviendo al principio, un Estado autonómico debería ser equilibrado en la inversión territorial y nos preguntamos, pues, hasta qué punto el desorden vigente no es sino directamente delito, por maltrato y marginación sistemática. Nota: la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto valoraba que Catalunya podía reivindicar un tratamiento justo en la inversión, afirmaba desconocer las cifras y que no era posible reclamarlo al Estado a través del Estatuto, pero que había base legal para ejercer una demanda de equidad.
Por Ley de Transparencia se podrían reclamar los datos no publicados desde 2022 a la actualidad, pero dudamos de si la ciudadanía, las entidades, los partidos, o el propio gobierno de Catalunya lo harán, lo haremos. En todo caso, la reclamación de la equidad en la inversión pide un discurso muy bien articulado, del cual estamos faltos.
Este artículo es la primera parte de una doble entrega que se cerrará el martes 16 de junio.