El Dr. Mario Draghi, recientemente galardonado con el Premio Princesa de Asturias y expresidente del consejo de ministros de Italia y del Banco Central Europeo (BCE), ha sido el protagonista de una edición especial de Energy Prospectives, la serie de encuentros de alto nivel de Fundación Naturgy e Iese Business School sobre las condiciones económicas, regulatorias y tecnológicas que se vislumbran para el futuro del sector energético.
En el encuentro, que se enmarca en el primer aniversario de la presentación del Informe Draghi, se han analizado la consecución de los objetivos, si se han puesto las recomendaciones en marcha y en qué punto se encuentra la Unión Europea (UE) respecto al resto de potencias mundiales.
El Informe Draghi marcó una hoja de ruta ambiciosa para fortalecer la competitividad y la autonomía de Europa en materia de sostenibilidad y energía. Doce meses después de su publicación, el continente se encuentra en una posición aún más frágil que entonces, con solo un 11,2% de las 383 recomendaciones plenamente ejecutadas.
En este sentido, el ex primer ministro italiano ha afirmado que Europa se encuentra en una situación más complicada que hace un año, dada su dependencia de materias primas y de tecnología, además de señalar la importancia que está cobrando actualmente la situación geopolítica, la seguridad y la resiliencia de las cadenas de aprovisionamiento. Y, entre las prioridades inmediatas a partir de sus recomendaciones, Draghi avanzaba que las más urgentes son las reformas necesarias, una inversión mayor y enfrentarse a la regulación actual para poder fortalecerse internamente.
Desde la publicación del informe, el escenario internacional ha evolucionado de forma significativa. Estados Unidos, China e incluso Japón, están implementando una política industrial más rápida y efectiva que en Europa. Ante esto, Draghi ha mencionado que después de publicar el informe se hizo una crítica al proteccionismo de la política industrial, lo que ahora pierde fuerza, ya que cada vez más potencias lo adoptan. En este sentido, considera que tanto EE. UU. como China aplican políticas industriales, aunque con modelos distintos. Además, apuntaba la necesidad de revertir el peso de la inversión privada en I+D en Europa, y equipararlo al modelo estadounidense, donde la inversión pública es mínima y el peso está en el sector privado.
Al hablar del papel de las pymes a nivel europeo, que representan el 70% del empleo europeo total, y de cómo las administraciones pueden ayudarlas a que sean más competitivos, Draghi apuntaba que se trata de un tema crucial por la propia estructura industrial europea. Señalaba que a la hora de preparar el informe quedó claro que, aunque la financiación existía, el gran obstáculo para los pequeños y medianos empresarios europeos era la escalabilidad, lo que evidencia que Europa no está creando las condiciones adecuadas para escalar a las empresas locales.
Por otro lado, la energía sigue siendo uno de los grandes retos de Europa. Las empresas europeas se enfrentan a precios de gas y electricidad más elevados que, por ejemplo, Estados Unidos, lo que impacta directamente en la competitividad industrial europea. Para poder abordar esta situación, Draghi insta a una reforma urgente para que los costes energéticos en Europa sean competitivos. Para el expresidente del BCE, es prioritario que Europa profundice en la reforma del mercado energético, ya que el trilema y sus objetivos han cambiado de peso y ahora importa tanto el origen de la energía como su precio. En Europa, los permisos para infraestructuras tardan hasta nueve años en estar disponibles debido principalmente a una gobernanza muy fragmentada. El informe propone vincular precios a contratos a largo plazo y renegociar contratos por diferencia, agilizar permisos y hacer de la financiación pública común la regla para proyectos de interés europeo, reduciendo cuellos de botella y mejorando costes y seguridad, y apostar por la neutralidad tecnológica.
Finalmente, y como también menciona en su informe, ha destacado la urgencia de una mayor coordinación europea en la gestión de bienes públicos, como las infraestructuras de red. Con ello, destacaba la labor que está llevando a cabo el sector privado, que ya avanza y explora cómo lograr los objetivos. Sin embargo, ha puesto el foco en que el mayor esfuerzo debe venir del sector público, que debe simplificar las normativas y la legislación. Señalaba que urge un marco común y, para impulsarlo, el sector privado debe ayudar a cambiar la opinión pública, usando su altavoz para que se escuche y se reformen las normas.